ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Seguridad Social niega la atención presencial que exige a la banca

El sector laboralista afirma que la obligación de realizar todos los trámites vía telemática genera "inseguridad jurídica"

Dos usuarios denuncian la falta de acceso a a TGSS de Valencia.

Dos usuarios denuncian la falta de acceso a a TGSS de Valencia. / F. CALABUIG.

Mónica Ros

Un señor mayor que quiere contratar a una empleada del hogar, u otro que la quiere dar de baja porque se va a vivir con su hijo; Una mujer que se muere y su hija comprueba que sigue percibiendo la pensión de viudedad que debería dar de baja pero, claro, la mujer ha fallecido y ella es la hija, no la titular; una familia vulnerable y en riesgo de exclusión social que tiene derecho al Ingreso Mínimo Vital (IMV); un jubilado que desconoce su base reguladora, una mujer que quiere dar de alta a su hijo recién nacido para que le asignen un pediatra y otra que necesita cobrar la baja de maternidad…

Quien tiene o ha tenido que realizar un trámite en la Seguridad Social desde que las oficinas cerraran al público hace tres años sabe que la única manera de garantizar el acceso a las prestaciones gratuitas a las que tiene derecho es pagar a un profesional para que realice el trámite. Lo denuncian los usuarios, los sindicatos y, ahora, los profesionales laboralistas, que critican un sistema automatizado donde se niega la atención presencial y genera “inseguridad jurídica”.

Y es que el Gobierno le ha exigido a la banca la inclusión financiera de los mayores y que garanticen sus servicios en la España vaciada con oficinas que habían cerrado y un trato presencial para proteger los derechos de personas mayores o vulnerables. Pero ¿qué ocurre con la Seguridad Social? La atención en ventanilla ha desaparecido desde hace tres años, tal como ha publicado Levante-EMV y el Gobierno aumenta la brecha digital igual que lo hace la banca.

La entrada a las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) está prohibida al ciudadano ya que las oficinas son ahora virtuales y los trámites, burocráticos.

Esta "privatización encubierta" de la Seguridad Social obliga a los usuarios a acudir a profesionales laboralistas para conseguir prestaciones que son gratuitas. Los retrasos a la hora de cobrar jubilaciones, pensiones de viudedad, prestaciones por baja de maternidad o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) son una realidad ante una falta de atención directa que suma quejas de usuarios y también de profesionales, que se ven obligados a realizar cursos de forma constante para ver cómo realizar los trámites o dudas que debería resolver un funcionario en ventanilla.

Y es que los profesionales (abogados, graduados sociales, asesores laborales…) tampoco pueden acceder a las oficinas de forma presencial. Para ellos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha creado “Casia”, un sistema de comunicación online entre profesionales y las administraciones públicas para la gestión diaria.

Desde el sector de los profesionales laboralistas lamentan la falta de atención presencial ya que se ha generado “una indefensión jurídica” al usuario y a quienes trabajan en el sector. “Es como si para realizar un empadronamiento se obligara a la firma digital y no hubiera atención presencial. Es algo incomprensible y genera indefensión jurídica total. No se puede entender como la Administración está haciendo lo mismo que afea a la banca. Le exigen a los bancos que tengan atención presencial y es la propia Administración la que lo tiene todo digitalizado”, explica Rubén Molina, graduado social de un despacho laboralista en València.

De hecho, este mismo despacho formalizó una queja ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al inició de la pandemia denunciando unos cambios en la legislación laboral que se ha acompañado en una digitalización total, una reducción de funcionarios y la prohibición de la atención presencial lo que perjudica a ciudadanos, trabajadores, empresarios y autónomos. La queja está pendiente de resolución mientras la brecha digital aumenta.

Desde el sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) critican la obligación que le han impuesto al usuario de pagar para conseguir prestaciones gratuitas. Desde el sector laboralista explica que no cobran, ni de lejos, todos los servicios que realizan pero que deben cobrar por realizar su trabajo porque lo contrario implica realizar el trabajo de los funcionarios, sin serlo ni percibir salario alguno.

"Hay infinitas gestiones que realizamos de forma gratuita porque es indigno gestionarle a alguien el Ingreso Mínimo Vital y cobrarle 60 euros por eso pero, claro, nosotros tenemos que cobrar por nuestro trabajo y nuestro tiempo. Somos profesionales pero estamos cubriendo el agujero de la falta de personal y de la digitalización de un sistema que implica que haya personas mayores o vulnerables, sin conocimientos ni recursos, obligados a tener un certificado digital", explica Molina.

Además, desde el sector también alteran de la "tasa de reposición cero" de los funcionarios de la Administración que cada día son menos para un volumen de trabajo que no para de crecer.