Solo el 13% de los pagarés avalados por el Gobierno por el covid son admitidos por las empresas

A día de hoy el Ejecutivo ha autorizado pagarés blindados por más de 2.500 millones, lo que se traduce en que se han emitido en torno al 21% de la cantidad comprometida. Las fuentes consultadas por El Periódico de España señalan que las compañías están guardándose el aval para las colocaciones a largo plazo, sin embargo muchos expertos consideran que esta medida estaba orientada a cubrir la falta de liquidez en un momento específico de la pandemia, pero las compañías han buscado otras alternativas durante este tiempo de coronavirus y la necesidad de obtener esta financiación no ha sido tan grande como la esperada.

Con la ampliación de plazos aprobada en diciembre en Consejo de Ministros para todo el Programa de Pagarés ICO, las compañías tienen hasta junio de este 2022 para lanzar sus emisiones avaladas por el Estado. Esta medida fue una de las últimas en ponerse en marcha en el marco de la lucha contra la pandemia y se lanzó en mayo de 2020, aunque no fue hasta el mes de julio de ese año cuando las empresas pudieron comenzar a acogerse a ella.

Su objetivo era que las compañías medianas y pequeñas que no pudieran acudir a mercados de financiación internacionales tuvieran una alternativa nacional que las protegiera ante los problemas de liquidez derivados del impacto del coronavirus en sus negocios. En este sentido, la deuda a corto plazo emitida en el Marf solo puede ir destinada a cubrir necesidades de liquidez surgidas por la pandemia, tales como hacer frente a pago a proveedores o nóminas, así como al suministro de bienes y servicios. De esta forma, nunca podrán estar dirigidas al pago de dividendos.

En cualquier caso, las mismas fuentes indican que esta medida fue “muy acertada meses atrás, pues era una forma de aumentar el apetito de los inversores internacionales sobre las empresas nacionales al contar con la garantía del Estado”. Además, señalan, les ayudaba a “mantener un esquema de liquidez en el corto plazo, ya que las medianas empresas pueden emitir sus pagarés de forma progresiva hasta alcanzar el máximo avalado, la duda es si seguirá resultando útil estos meses”.

¿Quiénes la han aprovechado?

Por el momento, Sacyr lidera las emisiones con más de 155 millones de euros en pagarés blindados y fue la primera en estrenar esta medida. En total, la constructora cuenta con aval del Estado para emitir hasta 350 millones de euros. El segundo puesto es para El Corte Inglés, que ha emitido más de 133 millones desde su estreno en el mundo de los pagarés avalados en marzo del pasado año. En total, el gigante de los grandes almacenes español cuenta con uno de los programas más ambiciosos, ya que ha recibido el aval por 1.000 millones de euros.

Por detrás de El Corte Inglés y Sacyr están Tubacex y Audax, con pagarés avalados por valor de 200 millones cada una. La quinta por tamaño es la promotora Aedas Homes, que ha recibido el visto bueno del Gobierno para emitir 150 millones en pagarés. Les siguen la constructora Aldesa y la inmobiliaria Pryconsa con programas avalados por valor de 100 millones cada uno. Las otras nueve empresas (Amper, Vocento o Volotea, entre otras) que se han sumado a los pagarés blindados por el Ejecutivo cuentan con programas con un importe inferior a los 100 millones, pero que conjuntamente suman casi 400 millones de euros.

En cuanto al formato de estas emisiones, el importe máximo del aval es del 70% del principal de cada una de las emisiones de pagarés y el plazo máximo al que se podrá colocar la deuda es de 24 meses. Por su parte, el coste será de 30 puntos básicos para avales con vencimiento de hasta 12 meses y de 60 puntos básicos para avales con vencimiento entre 13 y 24 meses.

Colchón financiero

Estos pagarés avalados fueron una de las últimas ayudas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar el impacto de la pandemia del coronavirus en la economía española. La más mediática y exitosa han sido los créditos avalados por el ICO impulsados por los grandes bancos nacionales, a los que se han acogido empresas de todos los tamaños y sin los que las compañías nacionales no hubieran podido enfrentar los meses más duros de la pandemia.

Otra de las herramientas puestas en marcha llegaron de la mano de otros dos organismos públicos: la SEPI y Cofides. A través de ellos se pusieron en marcha fondos de rescate para empresas estratégicas. El primero para compañías de un tamaño mayor, que necesitaban financiación superior a los 25 millones, donde se han solicitado en torno a 5.345 millones de euros. El segundo era para empresas de menor tamaño, que ha aprobado operaciones de financiación por casi 70 millones.

A estas medidas también se suma la moratoria concursal, que permite a las empresas no solicitar la disolución de empresas por las pérdidas incurridas el pasado ejercicio. Con la ampliación del plazo, ahora las compañías tienen de margen hasta junio de este año, el mismo tiempo que para emitir los pagarés avalados por el Estado.