La legislatura atraviesa un momento clave y los aliados parlamentarios del Gobierno van a jugar sus cartas. Esto supone que la contemporización y flexibilidad que han caracterizado algunas negociaciones previas no resultarán ya tan acusadas. El tiempo dirá si se producen sorpresas en el Congreso, como la derogación de aquel decreto sobre la financiación de los ayuntamientos, pero lo que está claro es que a partir de ahora será más probable que las haya, y no precisamente agradables para el Ejecutivo. De esto no duda ninguna fuente parlamentaria consultada por El Periódico de España.

¿Y por qué? Pues por la propia coyuntura, segunda mitad de legislatura, y por las leyes que hay que aprobar, que van a ser de calado. Destaca la reforma laboral, que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos abordará con sus socios parlamentarios en cuanto acaben las vacaciones navideñas. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros no gusta a ninguno.

Indican las fuentes del Congreso que el malestar entre los aliados es notorio. A pesar de que el equipo de la ministra Yolanda Díaz ha hablado con los portavoces de los grupos durante las fechas anteriores a la validación del decreto, la impresión de que se les ha minusvalorado se ha convertido en una incómoda certeza. Como consecuencia, desplegarán toda su fuerza parlamentaria para lograr que sus demandas se incluyan en el texto.

Así, los grupos más indignados, ERC, EH Bildu, BNG, Más País y Compromís, están efectuando una serie de contactos entre ellos para sondear la construcción de un frente común y presionar al Gobierno, señalan a este medio dos fuentes conocedoras de las conversaciones.

Presentar las mismas enmiendas

El objetivo no ha cuajado todavía, y puede que no suceda, porque las conversaciones han sido hasta ahora tentativas y sugerencias. Sin embargo, hay coincidencia en que la fuerza de la suma de sus diputados, 22 en total (claves en la actual aritmética), debe ejercerse en las conversaciones que vengan sobre la reforma laboral. Queda por concretar cómo hacerlo: enmiendas conjuntas es una opción; enmiendas por separado, aunque con la misma redacción, es otra. "Creo sinceramente que debemos avanzar hacia un frente común", puntualiza una de las citadas fuentes.

Seguirán hablando estos días, y con más intensidad cuando se reanuda la actividad política después del parón por Año Nuevo y Reyes. Las fuentes destacan, además, que por esas fechas se irán agendando las reuniones que Díaz tiene previsto celebrar con los portavoces de los grupos del llamado "bloque de la izquierda". A la ministra le transmitirán una rotunda disconformidad con lo que aparece en el decreto.

Habrá dos fases meramente temporales en esas negociaciones que se avecinan entre Trabajo y grupos parlamentarios aliados. Una primera se ciñe a la convalidación o derogación del decreto. El trámite lo tiene que dar el pleno del Congreso, que se convocará de modo extraordinario porque enero es mes inhábil, es decir, sin actividad rutinaria. Dicho pleno tendrá lugar previsiblemente durante la última semana.

Por lo que indican las fuentes, la derogación es una posibilidad descartada casi al cien por cien, de modo que se activaría la segunda fase. El decreto se tramitará a partir de entonces como proyecto de ley y los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas, negociarlas en ponencia, seguir negociándolas en comisión e incluso mantenerlas vivas durante el pleno que ratifique la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez.

En este ciclo de la negociación es donde los aliados pretenden volcar toda la presión de la que sean capaces. Parece que será un trámite arduo porque el miércoles el presidente reiteró que es de "sentido común" respaldar el acuerdo laboral logrado con patronal y sindicatos, lo que se ha interpretado entre los socios del Congreso, apuntan las fuentes, como una predisposición a un diálogo muy limitado.

Encarecer el despido

Pero los aliados no desean nada parecido. Quieren un diálogo más pausado y de envergadura. Lo tendrán con Díaz cuando convoque a los portavoces, recalcan las fuentes, y lo tendrán con cuantos interlocutores pongan el PSOE y Unidas Podemos.

Además de coincidir en la apuesta por desarrollar una presión negociadora conjunta, los grupos aliados, entre los que no estará el PNV, creen las fuentes, han puesto sobre la mesa unas peticiones muy similares. Mejorar los salarios de tramitación (lo que cobra el trabajador entre que se le anuncia el despido y la instancia judicial lo confirma o lo rechaza) es una de ellas, pero en donde harán hincapié será en el despido. Todos los grupos que tantean el frente común, desde BNG a Compromís, exigen volver a la indemnización de 45 días por año trabajado, la que había antes de la reforma laboral del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Otras cuestiones en las que más o menos las posiciones son las mismas incumben a la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa en todos los ámbitos (no sólo en los que recoge el decreto) y una ambición más acentuada en la posibilidad que tendrían las empresas para, unilateralmente, en situación de crisis sobrevenidas, modificar las condiciones de trabajo. La superposición de los convenios autonómicos sobre los estatales constituyen otra de las demandas esenciales. Antes de que cristalizara el pacto en la mesa de diálogo social, la opción la planteó el Gobierno, pero la patronal la rechazó en defensa, esgrimieron sus representantes, de la unidad de mercado. El PNV está en desacuerdo, así como ERC, EH Bildu y BNG, por lo que las cuatro fuerzas políticas retomarán la exigencia en el Congreso. Las tres últimas formaciones puede que incluso conjuntamente. Los nacionalistas vascos irán por libre.

"Cero horas para hablar con ERC"

El desdén de los aliados con lo que ha plasmado el decreto para reemplazar el modelo laboral del PP es indisimulado. Las fuentes creen que es sólo el principio.

En público, ya lo han transmitido. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aprovechó el último debate sobre los presupuestos, el pasado martes en el pleno del Congreso, para reprochar al presidente, Pedro Sánchez, que su gabinete no hubiera dedicado una sola hora a hablar con la formación catalana sobre la reforma laboral. "A ver si entre día histórico y día histórico encuentran un rato para hablar con Esquerra", le dijo con evidente sarcasmo.

Poco antes, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, criticó que el decreto desprendiera el olor de la patronal, lo que perjudica a los trabajadores. El grupo vasco no va a votar a favor de la derogación del decreto, pues quiere negociarlo en el Congreso, pero será muy taxativo durante el trámite.

Hasta el PNV, que a partir de enero será fiel a su estilo, hablar sólo en privado mientras dure la negociación, se siente despechado, tal y como manifestó en rueda de prensa su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban. El líder de Más País, Íñigo Errejón, en redes sociales, ha pedido más ambición al Gobierno.

La batalla de la reforma laboral acaba de empezar.