La reforma de las pensiones entra en su fase decisiva y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya ha puesto negro sobre blanco cual es su propuesta. El Gobierno plantea cambiar el sistema de cálculo de las futuras prestaciones, ampliando los años a tener en cuenta pero añadiendo la posibilidad de descartar los dos peores. Según el propio Escrivá este esta modificación beneficiará a aquellos trabajadores con carreras laborales más discontinuas, especialmente las mujeres y aquellos empleados que pierden su puesto de trabajo a pocos años de jubilarse. Por el otro lado, tener en cuenta más años perjudicará a aquellos empleados con carreras laborales más estables y que concentran en los últimos años de vida laboral sus mejores cotizaciones. No obstante, los sindicatos y sus propios socios de Gobierno desconfían de los cálculos del ministro y consideran que ampliar el periodo de cómputo supondría un recorte encubierto.
Actualmente cuando un trabajador decide jubilarse la Seguridad Social toma como referencia para calcular su pensión los últimos 25 años de su vida laboral. No siempre ha sido así ni este es el modelo que rige en toda Europa, donde hay una amalgama heterogénea de sistemas de pensiones. Actualmente son 25 años, pero antes de la reforma del 2011 de José Luís Rodríguez Zapatero eran 15 años. Y la intención de Escrivá es elevar este número de manera "progresiva" -según precisan desde su departamento- hasta los 30 años. Aunque con la posibilidad de descartar los dos peores años, para que así la extensión del periodo de cómputo no sea tan dañina para la futura pensión del trabajador.
Históricamente la ampliación de los años cotizados para calcular la pensión no ha beneficiado a los trabajadores. Según un reciente informe del Banco de España, la reforma del 2011, cuando se pasó de 15 a 25 años, supuso un recorte del 5% sobre las futuras prestaciones. Ese mismo estudio ratifica que ampliar sin efectos correctores los años de cálculo es perjudicial para los intereses de los trabajadores, en tanto que cobrarán menos pensión. Pasar, por ejemplo, de 25 a 35 años implicaría un recorte de la prestación de un 8,2%. Esta posibilidad la barajó en su día Escrivá, aunque no llegó a desarrollarla íntegramente ante las divisiones internas de la coalición.
El planteamiento que ha puesto encima de la mesa el ministro de la Seguridad Social es una cuestión, según sus números, de equidad. "El 30% de los futuros pensionistas se verán beneficiados con la reforma", apuntaba Escrivá en una entrevista en El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica. Su intención no es que la Seguridad Social ingrese más por esa vía o gaste menos, sino que gaste diferente. Es decir, que aquellos con peores carreras laborales salgan beneficiados. Volviendo al estudio del Banco de España, la ampliación del periodo de cálculo sumada a posibles efectos amortiguadores -como dejar al futuro pensionista elegir sus mejores años de cotización- perjudica en mayor medida a los trabajadores con salarios medios, beneficia a aquellos con nóminas bajas y tiende a un efecto neutro para las más altas.
Desconfianza entre sus socios
El discurso de Escrivá apunta a una mejora de la equidad con su reforma, pero no todos los actores implicados en la misma dan validez a sus números. Primeramente los propios agentes sociales con los que está negociando la reforma. Si bien la CEOE no se ha pronunciado específicamente sobre este tema, sí lo han hecho CCOO y UGT. Las centrales ven con buenos ojos una de las dos patas de la reforma: subir las bases máximas de cotización. Esto significa que la gran empresa y la Administración pague más por sus trabajadores de mayores salarios, ya que actualmente hay una parte importante de salario que no cotiza. Pero los sindicatos desconfían en entrar a cambiar el periodo de cómputo, algo por lo que fueron criticados cuando avalaron la reforma del 2011.
"No es, en nuestra opinión, una medida necesaria en este momento, cuando acabamos de culminar el desarrollo de la extensión anterior, ni tenemos la certeza de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria, lo que constituye una condición necesaria para cualquier nuevo debate al respecto", afirmó CCOO en un comunicado tras recibir la propuesta formal del Gobierno. En la misma línea se ha expresado UGT. "El ministro ha vuelto a equivocarse, es un debate que no es necesario abordar hoy. Todavía estamos en el último año de entrada en vigor de los 25 años (de cómputo) sin saber aún sus efectos prácticos sobre el sistema", ha dicho su secretario general, Pepe Álvarez, en declaraciones a RNE este martes.
La desconfianza de los sindicatos y el rechazo de Unidas Podemos a tocar esta cuestión complica las negociaciones. "Confiamos en que Escrivá renuncie. No vamos a avalar recortes", apuntan fuentes de la formación morada, que desconfían totalmente de los cálculos del ministro, pese a que no aportan propios. Desde Podemos consideran que esta cuestión no está dentro del pacto de la coalición, pese a que el Gobierno en su conjunto remitió dicho compromiso a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación para la recepción de los fondos europeos. Esa promesa condiciona el calendario de negociaciones y el 31 de diciembre la reforma tiene que estar aprobada.
