Baleares multará a los dueños de casas donde se celebren fiestas ilegales y a sus participantes

Los organizadores de las fiestas ilegales y los asistentes que acudan a estas celebraciones podrán ser multados con duras sanciones económicas, que pueden alcanzar los 300.000 euros. El Govern quiere terminar con esta práctica ilegal y por ello ha aprobado un decreto ley, en el que se establece el abanico de sanciones económicas.

Si bien esta nueva normativa de perseguir estas celebraciones ilegales está pensada sobre todo para la isla de Ibiza, el Govern la aplicará en el resto del archipiélago. De hecho, el Ejecutivo ha contado con el apoyo del Consell de Ibiza y de todos los ayuntamientos de la isla. La mayor de estas fiestas no autorizadas se organizan en viviendas o en terrenos rústicos. No solo representan una competencia desleal para las empresas de ocio, sino que también ponen en peligro a los asistentes, porque no se dispone de ningún sistema de seguridad. Muchas veces estas fiestas degeneran en peleas y, por tanto, afecta a la convivencia ciudadana por las molestias y el ruido. Además, también suelen ser lugares de concentración de drogas. 

El nuevo decreto diferencia muy bien lo que puede ser una celebración familiar o privada que se celebra en un piso o una finca, de lo que es una fiesta legal, donde se mezcla el concepto de ánimo de lucro, ya que se suele cobrar entrada. 

La consellera Mercedes Garrido explicó este lunes que las fuerzas de seguridad no podrán acceder a estas casas particulares, salvo con autorización judicial o del propietario. Sin embargo, lo que se hará es esperar a que termine la celebración para identificar al organizador, a los asistentes e iniciar los trámites para imponer sanciones. También se multará a los propietarios de estos inmuebles, por cederlos para la celebración de estos eventos.

El decreto ley contempla sanciones desde leves a graves. Solo por participar en una de estas fiestas la sanción que se impondrá será de 300 a 3.000 euros. 

Mucho más contundente será la multa por organizar, comercializar o dar publicidad a estos eventos, así como participar en fiestas que se organicen en espacios naturales. La sanción irá de los 3.000 a 30.000 euros, pudiendo alcanzar incluso los 300.000 euros. A partir de ahora los ayuntamientos no tendrán que esperar al inicio del expediente sancionador para aplicar medidas cautelares.

Según reconoció este lunes Garrido, varias administraciones, sobre todo en Ibiza, contratan a detectives privados para que se encarguen de la localización de estos eventos ilegales.