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El Periódico Mediterráneo

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Estado del Bienestar

El debilitamiento de la clase media amenaza la viabilidad de los servicios públicos

Los expertos alertan de que la falta de empleo de calidad para los 'millenials' pone en riesgo la capacidad de financiación de la Administración para costear la sanidad, la educación o el sistema de pensiones

Saturación a los CAPS por la Omicron. Saturación CAP Casc Antic. MANU MITRU

Las clases medias han sido durante los últimos 40 años el sustento del Estado del Bienestar en las sociedades europeas. La singularidad que ha definido al Viejo Continente respecto a otras regiones del mundo, como Estados Unidos, ha sido una franja de trabajadores con ingresos medios, ni muy bajos como para no poder pagar impuestos, ni muy altos como para estar tentados de no pagarlos y costearse por su lado sus propios servicios privados. Desde la Gran Recesión esa franja de trabajadores con ingresos medios se ha debilitado en España.

"Todo el mundo tiene que entender que el Estado de Bienestar hay que pagarlo", recordó el ministro de Inclusión, José Luís Escrivá, tras subir las cotizaciones sociales en la última fase de la reforma de las pensiones. La capacidad de financiación de la Administración también se ha visto puesta a prueba durante esta pandemia, cuando para costear ertes, ayudas a autónomos o bajas laborales por covid, el Estado lleva gastados 39.050 millones de euros durante los dos años que van de pandemia. Sin esa cifra tener en cuenta las transferencias habilitadas desde las autonomías.

Sanidad: Más de una década de pérdidas

La sanidad española está debilitada desde 2010. No fue fortalecida cuando, en teoría, el país superó la crisis económica. España ha ido invirtiendo menos en ella y ha perdido profesionales sanitarios. “Desde 2010 el sistema está mal hilvanado y la pandemia ha acabado de descoser todo”, dice Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). 

Del Pozo señala la “sobrecarga terrible” en la atención primaria, que acaba afectando a las urgencias hospitalarias y, después, a los hospitales. Y esto lo sufre el ciudadano, que no siempre recibe el servicio adecuado. “Nuestro sistema, de ser uno de los envidiados de Europa, ha ido perdiendo fuste y capacidad”. Muchos sanitarios se han ido a otros países en busca de mejores condiciones económicas, pues son de los peor pagados de Europa. “No ha habido planificación ni inversión. Dedicamos a la sanidad entre un 5% y un 7% del PIB menos que los países del entorno”, señala del Pozo.

El secretario general de Metges de Cataluña (MC), Xavier Lleonart, denuncia que el sistema, con los recortes, ha ido perdiendo “accesibilidad”. “Hace años pedías visita con tu médico y te la daban a las 48 horas, ahora tarda dos semanas. Ahora mismo no hay un solo CAP que no tenga déficits estructurales de profesionales”, valora. Ocurre porque muchos se han ido jubilando y “no ha habido presupuesto para reponerlos”. Ello implica que la ratio de pacientes por médico aumenta. “Y eso supone un empeoramiento de la calidad asistencial”.

Lleonart denuncia que, desde 2010 y hasta ahora, la sanidad catalana perdió unos 10.000 millones. El gasto per cáspita de la Conselleria de Salut era en 2010 de 1.297 euros. En 2020, de 1.293 euros. “Estamos en los niveles de entonces”.

Educación: Aún lejos de los objetivos de París

Los países miembros de la Unesco firmaron el pasado noviembre la Declaración de París por el que se comprometían a asignar a la educación entre el 4% y el 6% del PIB y/o al menos entre el 15% y 20% del gasto público total. En Cataluña, el gasto en educación pública representa el 3,6% del PIB, por debajo de España (4,03%) y lejos de la media de la UE (4,6% PIB). Desde CCOO denuncian que aunque el presupuesto de Educació para este 2022 ha mejorado (6.681 millones de euros, un 17,5% del total de las cuentas catalanas), la inversión aún está lejos de las cifras anteriores a los recortes teniendo en cuenta la inflación desde 2010. Ese año, el presupuesto fue de 5.539 millones, el 19,24% de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. CCOO reclama recuperar los 9.500 millones que según sus estimaciones se han dejado de invertir en educación en esta década pasada. En esta década, no se han mejorado las ratios de alumnos por clase, la educación infantil aún no es 100% gratuita y la escuela todavía no es 100% inclusiva, entre otros aspectos. 

El profesorado es una figura clave del sistema educativo. "Los docentes han visto cómo se han ido recortando sus sueldos y condiciones laborales. Se les ha subido un 2% en 2022 cuando la inflación es del 6,7%", denuncia Jesús Martín desde UGT. Y relaciona este hecho con la falta de docentes especialistas: "¿Creéis que graduados o ingenieros querrían ir a trabajar al Departament d’Educació con las condiciones laborales actuales?".

Pensiones: Una reforma que aspira a la equidad

El Gobierno de coalición aprobó el año pasado uno de los eslabones de su reforma de las pensiones, con el que espera reforzar la viabilidad futura del sistema público de prestaciones. El denominado ‘mecanismo de equidad intergeneracional’ se saldó con un aumento temporal de las cotizaciones sociales que las empresas, y en menor medida los trabajadores, ya abonan desde este 2022. Esta medida vino a sustituir el factor de sostenibilidad aprobado por el PP y que pretendía reducir el importe total de pensión a percibir en función del aumento de la esperanza media de vida de los jubilados.

La reforma del Gobierno aspira a alimentar una hucha de las pensiones para costear parte del incremento de gasto previsto una vez empiecen a retirarse de manera masiva los 'baby boomers' del mercado de trabajo. Una medida que, junto al desincentivo de las prejubilaciones, pretende acotar el gasto para evitar futuros recortes de las pensiones o mayores incrementos de cargas fiscales que tuvieran que asumir futuras generaciones de trabajadores. Los críticos con la reforma aducen que las medidas impulsadas por el ministro José Luís Escrivá no son suficientes para amortiguar ese previsible aumento de gasto. No es una reforma acabada y hay elementos, como el aumento del periodo de años cotizados para calcular el importe final de la pensión, que todavía están por negociar. 

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