El Gobierno tiene sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Ya sí. Ya es ley. El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente las cuentas del próximo año este martes. Justo una semana después de lo que anhelaba el Ejecutivo. Confiaba en que el texto saliera del Senado al BOE, pero una maniobra inesperada en la Cámara alta del PP, que apoyó una enmienda de Compromís de promoción de las lenguas cooficiales, devolvió el proyecto a la carrera de San Jerónimo. Los conservadores retrasaron la foto de celebración del bipartito una semana, pero poco más, porque los Presupuestos ya no peligraban una vez que se cerraron las alianzas con sus socios. El final era, pues, el que se produjo este martes: el visto bueno a los PGE sin más sobresaltos, los que dan a Pedro Sánchez el pasaporte para agotar la legislatura.
Muchos disparos se escucharon en la tribuna contra el PP. A derecha e izquierda. El espíritu era de reprobación a los conservadores por respaldar una enmienda de apoyo a las lenguas regionales y minoritarias solo por "fastidiar" al PSOE —se lo dijo Ciudadanos—, por hacer "el trol" (ERC), porque se sentía "gamberro" (Compromís). Pero también el hemiciclo vivió un anticipo de la siguiente negociación, la de la reforma laboral, que no se presenta fácil, por ahora, para el Gobierno, a juzgar por la posición que reiteraron los socios parlamentarios, dentro y fuera del salón de plenos. Republicanos y Bildu insistieron en que no les gusta el texto que aprobó este martes el Consejo de Ministros, porque entienden que sale escorado hacia los intereses de la patronal, y no de los trabajadores. El Ejecutivo mantiene, sin embargo, que ha logrado un buen equilibrio y que el acuerdo, en la medida de lo posible, ha de preservarse. Sabe que si introduce cambios sustanciales en el decreto ley los empresarios pueden romper el pacto.
Ese mensaje de sostén a lo acordado en la mesa del diálogo social fue, precisamente, lo que invocó el presidente como remate del pleno extraordinario en el Congreso de este martes. Sánchez agradeció a empresarios y sindicatos los acuerdos alcanzados en estos casi dos años de legislatura, que han permitido "salvar empleos y proteger la actividad" de autónomos y compañías. En particular, el pacto que permitió la indexación de las pensiones al IPC, que garantiza "jubilaciones dignas", y el de "modernización de las relaciones laborales", cerrado la semana pasada con ellos. Con ambos consensos, "de enorme trascendencia social y económica", España pone "fin a la contrarreforma impuesta" de 2012 y 2013, impulsada por el PP. En concreto, la reforma laboral "combina la flexibilidad que necesitan las empresas y la seguridad que merecen los trabajadores", con el objetivo de "frenar la precariedad y reducir el paro estructural".
El acuerdo social, aseguró, "es la mejor receta para hacer reformas estructurales inclusivas y perdurables en el tiempo". El jefe del Ejecutivo defendió así el valor del entendimiento para que el país avance: "España está creciendo, pero necesita crecer aún más y para eso necesita acuerdos. Todos los acuerdos posibles, todo lo amplios que sea posible". "Ojalá estos dos grandes acuerdos, presupuestario y laboral, sean solo el prólogo de muchos más", deseó. Las cuentas del Estado, las segundas que saca adelante Sánchez en esta legislatura, las segundas aprobadas "en tiempo y forma", han sido respaldadas por 11 formaciones en el Congreso (188 votos) más otras cuatro en el Senado (Geroa Bai, Agrupación Socialista Gomera, Més per Mallorca y Partido Aragonés). Quince en total.
"Pinta regular", dice ERC
El Gobierno arranca, pues, la negociación del cambio en el modelo de trabajo con la voluntad de introducir las menores modificaciones posibles para preservar ese complicado consenso firmado con patronal y sindicatos. Desde la Moncloa, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, que se solapó con el pleno, la vicepresidenta segunda dejaba clara la intención del Ejecutivo. "Han de entender que esta norma ha costado muchísimo, está muy pensada, muy discutida, y la vocación es que permanezca como está", aseguró Yolanda Díaz. La titular de Trabajo definió el pacto como un "acuerdo de país", y como tal espera que sea entendido por los socios, a quienes dará, no obstante, el "diálogo, la atención y el cariño" que precisen.
Precisamente de la falta de diálogo se quejaba, ante los periodistas y después en el hemiciclo, el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián. El Gobierno, dijo, ha dedicado "muchas horas a interpelar y negociar con la patronal, y cero horas a negociar con ERC". "Y es un mal negocio siempre. A ver si entre día histórico y día histórico les da para hablar con ERC, que igual tenemos algo que ver", ironizó el diputado. Vamos, que "pinta regular", según manifestó a la prensa a su llegada al pleno. Los independentistas catalanes no son partidarios de un voto a favor de la reforma, aunque aspiran a negociarla en el Congreso, para lo que consideran necesario que se tramite como proyecto de ley, para así poder introducir enmiendas.
