La Inspección de Trabajo está en pie de guerra por la progresiva pérdida de efectivos que acumula el cuerpo durante la última década. Hasta el punto de que una alianza de organizaciones sindicales ha anunciado este martes que irá a la huelga si sus demandas no son atendidas por el Gobierno. Sería el primer paro en todo el Estado y de todo el colectivo, desde los inspectores, hasta los subinspectores, pasando por lo administrativos, en la historia del cuerpo. "Vemos que la voluntad de este Gobierno es la de ir concretando reformas que representarán un aumento carga de trabajo ineludible para la Inspección", ha declarado el representante de CCOO Josetxu Gandara. "Si no se refuerzan las plantillas, de nada va a servir la reforma laboral", ha advertido la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), Ana Ercoreca. La convocatoria es transversal y cuenta con la firma de organizaciones corporativas como UPIT, sindicatos transversales como UGT o CSIF y centrales regionales como CIG.
La Administración ha vivido, en su conjunto, una progresiva pérdida de personal durante la última década, fruto de la parálisis de las ofertas públicas de empleo debido a los recortes y la austeridad. Y la Inspección no ha sido ajena a esa merma de efectivos. Según los datos de la memoria de Inspección del 2019 -los últimos disponibles-, en España hay 2.020 agentes, entre inspectores y subinspectores. Cifra que los sindicatos elevan a unos 3.000 efectivos si se suma al personal administrativo que realiza tareas de apoyo. Y hace una década el cuerpo de la 'policía laboral' contaba con 3.400 efectivos y "con cargas de trabajo bastante más ligeras", según han denunciado las centrales.
Menos agentes y más trabajo, como muestra la intensa actividad que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha querido imprimir en su mandato. La actividad inspectora se ha multiplicado en el último año el 355%, según datos ofrecidos por la propia vicepresidenta durante la reciente presentación del plan estratégico de la Inspección de Trabajo para el periodo 2021-2023. La temporalidad, elemento protagonista en las negociaciones de la actual reforma laboral, es uno de los campos en los que los inspectores se han prodigado. En lo que va de año, la Inspección ha regularizado a 50.191 trabajadores que no estaban dados de alta correctamente en la Seguridad Social (o bien estaban a tiempo parcial y deberían estar a completo, o bien falsos autónomos; entre otros) y ha transformado 280.565 contratos temporales irregulares en indefinidos.
A esa ofensiva sobre la temporalidad se suman las nuevas normativas en relación a la igualdad de género en las empresas, la lucha contra el fraude en los ertes covid o el recién presentado plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo; entre otros. "De nada sirven los planes si no se refuerza la inspección", ha insistido Ercoreca. "Si se cumplen los objetivos es por la implicación de la plantilla, pero todo tiene su fin", ha afirmado Gandara.
Más plazas y mejores condiciones
Las centrales exigen que se convoquen más plazas y que se mejoren las condiciones laborales que se ofertan en las mismas. Pues advierten que una de cada cuatro plazas sacadas a oposición se quedan desiertas por la desproporción entre lo complicado del proceso y el sueldo luego ofrecido.
