La ofensiva del Gobierno no consigue evitar que la luz siga subiendo. El Ejecutivo aprobó a mediados de septiembre un plan de choque para contener la subida del recibo de la luz que incluía fuertes rebajas de impuestos y de la parte fija de la tarifa, que profundizaba otras medidas adoptadas en pleno verano. La escalada de los precios de la electricidad y su impacto en la factura son tales que han acabado por comerse el efecto de las medidas impulsadas.

El precio de la luz siguió desbocado el mes pasado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha desvelado este viernes que la factura eléctrica que pagan los hogares españoles se disparó otro 10% en octubre, el primer mes completo con las medidas del Gobierno vigentes. El organismo señala la electricidad como uno de los principales culpables de que la inflación escalara hasta el 5,4%, situando el índice de precios de consumo (IPC) en su nivel más alto en 29 años.

En la estadística de IPC correspondiente a septiembre -cuando las medidas del Gobierno ya estuvieron vigentes en la segunda mitad del mes- el precio de la electricidad ya se disparó un 10,9% y colocó la variación anual de la inflación en el 4%, muy por debajo de la tasa que el INE ha fijado para octubre.

Aun así, las medidas del Gobierno ha tenido un impacto evidente. Según subraya el INE, en el mes de octubre la tasa de variación anual del IPC a Impuestos Constantes (IPC-IC) se sitúa en el 6,1%, siete décimas por encima de la registrada por el IPC general. ¿Por qué está enorme diferencia? Precisamente debido a la bajada del impuesto especial sobre la electricidad y del IVA del recibo de luz aplicadas.

En el último mes lo que pagan los hogares por la luz ha crecido un 10%, pero la subida viene de lejos y ha sido persistente desde hace meses. Según los registros del INE, la electricidad se ha disparado un 62,8% en un año y un 53,8% desde enero.

Cambios en el cálculo de luz

El INE prepara una revolución en cómo mide la evolución de los precios de la luz y su impacto en el consumo de los hogares. Los cambios se aplicarán dentro de dos meses y llegarán casualmente en mitad de una espiral de subidas de los precios de la electricidad que están provocando que la inflación se dispare en España.

El organismo aplicará en enero de 2022 un cambio en la base cálculo del IPC, que entre otras modificaciones incluirá la de dejar de medir sólo la evolución de la tarifa regulada de la electricidad e incluir también las tarifas del mercado libre, que desde hace años concentran la mayoría del mercado y que hasta ahora no se han tenido en cuenta para calcular la inflación.

Desde el organismo se subraya que la renovación de la base de cálculo del IPC se realiza cada cinco años (actual está vigente desde 2016) y que incluyen muchas modificaciones sobre el modo de medición y sobre ponderaciones del peso cada producto en la cesta final. Y aunque el INE lleva años trabajando con las compañías eléctricas para ajustar la recepción de información a la nueva metodología, el hecho de que el cambio vaya a coincidir con una situación de precios desorbitadas previsiblemente tendrá repercusiones a corto plazo en el IPC.

Tradicionalmente, la inmensa mayoría de las tarifas del mercado libre -que las compañías fijan y pactan con sus clientes- son más caras que la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), así que su inclusión en el cálculo del IPC tendría generalmente un efecto al alza. Sin embargo, es previsible que a corto plazo tenga ahora el efecto contrario. Cuando se renueva la base de cálculo del IPC se actualizan también los datos del año anterior para hacerlos comparables.

El PVPC de momento refleja de manera directa en el componente energético de la tarifa la evolución del mercado mayorista de electricidad, que es el que lleva meses marcando máximos históricos. Así que una rebaja del peso de la tarifa regulada en el IPC puede suponer de manera coyuntural una rebaja. El Gobierno, no obstante, trabaja ahora en una reforma de la formación de precios del PVPC para amortiguar el efecto de la volatilidad del mercado y darle más estabilidad.

Hace una década, más del 90% de todos los clientes eléctricos se acogían a la tarifa regulada, por eso era la única medición que realizaba el INE para calcular la evolución de la inflación. Pero en los últimos años la fuga de clientes del PVPC se ha disparado y el trasvase a las tarifas del mercado libre -pese a ser más caras- ha sido masivo y ya copan casi el 61% del mercado del pequeño consumidor. Actualmente, las tarifas libres concentran 10,5 millones de clientes, frente a los 16,2 millones de pequeños consumidores del mercado libre (más otros 1,8 millones de grandes consumidores sin derecho a PVPC).

La promesa del Gobierno

La continua subida de luz, incluso después de las medidas adoptadas, complica cada vez más que el Gobierno cumpla la promesa -que el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Teresa Ribera reconfirman en las últimas semanas e insisten en mantener- de que el coste medio de la factura eléctrica será en el conjunto de 2021 similar al de 2018, descontando el efecto de la inflación.

“Estamos convencidos de que se va a conseguir. El cálculo respecto al promedio de las facturas de los hogares españoles es correcto”, confirmaba la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista con 'El Periódico de España'. “Para un número muy importante de hogares la factura en estos meses es incluso más baja de la que venían pagando con anterioridad y para algunas otras familias la factura será muy similar a la que venían pagando”, insistía.

Fue el pasado 16 de septiembre cuando entró en vigor el real decreto-ley del Gobierno con las medidas para amortiguar el impacto en el recibo de luz de las subidas de los mercados de electricidad y de gas con rebajas de impuestos y reducción de costes cargados al recibo, y que reforzaba las primeras medidas adoptadas en junio.

La norma consolidaba la rebaja del IVA de la factura eléctrica del 21% al 10% aplicada desde junio, prorrogaba la suspensión del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica hasta final de año y reducía al mínimo permitido por Bruselas el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,1% al 0,5%. Además, se rebajaban un 96% los cargos regulados incluidos en la factura (que sirven para financiar las primas a las renovables, los sobrecostes de los territorios extrapeninsulares y el pago de la deuda del sistema eléctrico).