La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dado el visto bueno al acuerdo alcanzado entre el grupo Alcoa y los representantes de los trabajadores y valida el despido de las plantillas, lo que permitirá a los extrabajadores cobrar las indemnizaciones pactadas con la multinacional a cambio de desvincularse de la misma y liberarla de toda responsabilidad penal en la venta frustrada a Parter Capital (que la rebautizó como Alu Ibérica y la revendió a Grupo Industrial Riesgo).

Las negociaciones entre la compañía y los sindicatos comenzaron en febrero y el acuerdo se alcanzó en septiembre, una vez que las asambleas de trabajadores –medio millar de personas entre las plantas de Avilés y La Coruña– lo aprobaron. Pero antes de llegar al Supremo, el acuerdo tuvo que salvar la aprobación del expediente de regulación de empleo (ERE) de las dos fábricas por parte de las autoridades laborales de Galicia y del Principado. Y, luego, que los juzgados de lo mercantil (de La Coruña y de Oviedo) que vigilan las dos fábricas lo aprobasen definitivamente.

El acuerdo ya validado por el Supremo supone que los extrabajadores de Alcoa cobren 60 días de salario por año trabajado (sin límite a los mismos) y 10.000 euros para todos los afectados de manera lineal.