También quiere que tramite como proyecto Bildu. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, insistió este martes en que si la redacción no cambia no darán su apoyo a la iniciativa. "No es una derogación de la reforma laboral [del PP], ni siquiera parcial. Tienen que cambiar muchas cosas para que realmente sirva en defensa de los trabajadores, que es lo que este país necesita", sostuvo la parlamentaria vasca.
"Dialoguemos para cumplir la palabra dada. La patronal nunca ha defendido a los trabajadores. Piensen para quién quieren gobernar", dijo Aizpurua a socialistas y morados, instándoles a cerrar el texto con las fuerzas progresistas, "le parezca bien o mal" a los empresarios. El Ejecutivo "aún puede rectificar" su reforma, abundó en el hemiciclo el portavoz del BNG, Néstor Rego. Aitor Esteban, su homólogo del PNV, socio prioritario del Gobierno, significativamente no habló en el pleno del decreto ley aprobado este martes, aunque su partido defiende que el único "escollo", aunque "grande", que le impide apoyar un acuerdo que "valora" y "respeta" es su demanda de que el texto refleje la prelación de los convenios autonómicos, por el particular modelo de relaciones laborales existente en Euskadi.
No obstante, la sesión plenaria de este 28 de diciembre pivotó también, lógicamente, en torno a la enmienda aprobada en el Senado a instancias de Compromís, que dedica 1,6 millones de euros para la promoción de las lenguas amparadas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Sin el respaldo del PP, los Presupuestos no habrían vuelto al Congreso. La Cámara validó este martes por amplísima mayoría esa modificación: 281 síes (incluido el de los conservadores), 62 noes (de Vox, Cs y UPN) y una abstención (de Coalición Canaria), pero el partido de Pablo Casado cosechó innumerables reproches por su estrategia.
"España no es un juguetito"
"Vaya papelón, señores del PP. Ustedes no hacen política, hacen el trol", resumió Rufián en la tribuna, quien cargó contra la incongruencia de los conservadores, que defienden una enmienda de promoción de las lenguas minoritarias mientras al tiempo cargan contra "la diversidad cultural y lingüística" del país. El PP buscaba "meterle un gol al Gobierno", dijo Aizpurua, aun a costa de apoyar unas lenguas a las que luego somete a un "ataque constante". Los portavoces de ERC y Bildu cargaron contra la bancada derecha por un pleno "innecesario" e "irresponsable" en plena ola de contagios de covid, cuando se podía haber resuelto la semana pasada, modificando el orden del día, pero populares y Vox se opusieron.
El PP recibió estopa también de las formaciones más próximas. Especialmente de Ciudadanos, que se duele mucho del anticipo electoral en Castilla y León, que probablemente le barrerá de las Cortes autonómicas. "Son esclavos de la maniobra, de la puñalada", le lanzó Guillermo Díaz. "Con tal de fastidiar al PSOE votan lo que sea, incluso dar más medios a los nacionalistas. Es una estrategia", la de los dos grandes partidos, siguió, que "huele a moho".
"España no es un juguetito para que ustedes se diviertan", remachó un durísimo parlamentario naranja, dando prueba de la tensión entre las derechas que precede a la convocatoria del 13 de febrero. Para Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, es grave que el PP se una a formaciones como ERC, PNV o Bildu ("lo mejor de cada casa") para financiar "chiringuitos lingüísticos". Esteban, del PNV, se preguntó con sorna desde su escaño si los populares no iban a cambiar de voto ahora en el Congreso porque una vez "estropeada la foto" de la semana pasada al Gobierno en el Senado, podían ser "capaces" de mudar al no. "La semana pasada el PP se sentía gamberro", dijo Joan Baldoví, de Compromís, y optó por un gesto "garrulo, mostrenco, zafio, de niño malcriado, al que le quitaron el balón del poder y está de rabieta permanente, y está instalado en el no permanente estéril, inútil". "¡Qué pequeño se ha hecho el PP de Casado!", lamentó.
La catarata de críticas fue coronada por los socios del Ejecutivo. La diputada socialista Montse Mínguez acusó a los conservadores de buscar "cualquier escollo para entorpecer absolutamente todo", prueba de su "desesperación". Y la morada Sofía Castañón definió la maniobra como un "gol en propia puerta". El PP ya alegó la semana pasada que siempre había apoyado la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Este martes, por boca de su parlamentario Mario Garcés, intentó situarse en el punto intermedio, lejos del "reduccionismo" de Vox y Cs y lejos también de la "imposición lingüística" de los nacionalistas. Los populares se colocan, defendió, en el "cumplimiento estricto de la Constitución" en lo relativo a las lenguas reconocidas.
Sánchez, arropado por la mayoría de sus ministros en el pleno y por su bancada puesta en pie (bajas por el covid mediante en un hemiciclo semivacío), pudo tener la foto que ambicionaba una semana atrás. El Congreso ahora arranca sus vacaciones pero piensa ya en las siguientes pantallas, las de comienzos de 2022. La reforma laboral, por descontado, pero también la contienda electoral que comienza en febrero en Castilla y León y continuará en Andalucía, aunque aún sin fecha.
