El Gobierno trabaja en la aprobación del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos y con el objetivo de actualizar antes del fin de legislatura la hoja de ruta sobre cómo gestionar los desechos, cómo desmantelar las centrales nucleares y cuánto y cómo pagar por todos los trabajos. El Ministerio para la Transición Ecológica ha elaborado ya una versión definitiva del plan en la que apuesta por construir siete almacenes diferentes para guardar los desechos, uno en cada una de las centrales nucleares.

El plan del Ejecutivo es mantener en cada central los residuos nucleares después del cierre las plantas, cuya clausura escalonada está programada entre 2027 y 2035. Allí permanecerá la basura nuclear durante décadas, hasta que se construya un almacén geológico profundo (AGP) con el objetivo de que esté operativo en 2073 y que guarde para siempre los desechos.

En principio, el cementerio nuclear definitivo -una suerte de gran agujero en el terreno en el que descansarán los residuos durante miles de años- no estará listo hasta dentro de 50 años, ese es el plazo fijado con el futuro plan, pero el Gobierno se abre ahora a adelantar esos plazos como han venido reivindicando las grandes eléctricas propietarias de las centrales nucleares.

“Podemos conseguir acortar los plazos y tener el AGP lo antes posible”, indicó la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, en un seminario sobre el proyecto del futuro almacén definitivo que se celebra esta semana en Madrid. Un objetivo reclamado por las grandes eléctricas que controlan el parque nuclear en el mercado español, que piden acelerar la puesta en marcha para que la instalación esté lista más de dos décadas antes de lo previsto.

Las eléctricas lo quieren en 2050

Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, propietarias de los reactores ubicados en España, presentaron un documento conjunto de observaciones al borrador del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) en el que pedían mantener sólo durante dos décadas los residuos nucleares en cada una de las centrales y activar directamente la construcción del cementerio definitivo para adelantar su puesta en marcha 25 años antes de lo previsto por el Ejecutivo, para que esté operativo como tarde en 2050 y no en 2073, como adelantó este medio.

Algunas de las centrales nucleares españolas ya cuentan con sus propios almacenes temporales individualizados (ATI) -Zorita, Garoña y Trillo- y en el resto están en proceso de adjudicación y estarán disponibles entre 2025 y 2026 -Almaraz, Vandellós, Ascó y Cofrentes-. Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP apostaron en sus alegaciones por utilizar estos almacenes individuales como solución intermedia durante un par de décadas, hasta que se puedan trasladar todos los residuos al gran cementerio final, el AGP, en 2050.

La propuesta de las grandes eléctricas es utilizar los ATI de cada central para dejar allí los residuos durante dos décadas, pero sin llegar a realizar los trabajos para su conversión en almacenes más completos y con instalaciones complementarias en las que albergar los desechos durante más de cincuenta años, como contempla el PGRR del Gobierno para convertirlos en almacenes temporales descentralizados (ATD).

Objetivo 2073

Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares y el desmantelamiento de las centrales, respalda el objetivo de adelantar el cementerio nuclear definitivo para liberar lo antes posible los terrenos que hoy ocupan las centrales nucleares para dedicarlos a otros proyectos industriales y para reducir la inversión total contemplada para desarrollar el PGRR, de 26.500 millones de euros hasta final de siglo.

La compañía estatal defiende haber incluido en sus borradores del futuro del PGRR el plazo de tener listo el almacén final en 2073 por prudencia. La experiencia internacional actual muestra que el tiempo que hay que destinar para desarrollar todo el proceso hasta la puesta en marcha de un almacén geológico se sitúa entre los 40 y los 50 años. Y Enresa ha optado por ese plazo mayor, aunque entiende que podrá acortarse.

El presidente de Enresa, José Luis Navarro, da por hecho que el conocimiento que podrá obtenerse de otros países que tienen más adelantado sus proyectos de AGP (Finlandia podría tenerlo operativo ya en 2025, Francia y Suecia trabajan ya en los permisos de construcción, Alemania ultima la selección de la ubicación…) permitirá acortar esos 50 años de duración de todo el proceso estimado hasta ahora. “Todos tenemos voluntad de acortar los plazos. Cuanto antes esté listo el AGP, será mejor para todas las partes. En cuanto el PGRR esté aprobado empezaremos a desarrollar y dar pasos sin perder tiempo”, indicó durante el seminario.

“Los plazos y los tiempos se podrán acortar en función de la celeridad en las primeras etapas de desarrollo del AGP”, subrayó la secretaria de Estado de Energía. Y es que hasta contar con el almacén se ha de hacer un inventario de posibles ubicaciones en función de sus características geológicas, se tiene seleccionar un emplazamiento, caracterizar el terreno en detalle, desarrollar los trabajos de licenciamiento del proyecto, construir el almacén y transportar los residuos desde las centrales.

Entre los ochenta y los noventa del siglo pasado, Enresa ya desarrolló trabajos de preparación del futuro AGP. La compañía ya realizó un estudio primigenio de áreas de toda España con características geológicas (tener terrenos arcillosas, graníticas o salinas) y de estabilidad como para acoger el almacén, y también realizó diseños genéricos de cómo debería ser la instalación en función de los diferentes tipo de terreno. En 1996 el plan de búsqueda de emplazamientos se paralizó por el ruido social que generaba la posible ubicación de la instalación definitiva y para apostar por la construcción de un almacén temporal.

Una ley para facilitar consensos

Hasta la última versión del plan de residuos, el Ministerio para la Transición Ecológica mantenía abiertas dos alternativas para guardar los residuos durante unas décadas: construir siete almacenes por toda España o levantar un único cementerio centralizado temporal. El Gobierno alega que la “falta de consenso social, político e institucional demostrada durante el periodo de alegaciones del borrador del nuevo plan de residuos hizo “inviable” la opción de un único almacén centralizado. Desde el sector nuclear se apunta que se debe a que ninguna comunidad autónoma respaldaba la posibilidad de acoger el cementerio nuclear, a pesar del interés de algunos ayuntamientos.

El Gobierno, Enresa y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reconocen que conseguir esos consensos políticos y sociales es el mayor reto para impulsar el proyecto del almacén definitivo y que el proceso no descarrile. El presidente de Enresa, José Luis Navarro, y el del CSN, Juan Carlos Lentijo, han defendido la necesidad de dar estabilidad máxima al proceso mediante una ley con un apoyo claro en las Cortes para articular un procedimiento de participación institucional y social que sea la base del consenso para la selección con éxito de una ubicación para el AGP.