El PSOE se ha abierto a adaptar el 'impuesto' a las energéticas que anunció Pedro Sánchez en julio a la "contribución solidaria" de las empresas de combustibles fósiles que ha propuesto la Comisión Europea y que están negociando los estados de la UE. De confirmarse, supondría un cambio sustancial, ya que la propuesta comunitaria difiere en muchos aspectos con la proposición de ley de los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos que el Congreso ha aprobado este martes comenzar a tramitar.
"Las medidas van en línea de lo que plantea la Comisión Europea, que no hace más que potenciar el objetivo último de esta iniciativa. Y no tengan miedo, señorías, si hay que adaptar algo de lo que aprobado en la Unión Europea, permite hacerlo en la propia tramitación (parlamentaria) de esta iniciativa", ha afirmado la diputada socialista Patricia Blanquer, durante el debate de toma en consideración de la propuesta en el pleno del Congreso.
La propuesta de 'impuesto' español -en realidad una "prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria" para tratar de superar escollos legales- consiste en gravar con un 1,2% durante dos años los ingresos de todas las energéticas que tengan una facturación superior a los 1.000 millones de euros. En el caso europeo, en cambio, la "contribución de solidaridad coordinada, única y temporal" afectaría a los beneficios extraordinarios (los obtenidos en 2022 por encima de los de 2019, 2020 y 2021) de solo las empresas de petróleo, gas, carbón y refino y durante un año.
Cambios a la vista
El Gobierno ha estimado que el 'impuesto' a las energéticas permitirá recaudar 2.000 millones de euros en 2023 y 2024 con cargo a los resultados de las empresas en 2022 y 2023. En el caso de los bancos, que tendrían que pagar el 4,8% de sus intereses y comisiones, los ingresos previstos por el Ejecutivo son de 1.500 millones al año, aunque las alzas aceleradas de los tipos de interés en que está inmerso el Banco Central Europeo (BCE) apuntan a que la recaudación podría ser mayor.
Una mayoría de grupos parlamentarios (como ERC, PNV y Bildu) ha aceptado tramitar la proposición de ley de socialistas y morados, pero también han puesto en evidencia que es bastante posible que el 'impuesto' experimente modificaciones relevantes durante el periodo de enmiendas que ahora se inicia. Además de la posible adaptación a lo que se apruebe en Europa en materia energética, ERC ha reclamado que los nuevos gravámenes sean "permanentes" mientras los beneficios de los dos sectores "sean extraordinarios".
Dudas legales
Además, algunos grupos, como Bildu y Junts, han demandado subir los tipos previstos para aumentar la recaudación. El PNV y Bildu, asimismo, han dejado claro que no aprobarán el 'impuesto' definitivamente si no se reparte la recaudación con las haciendas forales de las tres provincias vascas y Navarra. Y también el PNV ha advertido de que hay "cuestiones técnicas" que han de ser solventadas para evitar que los tribunales tumben los gravámenes cuando las empresas afectadas los lleven previsiblemente a los tribunales.
Por su parte, PP, Vox y C's se han opuesto a la tramitación de la proposición de ley, con entre otros el argumento de que energéticas y bancos acabarán repercutiendo el coste de los gravámenes a sus clientes, por más que el texto lo prohíba con una sanción equivalente al 150% del importe trasladado al usuario. Es materialmente imposible, han defendido, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pueda comprobar si dicha repercusión del coste se ha producido o no.
