Viajar por vacaciones, comprar un coche o llegar a final de mes es una preocupación para el bolsillo de millones de familias en España, que afronta una inflación galopante y el riesgo de una crisis económica que se agudice varios años. El Índice de Precios del Consumo (IPC) alcanzó en septiembre el 9%. Desde hace más de un año, los costes no han dejado de encadenar subidas debido a la crisis de suministros y al contexto internacional. Que la cesta de la compra sea hoy un 9% más cara que hace un año tiene graves consecuencias para la ciudadanía, especialmente para las capas más vulnerables, que no pueden permitirse afrontar gastos imprevistos. 

Desde hace décadas, la desigualdad y la pobreza es un problema que arrastra la sociedad española, sin embargo, la crisis financiera de hace quince años supuso un mazazo que afectó a las cuentas de la mayor parte de la ciudadanía. “Hay muchos hogares que apenas se habían recuperado de la gran crisis de 2008 cuando llegó la pandemia”, explica Luis Ayala, catedrático de Economía Aplicada de la UNED y uno de los autores del último informe Foessa. Los niveles de desigualdad en España han sido históricamente más altos que en otros países de nuestro entorno y esto afecta a la capacidad de respuesta de una gran parte de la población cuando llegan las vacas flacas. “El problema de la desigualdad se debe a tres factores: un modelo económico poco competitivo, que depende de bajos salarios para subsistir; una tasa de paro estructuralmente más alta, y una menor capacidad redistributiva de nuestras políticas públicas”, señala el experto.

En línea con este pensamiento, Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE, cree que la principal causa del aumento de la desigualdad se debe a la baja productividad de España: “La productividad es una de las principales fuentes del crecimiento económico, por lo que determina el nivel de bienestar al que puede aspirar un país”. Según el investigador, nuestro país tiene un menor crecimiento de la productividad que sus competidores debido a la baja inversión en I+D y a la estructura del mercado de trabajo. “Eso explica una parte importante del menor nivel de renta per cápita con respecto a otros países de nuestro entorno”. Según Eurostat, el PIB per cápita de España, principal indicador del crecimiento económico, es un 18,5% menos que el promedio de la eurozona.

La literatura económica señala que los períodos de crecimiento económico y creación de empleo conllevan reducciones en los niveles de desigualdad. Sin embargo, tras la crisis de 2008, los niveles de inequidad de la distribución de la renta, medidos con el coeficiente de Gini, no han dejado de aumentar en España y solo a partir de 2017 comenzaron a descender. Con el impacto de la pandemia volvió a incrementarse la desigualdad económica. En nuestro país asistimos a una “anomalía” según los expertos consultados: en periodos de destrucción de empleo, como la crisis de 2008, aumenta la productividad y los niveles de desigualdad. Cuando la crisis termina y repunta el empleo, los niveles de desigualdad no decrecen a la misma velocidad. “Es muy difícil reducir la desigualdad si no creas empleo, pero solo con eso no basta”, señala Ayala. “Necesitas un empleo de calidad: estable, suficientemente remunerado y que no sea precario”.

Salarios demasiado bajos

Los datos de ocupación del Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan una mala fotografía del mercado laboral. La tasa de temporalidad se encuentra en el 22,5%, según la Encuesta de Población Activa. Por otro lado, la mitad de los españoles ganan menos de 21.000 euros brutos al año, según la agencia estadística. Finalmente, un indicativo de la precariedad del mercado laboral: el 10% de la fuerza laboral desea trabajar más horas aunque no puede, lo cual significa que una bolsa considerable de empleados no gana lo suficiente o su empleo actual limita sus posibilidades de desarrollo profesional.

La evolución de los sueldos en España es insuficiente para soportar los costes crecientes de la economía, lo que está conduciendo a una pérdida del poder adquisitivo para millones de familias en sectores clave de la economía doméstica. Un estudio conjunto de InfoJobs y Fotocasa reveló que, mientras el salario medio de las ofertas de empleo había crecido un 6%, el precio de la vivienda en venta se había incrementado un 16% en los últimos cinco años. Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, destaca que la evolución de los ingresos entre 2017 y 2020 se vio frenada por la pandemia: “Actualmente, atravesamos un período de moderación salarial que, si bien es necesario para que las empresas puedan hacer frente a la difícil situación económica provocada por la crisis energética y la falta de suministros, también tiene un grave impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras frente a la escalada inflacionista”. Desde Fotocasa advierten de que el problema puede agravarse: “En un contexto de inflación desbocada, la brecha podría incrementarse todavía más, al encarecer el precio de los inmuebles y rebajar la renta disponible de los hogares si pierden poder adquisitivo por el incremento del IPC”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz del portal inmobiliario.

La pobreza aumenta en España

El alto coste de la vida y la brecha de desigualdad existente entre la población ha llevado a que un tercio de la ciudadanía no puede permitirse en la actualidad afrontar costes imprevistos, según registran los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida. “Estamos viendo que los gastos que más están aumentando son justamente aquellos que tienen más peso en las familias de menor renta —explica Luis Ayala—. La alimentación, los suministros, la vivienda, etc. suponen un coste fundamental para el 10% más pobre de la ciudadanía”.

