El Gobierno ha aprobado en su Consejo de Ministros de este martes el nuevo plan estratégico de la Inspección de Trabajo para el periodo 2021-2023. Dicho plan contempla un incremento de recursos tanto para nuevos inspectores laborales, como para reforzar los recursos y herramientas técnicas. Esto permitirá, entre otros, una mayor frecuencia y eficiencia en el uso de inteligencia artificial y programas electrónicos para imponer sanciones de manera automática, a través del cruce de datos. Ya en enero de este año el Ministerio de Trabajo impulso una reforma que permitía imponer sanciones por esta vía y sin necesidad de que un inspector valide el acta. Una especie de 'inspector robotizado', similar al proceso automático que rige para imponer una multa de tráfico. Ahora, con este nuevo plan estratégico, el departamento liderado por Yolanda Díaz pretende ampliar recursos e intensificar la acción inspectora en esta línea, con el objetivo de atajar, entre otros, el fraude en la temporalidad.

"No basta con que tengamos buenas normas, sino que las normas tienen que cumplirse", ha afirmado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; este martes tras el Consejo de Ministros. El nuevo plan estratégico pretende adaptar las herramientas de la Inspección a las nuevas realidades del trabajo -desde el trabajo en remoto, hasta las plataformas digitales, pasando por los contratos por horas-. Una de estas herramientas es la automatización de procesos, es decir, los programas de la Inspección cruzarán datos e impondrán sanciones cuando detecten varios supuestos que encajen con tipologías de fraude. Un ejemplo clásico es el abuso de temporalidad, con altas y bajas frecuentes y localizadas en determinados momentos del mes o cuando el contrato supera una determinada duración y debería pasar a indefinido, entre otros. "No reparamos, sino que nos anticipamos", ha afirmado Díaz.

El Ministerio de Trabajo ha introducido ya durante esta legislatura varias modificaciones en relación a la Inspección. A esa automatización de determinadas sanciones -no todas y sobre las mismas cabe la posibilidad de imponer recurso ante los tribunales-, se suma el aumento del importe de las sanciones. Concretamente en mayo el Congreso dio luz verde al incremento del 20% en el importe de todos los requerimientos de la policía laboral. Díaz también ha intensificado las campañas específicas de la Inspección, multiplicado la actividad inspectora en el 355%, según datos ofrecidos este martes por la vicepresidenta segunda. En lo que va de año, la Inspección ha regularizado a 50.191 trabajadores que no estaban dados de alta correctamente en la Seguridad Social (o bien estaban a tiempo parcial y deberían estar a completo, o bien falsos autónomos; entre otros) y ha transformado 280.565 contratos temporales irregulares en indefinidos.

El nuevo plan estratégico también contempla la creación de dos nuevas unidades de actuación específica. Una es la 'Oficina Estatal contra la Discriminación', que perseguirá de manera concreta cualquier tipo de discriminación que pueda sufrir un trabajador por motivo de raza, género, etnia, edad u orientación sexual; entre otros. La otra es una unidad especial centrada en la 'Lucha Contra el Fraude en el Trabajo Transnacional', cuya función será detectar empresas buzón radicadas en España y que operan en otros países de la Unión Europea y viceversa.