El Gobierno de coalición firmó este miércoles una tregua en la batalla abierta en torno a cómo piensa gestionar la recta final de la reforma laboral, una de las materias económicas llamadas a marcar la legislatura. La metodología de trabajo está lista. Falta ahora que los socios consensuen el contenido. Tres son los focos de divergencia que separan al ala socialista del Ejecutivo con la de su socio de Unidas Podemos: cómo rebajar la temporalidad, qué fórmula usar para que prevalezca el convenio colectivo sobre el sectorial y los nuevos límites de la ultraactividad. Los socios gubernamentales convocaron ayer una primera mesa de negociación interna entre secretarios de Estado, ya si de distintos ministerios, para ir tanteando el terreno. Durante tres horas abordaron punto por punto medidas encaminadas a derogar o a modificar (se verá con el tiempo) la reforma laboral. Como era de esperar, hubo consenso, pero también discrepancias. La idea era preparar el terreno para el próximo martes, fecha en la que Pedro Sánchez convocará a las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, además de a otros ministros, para "fijar la posición del Gobierno" respecto a la reforma laboral, como han insistido los morados. Siempre "en los términos del acuerdo de Gobierno de coalición".
En esa cita se analizará uno de los asuntos que, de manera indirecta, ha sido el germen de esta primera crisis de calado de la era Sánchez-Díaz. España es desde hace años el país de la Unión Europea con mayor tasa de trabajadores eventuales –uno de cada cuatro es temporal- y por ello lleva Bruselas sacándole los colores al Gobierno de turno en sus evaluaciones del semestre europeo. Hace dos semanas el Ministerio de Trabajo trasladó a los agentes sociales un nuevo borrador con las principales materias del paquete comúnmente denominado 'reforma laboral'. Uno de los puntos era que las empresas no podían tener a más del 15% de su plantilla con contratos temporales.
La cifra no gustó al PSOE. Al menos, no sin añadir algo de letra pequeña para evitar perjudicar a sectores como el del turismo o la recogida de fruta, de un marcado carácter temporal. Así, en el ala socialista reivindicaron que el documento no estaba impulsado por el Gobierno, sino por Trabajo. Desde el Ministerio de Díaz defendieron que se limitaban a poner una cifra encima de la mesa para seguir avanzado en las negociaciones. Sea como fuere, la propuesta fue, entre otros, el detonante del correo electrónico que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, remitió el jueves por la tarde a los distintos ministerios arrogándose el liderazgo de la reforma laboral.
Los empresarios rechazan limitar al 15% de la plantilla los contratados eventuales que puede haber en una compañía, especialmente por la incidencia que ello puede tener entre pymes y autónomos. Los sindicatos tampoco son defensores de fijar una cifra concreta, tanto por las dificultades de aplicarla en centros de trabajo pequeños, como porque no ataca directamente contratos temporales fraudulentos que puedan sobrevivir en grandes empresas.
El acuerdo de coalición
No es el único punto en el que la coalición discrepa. Si bien reducir la temporalidad –sin concretar el cómo- figura en el texto del acuerdo de coalición, sí es bastante más explícito el compromiso de derogar "la prioridad aplicativa de los convenios de empresa"; es decir, que una empresa no pueda crear un convenio propio para rebajar las condiciones pactadas en el sector. También la de recuperar la ultraactividad de un convenio "hasta la negociación de uno nuevo"; es decir, que las últimas condiciones pactadas permanecerán vigentes hasta negociar unas nuevas.
El texto programático es claro en esos dos puntos. Trabajo los asume como suyos. Hace meses que en las mesas de negociación con los agentes sociales estas dos cuestiones no se tocan y desde las centrales ya se daban por prácticamente cerradas; según reconocen fuentes consultadas de las mismas. No obstante, la patronal rechaza públicamente la prevalencia del convenio sectorial -"Creemos en la libertad", defendió ayer el presidente de CEOE, Antonio Garamendi-, así como la ultraactividad indefinida. Aquí entra la vicepresidenta primera, con la voluntad de matizar esos planteamientos y lograr una reforma laboral pactada con los empresarios.
A efectos de blindar lo que Sánchez y Pablo Iglesias pactaron en diciembre de 2019, los morados han luchado para que en el redactado del pacto alcanzado este miércoles figure que el debate sobre los contenidos de la reforma laboral serán siempre "en los términos del acuerdo de Gobierno de coalición". "Lo importante no es el quién. Lo importante es el qué", sentenció Díaz tras conocerse el entendimiento que habían alcanzado. Aunque la portavoz del Ejecutivo, la socialista Isabel Rodríguez, insistió muy pocos minutos después en que "nunca hubo diferencias de fondo" entre los socios.
