La calle va cogiendo temperatura a rebufo de los datos del IPC, que mes tras mes constatan una inflación galopante que muerde los bolsillos de los trabajadores. La inquietud en los centros de trabajo comienza a traducirse en descontento en varios sectores y una ola de huelgas está empezando a fraguarse, siendo la punta de lanza las contratas públicas. Los servicios de limpieza y recogida de basuras de Barcelona, Girona y Cerdanyola están en pie de guerra, al igual que los autobuses de Lleida o el convenio catalán de atención a las personas, bloqueado desde hace meses y con movilizaciones intermitentes.
La falta de un acuerdo estatal entre las cúpulas de patronal y sindicatos tiene a la negociación colectiva desnortada. Nadie ha encontrado la cuadratura del círculo que permita compaginar subidas salariales que permitan no perder poder adquisitivo a los trabajadores y que no pongan en riesgo los balances empresariales. Y ante esa escalada del IPC –que ahora mismo roza el doble dígito-, las patronales han optado por enrocarse y los sindicatos aguardan esas recomendaciones que no llegan desde sus cúpulas.
Comercio, supermercados, oficinas y despachos, consultoría… Varios son los convenios que están abiertos, aunque los primeros conflictos que han saltado han sido los de las empresas directamente dependientes del sector público. A caballo entre un sector y otro, su negociación salarial depende formalmente de las normas privadas, pero las empresas aducen que si no se revisan los contratos con la Administración no tienen dinero para subir los sueldos más allá de lo previsto. Y cuando hace dos o tres años se firmaron la mayoría de licitaciones que hoy están en pie de guerra nadie podía prever los actuales niveles de inflación.
Tope a indexar contratos desde 2015
“Muchas licitaciones se están quedando desiertas, porque si la administración no se hace corresponsable de la inflación a muchas empresas no les sale a cuenta presentarse. Eso las grandes compañías pueden aguantarlo, porque manejan muchas licitaciones y lo que pierden por un lado lo pueden compensar por el otro. Pero para las pymes es fatal”, explica el secretario general de Pimec, Josep Ginesta. “Los trabajadores somos la punta de lanza de este conflicto. Porque las empresas nos dicen que no nos pueden pagar más si la Administración no paga más y nos tenemos que tirar a la calle. Y las empresas tienen la obligación legal de pagar el convenio”, afirma el secretario de políticas sectoriales de UGT de Cataluña, José Antonio Pasadas.
La Administración llevaba blindada ante cualquier escalada del IPC desde el 2015, cuando el PP, bajo la batuta de Cristóbal Montoro, prohibió indexar contratos públicos a este indicador para minimizar sobre costes. Lo que ahora supone un problema, especialmente en aquellos sectores más intensivos en mano de obra. En su plan de choque contra las secuelas de la guerra de Ucrania, el Gobierno abrió la puerta a revisar contratos pero solo los de obra pública y en supuestos vinculados a materias primas, no a salarios.
Verano caliente
“Muchos de estos conflictos estallan porque los trabajadores ya llevan varios años sin subidas de sueldo –en la limpieza de Barcelona las nóminas no se actualizan desde 2018- y en algunos casos ha habido ertes de por medio, lo que supone una pérdida de ingresos”, señala la secretaria de acción sindical de CCOO de Cataluña, Cristina Torre. La falta de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que las cúpulas de CEOE, CCOO y UGT llevan mes y medio negociando sin éxito, perjudica dicha inercia y cuanto más tarde en cerrarse, más calentará la olla de los conflictos. “Estallarán más como estos”, reconoce Torre.
Ya a finales del 2021 hubo un fogonazo de paros laborales motivado por la exigencia de mayores salarios o para evitar el retroceso de condiciones laborales. El metal de Cádiz, la industria de A Mariña, la limpieza de Castellón, las sedes de Unicaja o el tranvía de Zaragoza fueron algunos de sus escenarios. Ahora, tras el paréntesis de principio de año y el estallido de la guerra de Ucrania se está empezando a fraguar en Catalunya una segunda ola de protestas más allá de las contratas públicas y que, según avanzan los sindicatos, tendrá sus replicas en toda España. “El conflicto de cara el verano está servido”, advierte la secretaria de acción sindical de CCOO de Cataluña, Cristina Torre.
