CRISIS ENERGÉTICA

Las eléctricas presionan a Ribera para cambiar quién paga la 'excepción ibérica' hasta 2025

Las compañías quieren que el Gobierno aproveche la ampliación del tope al gas para introducir reformas y evitar la distorsión de cargar a clientes con contratos fijos el coste de compensar a las centrales de gas

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición EcológicA, Teresa Ribera.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición EcológicA, Teresa Ribera. / EP

David Page

El Gobierno quiere blindarse frente a grandes subidas del precio de la luz mientras dure la crisis energética. Y la forma más fácil, hasta que la Unión Europea acceda a revolucionar la actual regulación del mercado eléctrico mayorista, pasa por mantener el actual mecanismo de tope al gas que se aplica en el mercado español durante los próximos años.

La vigencia de la denominada 'excepción ibérica' -el límite al precio de gas que se utiliza para producir electricidad que se aplica en España y Portugal- expira el próximo 31 de mayo, pero el Ejecutivo español quiere extenderla al menos hasta final de 2024 y va a solicitar a la Comisión Europea permiso para prolongarla.

Las grandes eléctricas admiten que el mecanismo ideado por el Gobierno ha servido para contener el precio de la luz en el mercado mayorista durante los últimos seis meses, desde que entró en vigor el pasado 15 de junio. Pero las compañías advierten de que una medida intervencionista de este tipo sólo tiene sentido si es estrictamente temporal y mantenerla durante otros dos años pone en cuestión su carácter excepcional, según indican fuentes de varias empresas.

Desde el sector eléctrico se reclama que el Gobierno aproveche la petición a Bruselas de extensión de la vigencia de la excepción ibérica para incluir cambios en su funcionamiento, fundamentalmente reformas sobre cómo se reparte quién paga el coste adicional que supone tener activado un tope al precio del gas y que seguirá engordando si se mantiene el mecanismo hasta 2025.

Y es que desde las compañías eléctricas se viene denunciando la “distorsión” que supone la excepción ibérica para el funcionamiento del mercado minorista de luz, dado que el coste millonario de compensar a las centrales de gas para que cobren a pesar del tope lo que les cuesta producir la electricidad lo están pagando también clientes que tenían contratada una tarifa que les daba derecho a un precio fijo y que ahora se ha convertido en variable por el sobrecoste que se les aplica.

Precios fijos convertidos en variables

La 'excepción ibérica implica imponer un un precio máximo al gas que se utiliza para producir electricidad (de 48,8 euros por MWh de media durante un año) para rebajar la cotización del conjunto del mercado eléctrico al conseguir que el precio del gas no contamine el del resto de tecnologías de producción. Pero la electricidad producida por las centrales se sigue pagando a su precio real para que no produzcan con pérdidas, así que perciben una suerte de compensación que pagan los clientes que se benefician de la bajada general del precio del mercado mayorista.

Desde el mismo día de entrada en vigor del mecanismo, el sobrecoste de las centrales de gas lo empezaron a pagar los clientes con tarifa regulada. Y de manera progresiva esa compensación se ha ido asumiendo también por los clientes del mercado libre cuando han ido actualizando las condiciones de sus tarifas al renovar o cambiar su contrato. Es precisamente este traslado de un sobrecoste variable (dependiendo del precio del gas y de cuánto se utilicen las centrales de gas) a clientes con tarifas que tenían pactado un precio fijo lo que las grandes eléctricas consideran una distorsión comercial inasumible y presionan al Gobierno para eliminarlo.

Desde el sector eléctrico aún no se mojan abiertamente con una propuesta clara sobre quién debe asumir el sobrecoste de compensar a las centrales de gas si no lo hacen los consumidores que se benefician del descenso del precio del mercado, pero apuntan que en otros países europeos que se han planteado activar mecanismos similares se había apuntado como posibilidad trasladar el sobrecoste a los presupuestos estatales o al conjunto del sistema eléctrico.

Mantener el tope en 45 euros

El mecanismo pactado por los gobiernos español y portugués con Bruselas contempla aplicar durante los primeros seis meses un límite al precio del gas que se usa para producir electricidad de 40 euros por megavatio hora (MWh) e ir aplicando subidas de 5 euros cada mes hasta terminar en los 70 euros por MWh. Desde el pasado 1 de enero el precio límite que se aplica es de 45 euros.

El objetivo del Gobierno es conseguir que Bruselas no sólo amplíe el plazo de vigencia de la excepción ibérica, sino que también que permita mantener el tope al gas a un nivel similar al actual. “El objetivo es que quede lo más parecido a como está hoy, que quede lo más bajo posible, en el entorno de los 45 o 50 por MWh”, apuntó esta semana la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Los mercados mayoristas eléctricos en Europa funcionan con sistemas marginalistas, que hacen que la última oferta de producción en casar con la demanda es la que fija el precio para todas las demás. La última oferta es en muchos casos la que realizan las centrales de gas, que durante la crisis energética han soportando los precios internacionales disparados, y que empujan al alza el precio de toda la electricidad, también la de las renovables o las nucleares que no soportan esos costes extra por la subida del gas.

España y Portugal aplican un precio máximo sólo a las ofertas que pueden presentar en el mercado eléctrico las centrales de ciclo combinado (las que queman gas para producir electricidad). Con ello, el conjunto del mercado eléctrico contiene su precio al conseguir desacoplarse del precio del gas. Según los cálculos del Gobierno, los consumidores españoles se han beneficiado de un ahorro neto de más de 4.500 millones de euros gracias al menor precio marcado por el mercado gracias al tope al gas.

Cambios en la factura

El Gobierno ha obligado a las eléctricas a introducir cambios en el diseño de la factura de luz para evitar informaciones sesgadas de las compañías eléctricas acerca del efecto de la 'excepción ibérica' sobre el precio final de la electricidad, tras detectar datos que considera poco transparentes sobre el impacto del tope al gas.

Y es que las eléctricas del mercado libre han estado incluyendo en los recibos que envían a sus clientes información sobre el coste de su consumo habitual y también sobre el sobrecoste que deben pagar parte de ellos para compensar a las centrales de gas por la excepción ibérica para evitar que produzcan con pérdidas. Y lo han hecho con diferentes terminologías, incluso refiriéndose a esa compensación como un impuesto.

Entre otras novedades, el Gobierno obliga ahora a las compañías a facilitar esos datos con una terminología unificada y también incluyendo la información sobre cuál sería el precio del mercado eléctrico si no se estuviera aplicando el mecanismo ibérico y, por tanto, sobre el ahorro que está suponiendo a todos los clientes.