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El Periódico Mediterráneo

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Exclusión financiera

La banca ha cerrado cerca del 60% de sus oficinas en España desde 2008

El ajuste de plantilla roza el 40% y ha supuesto la destrucción de 111.305 puestos de trabajo

Una oficina de la desaparecida Caixa Catalunya en Barcelona cerrada en 2013. Josep Garcia

El efecto combinado de factores coyunturales (el ajuste de los excesos de la burbuja inmobiliaria y financiera y los tipos oficiales negativos que deprimían los ingresos) y un cambio estructural (la creciente digitalización de la economía y la sociedad) ha llevado a la banca española a hacer un recorte sin precedentes en su red de oficinas en los últimos 14 años, solo superado en Europa por el de los Países Bajos. Entre el máximo de septiembre de 2008 y el cierre del pasado año, las entidades de crédito redujeron sus sucursales en España un 58,5%, hasta las 19.104, su nivel más bajo desde septiembre de 1976. Visto de otra forma, han echado la persiana a 27.014 locales, que es como si todas las oficinas que tenían abiertas en marzo de 2018 hubieran desaparecido.

Todo ello se ha traducido también en un recorte sin parangón del número de empleados. Entre 2008 y 2020 (último año con datos oficiales del Banco de España), el sector ha destruido 98.790 puestos de trabajo en el país, con lo que su plantilla bajó a 179.511 personas, el 35,4% menos y la cota más baja desde que el supervisor empezó a medirlo en 1981. En 2021, además, el ajuste se aceleró como consecuencia de las fusiones y de la crisis económica provocada por la pandemia. Los diez principales bancos recortaron otros 12.515 empleos, hasta los 144.836, con lo que el ajuste total del sector roza ya el 40% desde 2008.

Cataluña ha sido la comunidad autónoma que ha sufrido un recorte de oficinas mayor desde 2008 (71%) como consecuencia de la debacle de la mayoría de sus 'caixes'. Algo por detrás, pero también por encima de la media, se situaron los cierres en la Comunidad Valenciana (64%), la de Madrid (62%), Murcia (60%) y Galicia (58,9%). En el extremo opuesto estuvieron los de Navarra (42%), Extremadura (38%) y Castilla-La Mancha (37%) por su menor crecimiento relativo de sucursales en los años de la burbuja. Por la misma razón, el ajuste fue mayor en los municipios más grandes (de alrededor del 56% en los de más de 50.000 habitantes) que en los más pequeños (en torno al 40% para los de menos de 5.000 habitantes). 

Proceso en marcha

El recorte de red, además, está lejos de haber tocado suelo. Los diez grandes bancos cerraron otras 531 oficinas (que elevan el ajuste desde 2008 al 59,7%) solo en el primer trimestre de 2022, principalmente por los cierres impulsados por CaixaBank y Unicaja tras la absorción de Bankia y Liberbank, respectivamente. Los costes de las entidades están más ajustados tras años de recortes y los ingresos van en aumento gracias a las subidas de tipos, con lo que su eficiencia y rentabilidad mejora. Pero la imparable extensión del uso de la banca móvil y digital dibuja un panorama en que el sector tendrá cada vez menos sucursales.

De hecho, España sigue presentando un ratio de oficinas por habitante muy superior a los de otros países desarrollados, pese a la reducción de los últimos años. Entre 2008 y 2020 (última fecha con datos comparables), ha pasado de unas 100 sucursales por cada 100.000 ciudadanos a 45,5, pero sigue siendo algo más del doble que la media de la Unión Europea (22,6) y también muy superior al dato de Estados Unidos (29,6). Ello podría apuntar a que el sector todavía tiene margen para converger hacia el estándar global, pero también hay que tener en cuenta que el país tiene una dispersión de la población mucho mayor, como demuestra que el número de empleados por sucursal sea inferior a la media comunitaria. 

Precisamente, la exclusión financiera que ha provocado este proceso, sobre todo en las áreas rurales, es uno de sus aspectos más criticados. Como adelantó EL PERIÓDICO, diario integrante del grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, el Ministerio de Economía y las patronales han comenzado los trabajos para elaborar un nuevo paquete de medidas para mejorar la situación de la España vaciada, que algunas fuentes apuntan que podría ser presentado antes de agosto. El principal objetivo es llevar los servicios bancarios básicos, sobre todo la posibilidad de obtener dinero en efectivo, al 1,4% de la población que reside en municipios rurales que no cuentan con oficina bancaria ni con otro tipo de vías físicas de acceso al sistema financiero, como los cajeros o los conocidos como 'ofibuses'.

665.000 excluidos 

El porcentaje de población desatendida es bajo, pero implica que cerca de 665.000 españoles están afectados por el máximo grado de exclusión financiera, según los datos del Instituto Nacional de Estadística del cierre de 2021. Además, un 3,3% de la población -1,56 millones de personas- residen en poblaciones sin sucursal bancaria, aunque sí con algún otro de los mecanismos desplegados por el sector financiero para dar acceso físico a sus servicios más básicos. Ambos datos, a los que ha tenido acceso este diario, proceden de un informe que las patronales AEB y CECA (bancos y antiguas cajas de ahorro, respectivamente) tienen previsto publicar en los próximos días.

Las provincias más perjudicadas son Burgos (313 municipios sin sucursales en 2020, según los últimos datos del Banco de España) y Salamanca (307), por delante de Guadalajara (247), Ávila (215) y Zamora (203). Valladolid, Segovia, Palencia, Cuenca, Zaragoza y Soria tienen entre 180 y 150 poblaciones afectadas, mientras que León, Navarra, Teruel, Cáceres, Lleida, Girona, La Rioja, Huesca, BarcelonaTarragona y Valencia suman entre 150 y 100. En el extremo opuesto, Córdoba, Sevilla, Lugo, Murcia, Baleares, Cádiz, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Jaén tienen menos de 10 municipios sin oficina.

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