El Gobierno ultima durante el fin de semana las medidas del plan nacional para encarar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, un plan que desde el Ejecutivo se asegura que será "ambicioso" y que se ve respaldado por el "éxito" que supone el acuerdo energético de Bruselas.

Después de muchos meses, algunas modificaciones y, aunque en un principio los indicios apuntaban lo contrario, España ha conseguido sacar adelante su propuesta de ‘excepción ibérica’ con la que poder desvincular el precio de la luz del gas. Pero el ajuste no será inmediato, España y Portugal deben enviar esta semana su propuesta concreta a la Comisión Europea para que la evalúe. Y no será hasta dentro de "tres o cuatro semanas" cuando se pueda poner en marcha, según ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista en Televisión Española este sábado.

"La Comisión necesitará unos días, unas semanas para comprobar que todo es correcto o recomendarnos introducir mejoras y calculamos que en tres o cuatro semanas podremos tener un pronunciamiento de la Comisión sobre aquello que estamos proponiendo y hacerlo inmediatamente operativo", ha dicho Ribera, quien ha reiterado que lo que se hará es "separar el gas del mecanismo de formación de precios para poder retribuir el gas en cada tramo horario de nuestro sistema eléctrico". La principal incógnita por resolver a partir de aquí es cómo se ejecuta la propuesta: cuál será el tope de precio que se pondrá al gas, cómo serán compensadas las centrales de ciclo combinado o si se realiza una desconexión con Francia.

Pero antes de eso, este martes, el Consejo de Ministros aprobará su plan de choque para hacer frente a la guerra con especial protagonismo para el apartado energético. Entre las medidas, algunas avanzadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al día siguiente de la invasión de Ucrania --como la prórroga de la ampliación de los descuentos del bono social y la rebaja de impuestos para la factura de la luz hasta junio o la rebaja del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva (que tiene una bonificación del 100% de los cargos y, por tanto, verá notablemente rebajado el suministro). Y otras confirmadas por Teresa Ribera en su entrevista en El Periódico, como el adelanto de la retribución de las renovables más antiguas (RECORE), cercano a los 2.000 millones de euros, que servirá para rebajar la parte fija de la factura, o la renovación del bono social para que llegue a más usuarios.

1. Precio para el gas

Una de las principales claves de la medida a adoptar es cuál será la referencia máxima que se pondrá a las ofertas de las centrales de ciclo combinado en el mercado eléctrico. Entre las referencias: el precio mayorista en la última década ha sido de una media de 50 euros por megavatio-hora (MWh), las compañías eléctricas llevan meses defendiendo que sus ofertas de contratos a largo plazo marcan precios de alrededor de 60 euros/MWh. Además, según fuentes de una parte de las compañías eléctricas, que cita cifras de la Dirección General de Aduanas en diciembre de 2021, el coste del gas natural para el uso del ciclo combinado fue de 58 euros por megavatio-hora, pero las gasistas, siempre según estas fuentes, venden a los generadores en el mercado interno (Mibgas) a un precio de 111 euros y por eso sube el precio. Por otra parte, el tope máximo que tenía el mercado eléctrico hasta el pasado 6 de julio era de 180 euros/MWh, y este no se superó hasta el 16 de septiembre de 2021, cuando según el Gobierno el gas ya estaba interiorizando un alza de los precios fruto la reducción de gas ruso orquestada por el presidente ruso, Vladímir Putin, para preparar la invasión de Ucrania. Los nuevos límites de entre -500 y 3.000 euros por megavatio-hora se establecieron a propuesta del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), después de muchas consultas con los distintos agentes y la valoración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en aplicación de la directiva comunitaria.

2. Compensación 'ex post'

Otra de las incógnitas es cómo se realizará la compensación a las centrales de ciclo combinado por la diferencia entre el tope de precios al que pueden realizar sus ofertas en el mercado eléctrico y el coste real que tiene esa tecnología, influenciado por el precio del gas natural en el mercado mayorista y el precio de los derechos de emisión de CO2 (que penaliza a las centrales más contaminantes). Fuentes de Ejecutivo señalaban a mediados de esta semana en dos direcciones: o bien a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o bien a través del propio sistema eléctrico, que sea el que realice el ajuste. En este caso, serían los consumidores los que directamente pagarían la diferencia entre el precio de referencia y el coste real a través de su factura de la luz, pero esa diferencia sería "muy inferior" al disparatado precio que se paga en la factura actualmente por la electricidad. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió a su salida del Consejo Europeo en que esta es "una medida excepcional, temporal, que no supone subvencionar al gas". "No van a ser ayudas públicas a las empresas de gas", añadió.

3. Interconexión eléctrica

El principal argumento del Gobierno para lograr el beneplácito de Bruselas para desvincular el precio del gas del mercado eléctrico es la baja interconexión con el resto de Europa. El mercado eléctrico europeo está, en mayor o menor medida, interconectado. Esto mejora la seguridad de suministro (un buen ejemplo es el caso de Ucrania y Moldavia que han sincronizado su red a Europa para evitar apagones) y facilita la competencia de precios entre países (permite comprar energía al país vecino si esta es más barata). La Unión Europea fijó como propósito que los países tuvieran en 2020 un ratio del 10% de interconexión, esto es, que la capacidad de interconexión represente el 10% de la potencia de generación instalada en el país. En el caso de España y Francia esta tasa es del 2,8%, por lo que el Gobierno defiende considerar a este país una "isla energética" que rompa ese pequeño lazo con el resto del sistema. Pero hay que decidir cómo se deshace uno de esa relación. Podría realizarse prohibiendo las exportaciones a Francia o limitando las ventas, entre otras muchas opciones.