La falta de ingresos está conduciendo a que cada vez haya más carencias materiales entre los españoles. Un tercio de los ciudadanos no puede irse de vacaciones, una de cada siete personas no puede permitirse pagar la calefacción o el aire acondicionado para mantener una temperatura adecuada de su hogar y el 12,6% ha tenido retrasos en el pago de la vivienda.

Un dato destacado es que el 6,5% de la población no puede comprar un ordenador sin comprometer sus finanzas. En la era de la digitalización, en la que cada vez hay más actividades que son realizadas a través de la web, desde trámites administrativos o comprar por Internet hasta educación online o el teletrabajo, no poder afrontar la adquisición de dispositivos electrónicos básicos puede aumentar la división social. “La pandemia y el trabajo en remoto nos ha demostrado aún más la brecha del mercado laboral: un segmento de trabajadores con mayor cualificación, más estable y con salarios más altos, y otro grupo dependiente de trabajos presenciales, que cerraron durante la pandemia; con mayor precariedad, y más vulnerables”, apunta Ayala.

“El crecimiento económico debe ser inclusivo, es decir, que no deje a nadie descolgado”, señala Joaquín Maudos. Sin embargo, la última edición del informe Foessa, referencia en España en la investigación social sobre la pobreza y la integración, señala que menos de la mitad de los hogares está a salvo de sufrir algún tipo de exclusión social. Este fenómeno mide diferentes ámbitos de la vida: el empleo, la educación, la participación política, la vivienda, etc. Conforme se cumplen menos indicadores, el grado de exclusión del hogar aumenta. El informe calcula que en España seis millones de personas se encuentran en un estado de exclusión social severa, lo que supone un aumento del 50% con respecto a 2018. Por otro lado, el INE indica que más de un cuarto de la población (27,8%) se encuentra en riesgo de pobreza, mientras que hace cuatro años era el 21,5%.

“La desigualdad es multidimensional y hay ámbitos que se alimentan entre sí”, apunta Luis Ayala. “Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, se combina un mercado laboral precario, donde los salarios iniciales de ellos son menores que hace décadas, con unos precios del alquiler en máximos históricos”. Según Fotocasa, entre 2015 y 2021, el coste de los alquileres se incrementó en España un 41% y el precio medio de la vivienda en alquiler se situó al cierre de 2021 en 10,2 euros/m2. “Las cifras muestran que la juventud sufre unos niveles muy altos de vulnerabilidad: ingresos bajos, problemas para emanciparse, altos costos de la vivienda, inestabilidad laboral…”.

El papel del Estado

Aunque el modelo económico relativamente improductivo y la precariedad del mercado laboral son componentes importantes para explicar el aumento de la desigualdad y la pobreza, hay un tercer factor que se debe tener en cuenta: el papel del Estado del bienestar para redistribuir la riqueza y equilibrar el mercado. “El nivel de desigualdad antes de impuestos y prestaciones sociales en España no es muy distinto al de otros países europeos”, explica Ayala. No obstante, el catedrático de Economía Aplicada señala que las cifras de renta disponible, después de que el Estado intervenga, es superior a la de otros países. “Nuestra desigualdad es impropia para los niveles de renta que registramos: tenemos una política redistributiva mucho más débil que la de otros países”, valora el experto.

Joaquín Maudos cree que la fiscalidad tiene un papel muy relevante para evitar “la excesiva concentración de la renta y la riqueza” en un reducido número de personas. “En España, en los últimos años, ha aumentado la desigualdad en el reparto de la renta; se está incrementando el peso de los beneficios en detrimento de los salarios”. Esto se ve a la hora de analizar la fiscalidad del país con respecto a otros Estados: la OCDE señala que la presión fiscal española es considerablemente menor que la del resto de las potencias de la Unión Europea.

Sin embargo, los expertos piensan que aumentar la presión fiscal no bastaría para reducir la desigualdad en España. “No hay margen para reducciones generalizadas de impuestos ni de aumento de gasto público; para empezar, porque eso acentúa el problema de inflación. El foco debe establecerse en los colectivos vulnerables que más sufren con la inflación, con medidas muy selectivas y no generalistas-populistas”, señala Joaquín Maudos. Luis Ayala cree que la clave es combinar acciones para reducir la desigualdad: “No basta con solo una política sectorial, no basta con una única prestación. Tenemos que luchar contra la desigualdad desde múltiples frentes”.

Los expertos están de acuerdo en que la estrategia debe ser conjunta para paliar los efectos de la desigualdad y apuntalar un crecimiento sano, que llegue a todas las capas sociales. Señalan algunas claves para ello: mayor y mejor inversión para conseguir un mercado más competitivo, una reducción del desempleo fomentando empleos de calidad, y una reforma de la estructura fiscal y las políticas públicas para reducir la brecha social para mitigar el impacto de las sucesivas recesiones. “Ese es el papel del Estado: evitar que la crisis se cebe con los más vulnerables”, sentencia Maudos.