El déficit del conjunto de las administraciones públicas, salvo las corporaciones locales, se situó en 25.490 millones de euros entre enero y agosto, un 57,8% menos que en el mismo periodo de 2021 y una cifra que equivale al 1,95% del PIB, y Asturias fue, con 81 millones -el 0,32% de su PIB-, una de las siete comunidades con superávit.
De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda, la corrección del déficit fue posible por el fuerte repunte de los ingresos, que crecieron un 14% -sobre todo los tributarios, que lo hicieron en un 17,7%-, frente a un avance mucho más moderado, del 2 %, de los gastos.
El déficit público avanza así con margen para cumplir la referencia para el conjunto del ejercicio, fijada en el 5 % del PIB, y ya hay instituciones que creen que quedará por debajo de esa cifra.
Como es habitual, la mayor parte del déficit se concentró en la administración central, con un total de 21.154 millones, un 1,61% del PIB, a pesar de que la buena marcha de los ingresos permitió reducirlo en un 61,9 % con respecto al mismo periodo de 2021.
En los ocho primeros meses del año, la Seguridad Social redujo en un 94,2% su déficit, hasta los 353 millones (un 0,03 % del PIB), ante el menor impacto de la pandemia en sus cuentas.
En cambio, las comunidades autónomas acumularon un déficit de 3.983 millones (0,3 % del PIB), frente al superávit de 2021, debido al efecto contable de la liquidación de 2020, cuando los recursos adelantados por el Estado fueron muy superiores a los que finalmente correspondieron -un desfase compensado por el Estado-.
Solo siete comunidades autónomas cerraron agosto con superávit: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, La Rioja y País Vasco.
El déficit del Estado
Hacienda también ha publicado este lunes los datos del Estado hasta septiembre, un periodo en que el déficit bajó a 16.269 millones de euros, un 72,2% menos y un 1,24% del PIB, también gracias al empuje de los ingresos.
En los tres primeros trimestres del año, el Estado acumuló unos ingresos de 194.280 millones, un 27% más, principalmente gracias al impulso de la recaudación tributaria, que se disparó un 21,9 %, pero también al efecto contable de la liquidación del sistema de financiación autonómica del ejercicio 2020.
Todos los grandes impuestos registraron importantes aumentos de recaudación: el IRPF ingresó 43.399 millones, un 37,2 % más; el IVA, 70.218 millones, un 19,8% más (a pesar de la bajada del IVA a la electricidad), y el impuesto de sociedades, 3.496 millones, un 21,9% más.
Creció también la recaudación por el impuesto de hidrocarburos (un 7,9%), el impuesto de primas de seguro (9 %) o el impuesto sobre la renta de no residentes (65,7%).
Por lo que respecta a los gastos, se redujeron un 0,4%, hasta los 210.549 millones, en parte por el efecto contable de comparar con un ejercicio 2021 en que se computaron más de 4.000 millones por posibles créditos fallidos en los avales concedidos durante la pandemia.
Así, a pesar de la reducción, la ejecución presupuestaria muestra un aumento del gasto en intereses de la deuda (del 18,4%), consumos intermedios (4,6%), remuneración de asalariados (2,9%), prestaciones sociales (7,7%, por el mayor gasto en clases pasivas) o transferencias sociales en especie (del 65,8%, por las mayores bonificaciones de billetes a residentes no peninsulares).
La mayor partida son las transferencias entre administraciones públicas, que suponen un 60,9% de los gastos no financieros, que incluye la compensación a las comunidades autónomas por el cambio en la gestión del IVA de 2019 y por el impacto negativo de la liquidación de 2020.
