El presidente de Andalucía ha decidido bonificar al 100% el impuesto sobre el Patrimonio en su comunidad autónoma y ha invitado a los empresarios catalanes a trasladar su residencia a las provincias andaluzas con el fin de evitar la tributación que mantiene la Generalitat. Dice el presidente andaluz Juanma Moreno que necesita 7.200 nuevos contribuyentes para compensar los 93,34 millones de euros que Andalucía dejará de ingresar por la desaparición, en la práctica, del impuesto sobre el Patrimonio y ha invitado a los empresarios catalanes a ubicarse en su comunidad autónoma. La pregunta es si la competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas es capaz de promover la deslocalización de contribuyentes.
¿La rebaja de impuestos provoca el traslado de contribuyentes de una comunidad autónoma a otra?
“Tenemos la sensación de que la menor tributación de un territorio sí puede ser una causa de cambio de residencia de los contribuyentes, pero es imposible saber cuántos de ellos han trasladado su domicilio por motivos fiscales o por otras cuestiones”, concede Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas. El impuesto de Patrimonio, lo mismo que el impuesto sobre la renta (IRPF) se debe declarar allí donde se localiza la residencia fiscal; es decir, en la comunidad autónoma en cuyo territorio haya permanecido el mayor número de días del período impositivo (generalmente, el año natural) o donde haya obtenido la mayor parte de la base imponible del IRPF (salario, ahorros o incremento patrimonial). No es tan fácil, pues, trasladar la residencia fiscal y los inspectores fiscales –tanto estatales como autonómicos- vigilan y sancionan los cambios de residencia ficticios. La hacienda catalana practicó en 2021 un total de 45 liquidaciones por cambios de residencia ficticios, lo que supone el 15% más que el ejercicio anterior, que permitieron aflorar 28,7 millones, un 97% más que un año antes, en su mayor por los impuestos de patrimonio y sucesiones y donaciones.
¿Podrá competir Andalucía con Madrid en la atracción de contribuyentes de otros territorios?
Es muy difícil. Madrid no solo tiene bonificado al 100% el impuesto sobre el patrimonio (como ha anunciado que hará Andalucía). También tiene el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sucesiones más bajos de España. A este atractivo fiscal se une las ventajas que la capitalidad concede a Madrid como polo de atracción de inversiones y de trabajadores y profesionales. Las conexiones de transporte que, por ejemplo, unen a Madrid con Barcelona son difíciles de igualar por parte de ninguna de las provincias andaluzas. Un informe del Laboratorio de Análisis de Políticas Públicas (IvieLAB, vinculado a la Generalitat Valenciana) estimó en 2020 que Madrid había ganado 103.035 contribuyentes procedentes de otras comunidades en el periodo de 10 años entre (2009-2018), coincidiendo con el periodo de rebajas fiscales más intensas en la comunidad madrileña
¿Bajar el impuesto permite recaudar más?
La respuesta afirmativa a esta pregunta es difícilmente demostrable. La recaudación tributaria de Madrid ha crecido en los últimos años a pesar de las rebajas fiscales. Desde el Ministerio de Hacienda se argumenta en contra, afirmando que los ingresos habrían sido más elevados de no haberse bajado los impuestos. En total, el impuesto permite recaudar 1.203 millones al conjunto de las comunidades autónomas (en Madrid, la recaudación es cero).
¿Cómo ha evolucionado el número de contribuyentes entre autonomías en los últimos años?
El número de declarantes en el impuesto sobre el Patrimonio ha crecido el 26% desde 2012 hasta 2020 (último año con estadísticas publicadas sobre este impuesto), hasta un total de 218.991 contribuyentes (45.486 más que en 2012). En el mismo periodo, los declarantes del impuesto han crecido el 25% en Madrid, un porcentaje similar al estatal (si bien cada uno de ellos ha pagado cero euros por el impuesto). En Cataluña, el aumento de los declarantes del impuesto tampoco se aparta demasiado de la media estatal (23,62%) a pesar de contar con uno de los impuestos sobre el patrimonio más elevados del país, en el polo opuesto de Madrid. De hecho, la decisión de bajar de 700.000 a 500.000 euros el límite para declarar el impuesto en Cataluña es una circunstancia que ha favorecido el aumento del número de declarantes en esta comunidad. Por la misma razón, el número de declarantes se ha podido multiplicar por 2,6 veces desde 2012 en Aragón, donde la obligación de declarar el impuesto se ha bajado a 400.000 euros. La cuota media pagada por cada declarante del impuesto en Cataluña fue de 6.627 euros en 2020. El total de lo ingresado por la Generalitat a cuenta de este impuesto fue de 546,5 millones. En Andalucía existen 18.997 declarantes del impuesto, con un patrimonio medio de 2,7 millones de euros, que con la bonificación anunciada por su presidente dejarán de pagar, en promedio, unos 4.913 euros al año cada uno de ellos.
¿Es un impuesto de ricos?
Con carácter general están obligados a declarar el impuesto de Patrimonio, los contribuyentes con bienes inmuebles, afectos a actividades económicas, capital mobiliario, seguros o bienes suntuarios por un importe neto superior a 700.000 euros, una vez descontadas las deudas. La vivienda habitual está exenta hasta 300.000 euros. En Cataluña, Valencia y Extremadura, la obligación de declarar nace a partir de los 500.000 euros (lo cual eleva el número de declarantes) y en Aragón, a partir de 400.000 euros. “Basta tener dos o tres viviendas más diferentes a la habitual para ser contribuyente del impuesto. Yo no creo que eso sea una persona rica”, argumenta Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas. Este es uno de los principales argumentos de los detractores del impuesto. El 67% de lo que se ingresa por el impuesto en el conjunto del Estado se sitúa en el grupo de contribuyentes con una base imponible del impuesto entre 300.000 euros y 1,5 millones de euros. El 26,76 del ingreso procede de contribuyentes con una base imponible entre 6 y 30 millones de euros. Por encima de este patrimonio a penas si se sitúa el 0,33% de los declarantes del impuesto.
