Un abogado murciano ha llevado la subida del recibo de la luz que se ha producido desde el inicio de la pandemia a los tribunales. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia del letrado Diego de Ramón contra Iberdrola por un presunto delito de estafa. El Juzgado Central número 2 ha remitido a la Fiscalía la demanda, en la que pide la apertura de una investigación sobre los precios que la compañía eléctrica ha venido aplicando al considerar que se ha producido una manipulación del mercado que ha beneficiado también a las empresas comercializadoras.
Diego de Ramón propone al juez que considere como pruebas de la actuación irregular de la empresa los expedientes abiertos por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 a las compañías del sector eléctrico, aunque critica la escasa cuantía de las mismas, teniendo en cuenta que se trata de empresas que cotizan en Bolsa y que están obteniendo grandes beneficios.
El letrado recuerda que Iberdrola ha sido sancionada por la Competencia "por manipulación del mercado eléctrico" y "por las subidas continuas en los recibos de los consumidores", pero esta actuación no ha tenido consecuencias penales. Considera que la compañía ha incurrido en "conductas fuera de ley que perjudican a los usuarios y consumidores".
Propone que se consideren como pruebas las sanciones de la Comisión de la Competencia
Defiende que, a pesar de las sanciones impuestas por la Comisión de la Competencia, "la tipificación penal de nuestro Código Penal es compatible" con la sanción en vía administrativa y "puede ser objeto de acción punitiva para que no exista un dominio económico por encima de la protección o tutela jurídica estatal".
Añade que, en caso de no existir esta protección, la actuación pública se convierte en "una hipocresía social generalizada, donde impera el abuso al ciudadano totalmente indefenso", mientras que las sanciones a "los lobbys solo suponen el 0,003% de sus beneficios".
De Ramón recuerda que, desde la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno, "sigue empeorando la economía nacional y , con vergüenza ajena, las subidas constantes del precio energético". Apunta que frente a «los abusos cometidos en los mercados» los ciudadanos merecen «la total tutela judicial y protección en cuanto a información, transparencia y garantía de la defensa de los patrimonios de familias en cuanto a la vigilancia jurídico penal de las empresas que cotizan en Bolsa».
También destaca que las beneficiarias de las subidas de las tarifas se ven doblemente gratificadas, dado que obtienen una remuneración en los mercados superior a la que les correspondería, "dando beneficios al alza por los abusos cometidos en los mercados".
Iberdrola ha eludido hacer comentarios sobre la denuncia que tramita la Audiencia Nacional.
