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El Periódico Mediterráneo

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Gobierno

La negociación del salario mínimo se retrasa por la falta de apoyos para la reforma laboral

Trabajo todavía no ha citado a patronal y sindicatos para revisar el suelo salarial del 2022, con solo un Consejo de Ministros en enero de margen

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Si la reforma laboral se resolvió en el tiempo de descuento del 2021, las negociaciones para actualizar el salario mínimo interprofesional (SMI) este 2022 también se están haciendo esperar y se encaminan, como pronto, a la última semana de enero. El Gobierno no tiene atados todavía los equilibrios necesarios en el Congreso para que una de sus normas estrella supere el trámite parlamentario y ello está dilatando la apertura de las conversaciones para revisar el suelo salarial para este año. 

"Volverá a subir en enero", fue la voluntad manifestada en público por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras aprobar la reforma laboral. Y que dicha subida sería con efecto retroactivo al día uno del mismo mes. Desde el Ministerio de Trabajo insisten desde hace días en que la mesa con patronal y sindicatos se reunirá "en breve", pero de momento los agentes sociales no tienen convocatoria oficial a falta de un solo Consejo de Ministros antes de que acabe el mes (el fechado para el 25 de enero). 

El Ejecutivo prorrogó en diciembre el actual salario mínimo de 965 euros al mes (en 14 pagas), con la intención de reabrir las conversaciones con patronal y sindicatos durante el mes de enero. "La convocatoria tiene que llegar con carácter inmediato. En octubre el Gobierno se comprometió con nosotros a tener cerrado este mes que el SMI subiera a 1.000 euros", afirman fuentes sindicales consultadas. "No aceptaremos ni demoras ni rebajas", añaden.

Y es que si bien la reforma laboral se dirime ahora en el Congreso y el salario mínimo debe encauzar el trámite obligatorio de la consulta previa en la mesa de diálogo social, los equipos negociadores del Ministerio de Trabajo andan absorbidos en resolver el rompecabezas de la primera materia. Casi dos millones de trabajadores que actualmente perciben el SMI están pendientes de cómo acabe resolviéndose esta segunda cuestión. Su cobertura es especialmente habitual entre los peones del sector agrícola, así como entre los repartidores asalariados de comida a domicilio, las trabajadoras del hogar, el personal de limpieza, los vigilantes de seguridad o determinados perfiles dentro de la hostelería. 

El precedente del 2021 genera ciertas inquietudes en la bancada sindical, pues la promesa en enero de Díaz de subir con carácter inmediato el SMI se retrasó 10 meses, dadas las divisiones internas en la coalición. Los sectores más conservadores de la misma se apoyaron entonces en la falta de apoyo de la patronal y las inciertas perspectivas macroeconómicas para posponer el incremento. 10 meses después y con España batiendo récords de ocupación, finalmente el Ejecutivo decidió subir el SMI pese al rechazo empresarial.

La patronal no tiene prisa

Desde la patronal no tienen prisa por abordar esta materia, pues si el Gobierno cumple con ese compromiso verbal alcanzado con los sindicatos ello se traduciría en más costes laborales para las empresas. En un momento, según recuerdan fuentes empresariales consultadas, en el que han subido las cotizaciones sociales -tras la última reforma en pensiones- y en el que se está negociando el nuevo sistema de cotización de autónomos según sus rendimientos netos y que puede provocar que parte del colectivo -sobre todo aquellos con mayores ingresos- tenga que pagar más cuotas.

En octubre del 2021 el Gobierno aprobó solo con los sindicatos y con el desmarque de la patronal la subida del salario mínimo para el año pasado. Un incremento de 15 euros –de 950 a 965 euros- que tuvo efecto durante 3 meses del pasado ejercicio y que representó una subida del 1,6%, casi la mitad de lo que ha acabado subiendo la inflación del año, que según el dato consolidado del IPC de diciembre se fijó en el 3,1% de media. Es decir, los casi dos millones de trabajadores que cobran el SMI perdieron poder adquisitivo el año pasado. En una proporción similar a la de los trabajadores cubiertos por convenios colectivos, que vieron subir de media sus sueldos el 1,5%. Los sindicatos urgen al Gobierno a materializar la nueva subida para que la actual espiral inflacionista no merme más el poder de compra de dichos asalariados y aprovechar esa subida del SMI para ejercer de palanca de presión al alza de las próximas negociaciones salariales. 

Si el Ejecutivo cumple con la senda que le marcó su comité de expertos en materia del SMI, la próxima subida debería llegar a los 996 euros, es decir, un incremento de 31 euros o del 3,2%. Un nivel similar al que cerró la inflación media el año pasado, pero por debajo del IPC del 6,5% registrado en el mes de diciembre. Y proseguir dicha senda hasta llegar a los 1.027 euros en el 2023, con esa perspectiva de que el SMI equivalga al 60% del salario medio en España. 

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