El Gobierno ha tenido este lunes la mano a patronal y sindicatos para que se sumen con un pacto de rentas al plan de respuesta a la guerra. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha ofrecido ayudas a las familias para pagar los suministros energéticos y así convencer a las centrales. Mientras con la otra mano se ha dirigido a los patronos con créditos y medidas de liquidez para las compañías. A cambio les ha pedido que contribuyan a "evitar una espiral inflacionista", es decir, que la CEOE acepte subir los sueldos, pero no al nivel del IPC, lo que implica que CCOO y UGT acepten pérdidas de poder adquisitivo en el corto plazo. Los agentes sociales han escuchado el plan de ocho puntos que les ha presentado el Gobierno, pero aguardan expectantes a la resolución de la Unión Europea sobre el sistema de fijación de precios de la energía. Si los gobiernos pueden intervenir para bajar los precios la respuesta de patronal y sindicatos será una; si no pueden y la inflación sigue disparada, será otra.

El pacto de rentas va cogiendo cuerpo como parte de una respuesta global y coordinada que el Gobierno quiere dar a las secuelas económicas de la guerra de Ucrania. "La situación no es fácil, pero estamos todos de acuerdo de que debemos frenar la subida de la energía", ha declarado Calviño tras el cónclave de este lunes, que se ha alargado unas tres horas. Para ello ha enumerado un plan de actuación con ocho ejes, no definidos y que durante los próximos días y antes del 29 de marzo acabarán de concretar con los agentes sociales.

El Gobierno se ha comprometido a bajar el precio de la energía, especialmente para las familias más vulnerables; crédito para la estabilidad financiera de las empresas, ayudas para los sectores de actividad más afectados; evitar una espiral inflacionista; garantizar los suministros; acelerar la transición energética vía fondos europeos; impulsar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.

Esperando a la UE

No obstante, los agentes sociales todavía no ven claro el paquete completo y, desde sus respectivas posiciones, manifiestan dudas. "Es absolutamente necesario que haya una intervención contundente en el sistema de fijación de precios. Hay que tomar medidas drásticas", ha reclamado el secretario general de CCOO, Unai Sordo. "El Gobierno tiene que tener instrumentos para poder intervenir", ha reblado su homólogo de UGT, Pepe Álvarez. Las centrales marcan dos líneas rojas: intervenir en el sistema de fijación de precios de la energía y no realizar bajadas generalizadas de impuestos. Desde la patronal no han querido realizar declaraciones sobre la reunión.

Todas las partes están a expensas del resultado del Consejo Europeo, previsto para los días 24 y 25 de marzo, donde los estados de la UE tratarán de pactar medidas coordinadas para contener la escalda de precios. Desde CCOO y UGT abogan por sacar el gas del conteo y así evitar que este dispare la factura final del megavatio. Desde la CEOE han rechazado hasta ahora el verbo "intervenir". El resultado del cónclave europeo será clave, pues si el Gobierno no consigue dotarse de herramientas que le permitan reducir al corto plazo la escalada de precios general -el IPC está en el 7,6%-, las medidas que le reclamarán desde el diálogo social serán unas u otras. Y el pacto de rentas tendrá o no encaje dentro de las mismas.

Los agentes sociales negocian en paralelo su acuerdo salarial para los próximos tres años y así guiar la negociación de futuros convenios. Si la inflación baja al corto plazo, las demandas salariales de los sindicatos serán más bajas que si el IPC supera los dos dígitos a lo largo del ejercicio, como amenaza con hacer en las actuales circunstancias. Y si las empresas pagan menos factura energética, se les encarece menos la materia prima y se enfrentan a menores demandas salariales, pueden ser más receptivas a aceptar las cifras que les planteen las centrales.

De momento no han trascendido cifras exactas sobre el rango de incrementos salariales que discuten patronal y sindicatos. Impera la discreción de puertas a fuera, a expensas de si dicho acuerdo salarial les interesa a los agentes sociales encajarlo dentro del plan del Gobierno de respuesta a la guerra. Sino, las partes seguirán negociando para cerrar su pacto bipartito, al margen y con autonomía a las ayudas y políticas que disponga el Ejecutivo.