Yolanda Díaz no parece dispuesta a dejar que su gran logro, la reforma laboral, acabe ensombrecido al salir adelante con los votos de Ciudadanos y el desprecio de los socios habituales del Gobierno, que hacen piña en contra. El apoyo de Inés Arrimadas 'derechizaría' el concepto de lo conseguido y lo alejaría todavía más de aquel ideal de derogación prometido en el acuerdo de coalición. Ante ese escenario, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha decidido encabezar las negociaciones con los aliados gubernamentales para tratar de que respalden en el Congreso lo pactado con los agentes sociales. En esta primera semana del año, a pesar de que todos los líderes han bajado la persiana por vacaciones, Díaz y técnicos de su equipo han contactado con ellos para tratar de persuadirlos. Según afirman fuentes de la negociación a El Periódico de España, el ímpetu de la ministra por seducir a los socios contrasta con la escasa actividad del ala socialista en el Ejecutivo.

"Quien está llamando es el Ministerio de Trabajo. Están claramente interesados en que apoyemos el decreto. Con el PSOE la sensación que tenemos es que ya les va bien que acabe siendo salvado por Ciudadanos. Porque así parece menos radical y porque no deja de ser un toque a Yolanda [Díaz]", observan fuentes negociadoras. En este contexto, indican, son los técnicos del ministerio de Trabajo quienes están detallando con los socios del Gobierno las posibles concesiones que podrían hacerse para conseguir el respaldo parlamentario que necesitan. Al fin y al cabo, el Gobierno es consciente de que una mayoría u otra tendrá para aprobar la convalidación del decreto, pero la clave que puede definir en el imaginario colectivo qué reforma laboral se ha aprobado es qué partidos la sustentan en el Congreso.

Este acuerdo no solo está incluido en el pacto de coalición firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019, sino que se ha convertido en la principal bandera de Díaz y en la conquista más valiosa que ha conseguido al frente del ministerio. No solo ha tenido que calmar al entorno podemista que considera insuficiente la reforma, sino que además se enfrentó con la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y con el propio presidente del Gobierno para continuar liderándola. Tras pugnar en la interna y con los socialistas, que ahora la reforma la acabe apoyando Ciudadanos sería un golpe duro para Díaz.

En estas circunstancias, explican fuentes negociadoras, la ministra ha puesto a su equipo a trabajar a fondo esta semana para ver cómo pueden contentar a los socios y sacar a Arrimadas de la ecuación. El resultado sigue en el aire. Como adelantó El Periódico de España, los aliados han creado una suerte de frente común en contra de la reforma. Asumen que no tienen necesariamente que acabar votando todos en la misma dirección, pero tienen claro que si están en sintonía durante estas negociaciones podrán conseguir más. Estos días los líderes y portavoces parlamentarios de los socios han conversado para intercambiar opiniones sobre lo que les iba ofreciendo el ministerio de Trabajo.

Apoyando a Díaz están también CCOO y la UGT. Sus líderes, Unai SordoPepe Álvarez, respectivamente, se han implicado también en la negociación y mantienen contactos discretos con los socios para tratar de llevarles al 'sí', como adelantó El Periódico de España.

La oposición de Bildu y BNG

Parte de los socios consideran que la reforma laboral se queda corta y no es, ni de lejos, lo comprometido. El hecho de que el acuerdo no revierta el recorte de la indemnización por despido que aplicó el PP es la muestra más evidente para ellos de que con este pacto Díaz se apunta una medalla, pero la reforma es insuficiente. En esta línea están ERC, EH-Bildu, Más País y BNG. Otros socios, especialmente PNV y PDECat, pero en parte también ERC, ponen el énfasis en otorgar un mayor peso al convenio autonómico.

"Viendo como negocian, se diría que los socialistas confían en aprobarlo con los 10 [diputados] de Ciudadanos, los 4 del PDeCat y algo más que puedan arañar", explican fuentes conocedoras de las conversaciones. El PSOE insiste en que lo relevante aquí no es un escaño arriba o abajo, ni el color de quienes lo apoyan, sino que esta es la primera reforma laboral de la democracia pactada con los agentes sociales. ¿Significa esto que el PSOE prescinde de sus socios? "Lo importante es que salga la reforma y la reforma saldrá", indica un destacado dirigente del partido.

Oficialmente los socios siguen sin dar su brazo a torcer. Ninguno de ellos ha garantizado su 'sí' al Gobierno. Sin embargo, fuentes de la negociación consideran más sencillo el apoyo del PNV y el PDECat ('seducibles', creen, con la baza del convenio autonómico), o incluso una abstención de ERC que el respaldo de BNG y EH Bildu. Gallegos y vascos tienen la presión de los sindicatos nacionalistas: la Confederación Intersindical Galega (CIG) y Eusko Langileen Alkartasuna (ELA), hecho que endurece sus posiciones y dificulta que acaben dando un respaldo.

El Congreso todavía no ha fijado la fecha para ese pleno, que debe hacerse como máximo un mes después de la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros. La aproximación que hacen diversas fuentes parlamentarias es que probablemente se acabe señalando para la última semana de enero o la primera de febrero. La segunda será inhábil por las elecciones en Castilla y León.