Durante los últimos años Países Bajos y España han protagonizado alguno de los choques más sonados en el Eurogrupo por su antagónica visión sobre la disciplina presupuestaria en la zona euro y la forma de encarar la salida a la crisis. Ocurrió con el ex presidente de Eurogrupo y ministro de finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem, y también con su sucesor Wopke Hoekstra. Este lunes la vicepresidenta primera y ministra de economía, Nadia Calviño, y su homóloga holandesa, Sigrid Kaag, han dado un giro de 180 grados y han dejado de lado viejos enfrentamientos para unir fuerzas en defensa de una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permita establecer estrategias de consolidación específicas para cada país “realistas, graduales pero ambiciosas”, señala el documento conjunto presentado en Luxemburgo.

“La presentación conjunta de un documento de España y Holanda, dos países que tradicionalmente han tenido posiciones diferentes en el ámbito de las reglas fiscales, envía un mensaje muy importante. Es el momento de la unidad y la determinación. Tenemos que avanzar en aquellos debates que son estratégicos y estructurales para el futuro de la Unión y en particular hacia un marco de reglas fiscales que responda a las necesidades y los retos de futuro de nuestras economías”, ha destacado Calviño desde Luxemburgo. "No perdamos energía y tiempo en diferencias superficiales", ha añadido su colega holandesa sobre las divisiones pasadas entre los llamados países 'frugales' y el sur.

A raíz de la irrupción de la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea decidió activar la cláusula de escape y suspender temporalmente la aplicación del pacto de estabilidad -y los objetivos de reducción del déficit del 3% y la deuda del 60% del PIB- para permitir a los gobiernos inyectar la financiación necesaria a la economía sin temor a procedimiento sancionadores. Esta cláusula seguirá suspendida al menos durante todo este 2022, para no lastrar la recuperación, pero Bruselas prepara desde hace meses la reforma de las reglas con el objetivo de utilizar en el futuro indicadores “observables” así como una “reducción realista, gradual y sostenida de los altos niveles de deuda”. 

La misma idea que plantean España y Países Bajos en su aportación al debate, un documento de página y media presentado en los márgenes del Eurogrupo en Luxemburgo. El plan hispano-holandés no aboga por modificar los límites fiscales del pacto. "No creo que debamos malgastar nuestras energías en intentar modificar o cambiar eso. Es un proceso complicado y está en el tratado", ha explicado Kaag. Pero sí por relajar las reglas con sendas de reducción de la deuda adaptadas a la situación de cada país. Actualmente, los países que registran una deuda pública superior al 60% del PIB están obligados a acometer una reducción fija anual de una veinteava parte. Esto significa que los países más endeudados como Italia (159%), España (119%), Francia (117%) o Bélgica (115%) se verían obligados a aplicar recortes significativos. 

Colchones fiscales

Calviño y Kaag abogan porque cada país tenga flexibilidad suficiente para establecer su propio plan de reducción aunque garantizando unas “normas mínimas” que no desarrollan en el documento. “Un marco fiscal reformado debería ayudar a cumplir el objetivo principal de reforzar la sostenibilidad fiscal de una manera más eficaz y eficiente”, sostienen. En un contexto de niveles de deuda elevados, esto significa que “los Estados miembros deben comprometerse de forma creíble a crear colchones fiscales para estar preparados para la próxima sacudida a través de estrategias de consolidación específicas para cada país que sean realistas, graduales pero ambiciosas, así como compatibles con el crecimiento económico y la creación de empleo”, sostienen. 

Para cumplir con estos objetivos, los Estados miembros deberán realizar “reformas económicas” e “inversiones públicas de alta calidad” y lograr “una mejor composición de las finanzas públicas para garantizar que la reducción de la deuda no dependa únicamente de la consolidación presupuestaria”. Y como contrapartida debe haber "salvaguardas claras" que garanticen una igualdad de trato entre Estados miembros y que Comisión y Consejo apliquen las "medidas necesarias" cuando haya una vulneración de las normas.

Además, ambas capitales también defienden que la transformación de los objetivos a medio plazo en una simple regla de gasto “contribuiría a que las normas fueran más comprensibles, más fáciles de aplicar y más anticíclicas, sobre todo si van acompañadas de cláusulas de escape bien definidas para acontecimientos extraordinarios ajenos al control de los gobiernos”. 

Al margen de la capacidad de sancionar cuando sea necesario, ambos países están de acuerdo en que la futura reforma debe tener en cuenta el “considerable esfuerzo de inversión" que será necesario para impulsar la transición verde y digital a la que se han comprometido los Veintisiete, algo crucial también para reducir la dependencia energética de Rusia. Ambos gobiernos coinciden también en la importancia de las reformas para mejorar el entorno empresarial, el establecimiento de incentivos adecuados para promover un mayor esfuerzo del sector privado y la importancia de que haya una inversión pública sustancial, financiada por la UE y por los países. ”Un marco fiscal renovado sería más eficaz si se complementa con revisiones del gasto y mejores sistemas de gestión de la inversión pública que también contribuyan a aumentar las inversiones públicas de alta calidad”, apuntan Madrid y La Haya.