El Gobierno ha dejado fuera de los Presupuestos del año próximo las medidas vigentes para reducir el impacto de la guerra sobre los bolsillos de las familias y las empresas, a excepción de la prórroga durante todo 2023 de los abonos de viajes gratuitos de Renfe. Pero mantiene la incógnita sobre otras ayudas, como el descuento de 20 céntimos a los carburantes o la rebaja fiscal de la factura de la luz que decidirá antes de finalizar el año. No obstante, las cuentas públicas incluyen otros subvenciones como un alza de 65 millones en las ayudas a consumidores electrointensivos --para sumar un total de 244 millones de euros-- y 102 millones de euros más para el bono social térmico --hasta un total de 259 millones de euros--, un 'cheque' para las familias más vulnerables en su factura de gas.

En total, las políticas de Industria y Energía se elevan un 2,6% en los presupuestos presentados este jueves en el Congreso de los Diputados, hasta alcanzar los 11.600 millones de euros, con especial peso para un plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga y la adquisición de vehículos eléctricos, dotado de 455 millones de euros, y 525 millones para el programa de rehabilitación energética de edificios.

Además, se incluye un incremento de 118 millones para proyectos de hidrógeno renovable y otros 345 millones más para el desarrollo de energías renovables "innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos", así como un alza de 120 millones de euros para el Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado.

El documento, que prevé una estimación de precios del gas para el próximo año de 118'8 euros por megavatio-hora para el año que viene, en línea con los 114,5 euros que dibuja de media este año, no incorpora ningún impuesto verde, como hubiera sido un posible gravamen al diésel o a la aviación. "No es momento de subir la presión fiscal sobre los carburantes cuando precisamente los estamos subvencionando", ha aclarado la titular del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, al ser preguntada sobre este asunto.

La ministra ha cifrado en 35.000 millones de euros el impacto presupuestario de las medidas vigentes que, ha dicho, sitúan a España como el sexto país que más destinó en porcentaje de su PIB para combatir la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Una mayor duración de esta guerra, según se lee en el documento, "prolongaría las tensiones en el mercado del gas, aumentando la probabilidad de efectos de segunda ronda en precios".