Las asociaciones empresariales que agrupan a todo el sector del gas (los grupos de redes de transporte y de distribución y también las comercializadoras) y a los grandes consumidores industriales de gas hacen frente común para presionar al Gobierno y conseguir una rebaja de los impuestos que se incluyen en la factura del gas.

Gasistas y gigantes industriales se están movilizando en bloque frente al Ministerio de Hacienda y al Ministerio para la Transición Ecológica para lograr un alivio fiscal urgente a las puertas de un invierno que se avecina muy duro y en plena nueva escalada de precios de los mercados internacionales del gas natural.

La cotización del gas ha vuelto a escalar por encima de los 100 euros por megavatio hora (MWh) después de que la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream II, que llevará gas de Rusia a Alemania, haya sufrido un nuevo tropiezo. El regulador energético germano ha paralizado el proceso de certificación del gasoducto y vuelve a tensionar los mercados internacionales por el temor a un problema de suministro insuficiente para Alemania y otros países europeos en pleno invierno.

“Es injusto que las rebajas de impuestos que se están aplicando desde el verano al consumidor de electricidad no beneficien también al consumidor de gas. Simplemente es discriminatorio”, sostienen desde la patronal Sedigás, que agrupa a las grandes compañías de toda la cadena de valor del sector del gas (transporte, distribución, comercialización y proveedores especializados de productos y servicios al sector).

Tanto Sedigás como GasIndustrial -la asociación que une a los grandes consumidores como Seat, Fertiberia, Roca, Pamesa o Ence- reclaman al unísono que los recortes de impuestos aplicados a la factura eléctrica se repliquen en el sector del gas. En este sentido, las empresas del sector gasista piden una rebaja del IVA que se aplica al consumo de gas del 21% actual hasta el 10% (como ya sucede con la luz y con el agua) y también una reducción del gravamen del Impuesto Especial de Hidrocarburos hasta el mínimo que permite la Unión Europea.

Actualmente en el Impuesto de Hidrocarburos se aplica un tipo al cliente doméstico y a la mayoría de los industriales de 0,65 euros por cada gigajulio (equivalente a 2,34 euros por cada megavatio hora equivalente). La normativa europea establece un mínimo para todos los estados miembros de 0,30 euros por gigajulio (1,08 euros por megavatio hora). “Es potestad del Gobierno reducirlo sin tener que acudir a Bruselas para obtener su visto bueno. Y la propia la Comisión Europea animó el mes pasado a los estados miembro a tomar medidas de tipo fiscal para paliar los efectos de esta coyuntura sobre los consumidores más vulnerables”, advierte Sedigás.

Discriminación

El Gobierno sí que ha adoptado medidas directas por la vía de los impuestos para amortiguar el impacto en el recibo de todos los clientes de luz del encarecimiento de la electricidad en los mercados internacionales, consecuencia fundamentalmente del alza de precios precisamente del gas natural.

Los Ministerios para la Transición Ecológica y de Hacienda han actuado de manera coordinada para aplicar de manera temporal una rebaja del IVA de la factura eléctrica del 21% al 10% desde junio, suspender el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica hasta final de año y reducir mínimo permitido por Bruselas el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,1% al 0,5%.

“Sedigás considera que lo más apropiado es que el gas, que también se ha visto afectado por esta coyuntura extraordinaria de precios, se beneficiase de la misma rebaja fiscal”, apuntan desde la patronal. “Pero en el caso del gas, el Gobierno mira hacia otro lado, sólo nos dice que se va a estudiar. Y seguimos sin ninguna medida fiscal”.

Naturgy, la principal compañía del sector gasista y una de las principales voces de la propia Sedigás, se ha sumado explícitamente a las exigencias de una rebaja de impuestos. “La compañía espera un tratamiento fiscal no discriminatorio respecto al eléctrico para todos sus clientes”, indicó el grupo presidido por Francisco Reynés en su última presentación de resultados trimestrales.

Una igualdad de trato, según subrayaba Naturgy, para “poder mantener el equilibrio territorial y evitar discriminaciones en comunidades autónomas de zonas más frías con mayor consumo energético”. ¿Por qué se considera que la discriminación puede ser también territorial? Porque en la calefacción en el hogar sigue siendo mayoritario el uso de gas natural, y su utilización es claramente más intensa en las regiones con inviernos más severos.

Subida en diferido

Lo que sí ha hecho el Gobierno ha sido poner topes a las subidas que se pueden aplicar a las tarifas del gas reguladas (conocida como tarifa de último recurso, TUR). Una medida sólo para los clientes de la tarifa regulada, no para los del mercado libre. El precio de la tarifa, que se revisa cada trimestre, no podrá superior al 5%, a pesar de que el fortísimo encarecimiento del gas en los mercados mayoristas implicarían alzas muy superiores (en el último trimestre de este año la subida aplicada es del 4,6%, pero tendría que haber sido del 29%).

Se trata de una medida temporal y además que no evita las subidas de la tarifa, sólo las posterga. Y es que a partir del próximo abril, el Gobierno debería empezar a repercutir de manera diferida las subidas no aplicadas ahora de manera progresiva. Una subida con retraso, en diferido. Desde Sedigás, además, se quejan de que no aún se ha determinado cómo se aplicará el mecanismo para recuperar las subidas no aplicadas a millones de clientes.

Más medidas

GasIndustrial, además de reclamar las rebajas fiscales, también ha solicitado directamente al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) otras medidas para aliviar los costes energéticas ligados al gas que soportan las grandes industrias.

Por un lado, reclama utilizar el superávit registrado por el sistema gasista el año pasado y el que previsiblemente obtendrá éste a financiar una rebaja de los peajes que se carga en la factura. Por otro, pide dar opción a los clientes industriales a reducir sin coste alguno el caudal de gas contratado cuando reduzcan o paren su actividad, como ya se hizo en los peores momentos de la pandemia. “El Gobierno tiene que facilitar algo de pulmón financiero a la industria consumidora de gas”, sostiene Verónica Rivière, presidenta de GasIndustrial. “Nos tiene que ayudar a pasar este invierno con medidas concretas. Este invierno se nos va a hacer muy largo”, augura.