En medio de la crisis de precios de la energía y de las materias primas y con la instalación de renovables atascada por la lenta burocracia, este martes se celebra una nueva subasta de energías verdes en España. En total, se ofrecen 3.300 megavatios para instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Se descarta una puja masiva y a precios tan bajos como los del año pasado, cuando el promedio fue de 24,47 euros y 30,56 euros, aunque la palabra que más se repite es incertidumbre.
Las subastas renovables son concursos que sirven para aportar seguridad financiera a los promotores de proyectos de energía limpia, al garantizarles un precio fijo, y al mismo tiempo asegurar un ritmo mínimo de instalación de potencia renovable en el país. El Gobierno lanzó a finales de 2020 un calendario de concursos con el objetivo de alcanzar 19.500 megavatios de potencia limpia en 2025. Esta es la cuarta subasta que se organiza en el marco de ese almanaque que, a diferencia de las subastas realizadas con el anterior del Gobierno del PP que consistían en pujar a la baja en el precio de la inversión, juegan con el precio al que se ofrece producir la luz.
Sobre la participación de este martes, la mayoría de las compañías prefiere no desvelar sus cartas. EDP y Forestalia son las únicas empresas que confirman su presencia. En la última gran subasta, que se celebró hace un año, no estuvieron ni Iberdrola ni Endesa, lo justificaron por sus desavenencias con el Gobierno –se celebró en plena pugna por el recorte de beneficios a sus centrales nucleares y renovables--. Tampoco Acciona, por cuestiones de calendario. Pero sí Naturgy. Aunque los dos grandes ganadores fueron Capital Energy, que se hizo con la mitad de la potencia subastada, y Forestalia, que se adjudicó cerca del 20% de la capacidad disponible.
Con todo, el contexto de este año 2022 es muy diferente al de entonces, cuando Rusia ya había empezado a cocinar la guerra, pero todavía no se podía ni imaginar a dónde llegarían los precios de la energía. Y aquí aparece una de las primeras incógnitas: si a los promotores les compensa ir a la subasta –donde se garantizan un precio, pero a cambio de cumplir unos plazos para evitar perder las garantías financieras que entregan-- o si prefieren realizar un contrato bilateral directamente con un cliente.
Estos contratos bilaterales (conocidos como ppa, son las siglas en inglés de ‘power purchase agreement’) también se firman por un precio fijo y no están sujetos a constricciones en el desarrollo, aunque está limitado a 67 euros por megavatio-hora, que es el máximo a partir del cual el Gobierno ejecuta un recorte por lo que considera beneficios extraordinarios. “Con los precios tan altos, según la interpretación de cuánto dure la crisis que haga cada uno tiene más interés ir a la subasta o ir a por contratos bilaterales”, reconoce el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso.
El precio de reserva
Una de las incógnitas es el precio de reserva, que fija el Gobierno y es secreto. Es la cifra tope a la que pueden aspirar las ofertas. Si se supera esta cantidad, se quedan fuera del concurso. Esto ocurrió hace un mes en la última subasta con la energía termosolar. Había mucho interés por parte del sector, pero quedó desierta porque los promotores buscaron un precio superior al que determinó el Gobierno como máximo. “Si el precio secreto que ponga el Gobierno es muy bajo puede pasar algo parecido”, advierte José Donoso. Y no debería serlo, defienden, porque los precios de las materias primas han subido, y no se espera que los promotores oferten a precios muy bajos. “No son viables los precios temerarios porque los contratos con los fabricantes a partir de ahora hay que indexarlos a la subida de la inflación porque sus costes han subido”, explica el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez.
Atasco con los permisos
Otra de las preocupaciones es que, al tratarse de una garantía financiera, los promotores pueden participar con proyectos en cualquier fase de su desarrollo. Pero en España hay alrededor de 100 gigavatios (100.000 megavatios) de potencia renovable (según cifras del 'Monitor Deloitte') que han solicitado su permiso de acceso para conectarse a la red que perderán este derecho si no consiguen antes del 25 de enero la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero están atascados por la lentitud administrativa. Y aunque varias fuentes del sector coinciden en que el proceso se ha acelerado en las últimas semanas, existe un gran temor a que muchos se queden sin evaluar. “Algunos proyectos que estén a punto de caducar en enero podrían ir a la subasta, pero si no saben si van a conseguir la DIA no se presentarán. Y otros que no caducan, pero no saben a qué se enfrentan con la tramitación”, explica Virgilio Márquez. La parte positiva es que ese riesgo despeja la especulación. “Como no hay certidumbre sobre la tramitación, solo aquellos seguros de que tendrán tramitaciones irán a la subasta”, añade José Donoso.
