En ausencia de nuevas medidas de subidas de impuestos o de recorte de gastos, el déficit público permanecerá en España elevado, por encima del 4%, al menos durante los próximos cinco años y la deuda pública aún seguirá rondando el 110% del PIB en 2027. Estas son algunas de las predicciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) incorpora en su informe Fiscal Monitor publicado este miércoles, en el marco de la asamblea de otoño que el organismo multilateral celebra en Washington..
En un entorno de crecimiento del PIB revisado al alza para este año, el FMI prevé que el déficit de las administraciones públicas bajará en 2022 hasta el 4,9% del PIB, desde el 6,9% de 2021. Esta previsión está en línea con la formulada por el Gobierno, que proyecta un déficit del 5% para este año.
La divergencia estalla en 2023 y se prolonga hasta el 2027. El Gobierno prevé que en 2023 el déficit bajará al 3,9% del PIB y volverá a hacerlo en 2024 (3,3%) antes de situarse en 2025 en el 2,9%, por debajo de la referencia del 3% que rige en el procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea. No es tan optimista el FMI. Según el organismo que dirige Kristalina Georgieva, el déficit permanecerá a lo largo del próximo lustro por encima de la cota del 4% (4,2% en 2024 y 4,1% en 2025, antes de volver a repuntar al 4,3% en los dos años siguientes).
Tal evolución del déficit pasará factura a la deuda pública, que, según las predicciones del FMI, aún seguirá instalada en el 109,6% en 2027. La senda de reducción esperada de la deuda pública está en línea con la establecida en el Programa de Estabilidad, que supone que la ratio se sitúe cerca del 112% para 2023, por lo que según interpreta el Ministerio de Economía, "el FMI confirma la responsabilidad fiscal del Gobierno".
Deuda global en el 91% del PIB
"El déficit y la deuda se redujeron en 2021 y en 2022, pero permanece por encima de los niveles prepandemia", sostiene el FMI para el conjunto de los países, en una sentencia válida también para el caso español. La deuda pública global se mantendrá en un elevado 91% del PIB en 2022, aún 7,5 puntos por encima del nivel previo al estallido de la pandemia. "Casi el 60% de las economías de ingresos más bajos ya están en sobreendeudamiento o el alto riesgo de ello, lo cual subraya la necesidad de un sólido marco para aliviar la deuda", se advierte.
El FMI prevé que en la zona euro el déficit público bajará en 2023 al 3,3% del PIB (desde el 3,8% de 2022), con tasas que llegarán al 5,6% en Francia o al 4,8% en Bélgica, por encima del nivel español. Para Alemania se prevé un déficit del 2,5% en 2023, antes de ceder hasta el 0,5% en 2027.
Contra las rebajas de impuestos generalizadas
Después de la mayor tensión en las cuenta públicas derivada de las exigencias de la pandemia, el actual encarecimiento de la energía y de los alimentos vuelve a exigir la adopción de medidas pública por parte de los Gobiernos, dificultando el progresivo retorno a la estabilidad financiera. El FMI ha detectado la adopción de 750 medidas en un total de 174 países en la primera mitad de 2022 para contener los precios de los alimentos y la energía. La mayor parte de las medidas consisten en reducción de impuestos indirectos y de tasas y subsidios a los precios de la energía.
El FMI aprovecha la publicación de su informe 'Fiscal Monitor' para volver a subrayar que las ayudas públicas contra la inflación deben concentrarse en reforzar "las redes de protección social" a favor de los colectivos más vulnerables y evitar medidas generales, para el conjunto de la población. En lugar de rebajas de impuestos -que tacha de "costosas" e "ineficaces"- el FMI aboga, por ejemplo, por aplicar descuentos en servicios básicos a favor de los colectivos desfavorecidos.
El organismo también cuestiona medidas como la rebaja fiscal de la energía o las ayudas directas (como los 20 sentimos por litro de combustible que se aplica en España, a los que no se refiere de forma explícita) pues el FMI considera esencial que no se distorsionen las "señales de precio" en el mercado. Subraya que medidas de este tipo retroalimentan la inflación y derivan en una mayor "transferencia de renta" a favor de los países productores de combustibles fósiles.
Además el organismo subraya la conveniencia de que los países diseñen planes de estabilidad financiera a medio plazo ya que -argumenta- pueden servir para contener la tensión al alza de los tipos de interés en las decisiones de política monetaria contra la inflación que están adoptando los bancos centrales: "En tiempos de elevada inflación, las políticas para contener los precios de los alimentos y de la energía no deben aumentar la demanda agregada. Las presiones sobre la demanda fuerzan a los bancos centrales a subir los tipos de interés aún más, haciendo más elevado el coste de la deuda pública para los gobiernos. Una política fiscal contenida envía una poderosa señal de que los políticos están aliñados [con los bancos centrales] en su lucha contra la inflación".
