"Poder abordar el principal problema del trabajo en España, que es la temporalidad, poder cambiarlo después de 40 años, es un reto apasionante para todos". Así resumía este viernes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el núcleo principal de la reforma laboral que los agentes sociales y el Gobierno debaten desde hace nueve meses, negociación que ha adquirido velocidad de crucero en la última semana, con reuniones largas todos los días. Y después de estos cinco días de encuentros intensos, la temporalidad sigue consumiendo buena parte de las horas del debate, según fuentes de la negociación, aunque la conversación se ha desplazado del fondo de la cuestión -que está en buena medida resuelto, según estas fuentes- a las medidas de acompañamiento que han de garantizar que la precariedad quede bajo control: sanciones, inspecciones y el papel que han de jugar las empresas de trabajo temporal (ETT), tal y como publica El Periódico de España.

Lo que ya no está en discusión, según fuentes de la negociación, es la estructura básica de la nueva temporalidad: se suprimirá el contrato de obra, se acotarán las causas de la contratación eventual por motivos productivos y se abrirá la puerta a una contratación ocasional que no pueda pasar de los 90 días al año no consecutivos. Es lo que recoge el artículo 15 de Estatuto de los Trabajadores, sobre el que se ha estado trabajando mucho en las últimas semanas. Pero los sindicatos exigen a cambio de estas vías legales para la temporalidad un castigo mucho más firme de la temporalidad en fraude: más multas por incurrir en irregularidades, un recargo en las cotizaciones de las empresas que hagan muchos contratos ultracortos, un papel mayor de la Inspección de Trabajo (los sindicatos han exigido que se dupliquen sus efectivos en cuatro años) y la nulidad de la extinción de los contratos temporales que se hayan saltado alguno de los requisitos legales. Este último aspecto, que supone la readmisión del empleado y que quede protegido de posibles despidos durante un tiempo, ha generado fuerte resistencia por parte de la patronal.

Fijos-discontinuos y ETT

Toda esta constelación de penalizaciones no forma parte del artículo 15, así que su discusión no ha sido simultánea a la de las nuevas condiciones de la temporalidad, y eso está pesando sobre la negociación, que no termina de cerrar este debate. Además, hay un vértice más en el triángulo temporalidad-sanciones que mantiene esta materia abierta, y que cada vez adquiere más relieve: el de la contratación de fijos-discontinuos, que está llamada a sustituir en buena medida a los actuales contratos eventuales, y -sobre todo- su canalización a través de ETT.

La idea es que estas empresas puedan participar en la gestión de estos contratos, pensados para actividades cíclicas pero estables, si contribuyen a dar más continuidad a la vida laboral de estos empleados. Así, por ejemplo, podrían apuntalar la carrera de un camarero fijo-discontinuo que ahora sólo trabaja en verano ayudándole a conseguir empleo en otras épocas del año. El debate, dicen fuentes de la negociación, está ganando cada vez más entidad y se prevé que concentre buena parte de la atención en los próximos días, porque el alcance de la participación de las ETT en la colocación de trabajadores estables es todavía controvertida.

Aunque la temporalidad y todas las cuestiones adyacentes siguen protagonizando los trabajos de los negociadores, otras materias siguen también abiertas. En las últimas jornadas se ha acentuado la polémica por la posibilidad de que los convenios autonómicos ganen fuerza, porque la patronal asegura que eso "amenaza la unidad de mercado", y continúa pendiente un análisis pormenorizado del nuevo mecanismo de erte planteado por el Gobierno hace tres semanas.

Sigilo negociador

Lo que también se ha notado en las últimas jornadas es el aumento de la discreción en torno a los trabajos de los técnicos que debaten cada día, algo habitual en este tipo de negociaciones cuando entran en su fase decisiva. La razón que dan desde todas las partes es que una mala interpretación de lo que sucede en la mesa de diálogo puede desencadenar una nueva fractura en el seno del Gobierno de coalición, o propiciar una reacción airada en el interior de alguno de los agentes sociales (en la patronal son especialmente proclives a las divisiones sectoriales sobre materias que están todavía sin cerrar). Este sigilo es una señal de que se apuesta por un acuerdo, que en todo caso no parece posible -según estas fuentes- hasta los últimos días de plazo, porque "aunque la negociación está avanzada, lo que queda no puede resolverse rápido", explican.

En público, los principales responsables de Gobierno y agentes sociales mantienen la confianza en un pacto: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba este viernes ser "moderadamente optimista", aunque ha añadido inmediatamente que "conociendo a los agentes sociales, es probable que agoten los tiempos". El límite, para el Ejecutivo, es el 31 de diciembre, para cumplir su compromiso con la Comisión Europea, aunque en los últimos días Bruselas ha hecho saber que será flexible con los plazos. En este sentido, el líder de los empresarios, Antonio Garamendi, ha dicho en varias entrevistas en las últimas horas que "si queda algún fleco, sería un auténtico error terminar la negociación antes de tiempo", y el Secretario General de CCOO, Unai Sordo aseguraba por su parte que "la semana que viene deberíamos cerrar la negociación y un posible acuerdo; pero una negociación de esta importancia no debería caerse por cuatro días arriba o abajo".