Adif ha decidido quitar de todos sus pliegos algunos capítulos de una cláusula anticorrupción, tanto de los que están en curso como de los que licitará en el futuro, tras ganar las constructoras dos recursos que presentaron contra estas cláusulas ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC).

La semana pasada, la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, ya informó de que Adif había anulado esta cláusula para un proyecto en concreto, el del canal de acceso ferroviario para la integración de la alta velocidad en la ciudad, lo que evitaba potenciales retrasos en su ejecución.

Ahora, según han confirmado fuentes del sector, Adif ha decidido quitar esos capítulos de todas las licitaciones recurridas por las constructoras que se encontraban paralizadas, además de no volver a incluirlos en las nuevas licitaciones que saque a concurso en el futuro.

En concreto, uno de los capítulos eliminados es el de "respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta", que incluye ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación de mercados o rotación de ofertas, entre otros.

El segundo de los capítulos eliminados apuntaba a que "el contratista adjudicatario estará obligado durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación a mantenerse en situación de no incurso en prohibición de contratar".

Adif dará ahora un plazo de 15 días para que las empresas que licitaron por alguno de los contratos paralizados puedan revisar sus ofertas y volver al cauce normal de licitación, y un plazo de 5 días en los concursos a los que todavía no se presentó ningún interesado, para que lo hagan.

La empresa pública llevaba aplicando estas cláusulas anticorrupción desde 2019. Sin embargo, fue a partir del pasado 5 de julio, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 204 millones de euros a Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones, cuando las constructoras comenzaron a recurrir estas cláusulas.

Cuando se comunicó la multa, la CNMC remitió la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública para determinar la duración y alcance de la prohibición de contratar con estas empresas.

En cualquier caso, el acatamiento de la sentencia del TARC y la decisión de eliminar las cláusulas de todas las licitaciones acelerará los proyectos y el cumplimiento de los objetivos establecidos en relación a la recepción por parte de España de los fondos europeos.