Bruselas amplía el veto al arrastre con las áreas protegidas: ocuparán el 30% del mar de la UE

Lleva casi dos años siendo una incógnita y generando preocupación entre la flota pesquera, pero el próximo mes será una realidad. El Plan de Acción para la conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos, enmarcado en la 'Estrategia de Biodiversidad' de la Unión Europea, verá la luz a finales de febrero tras varios retrasos. Y lo hará en medio de un paquete de cuatro significativas medidas que afectarán de una forma u otra a esta industria, como explicó el martes la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la UE, Charlina Vitcheva, en su visita a Vigo. La búlgara, que acudió a la presentación de las tres nuevas patrulleras de la Agencia Europea para el Control de la Pesca (EFCA), explicó tras el acto las implicaciones que tendrá el plan, cuyo principal cometido será explicar cómo afectará a la pesca la ampliación de forma significativa de las áreas marinas protegidas (MPA, en inglés), que pasarán de un objetivo del 10% a un 30% de aquí a 2030. Y según Vitcheva, Bruselas propondrá comenzar priorizando las MPA “donde el objetivo es proteger el fondo marino”. “No podemos defender que vamos a proteger los fondos marinos y al mismo tiempo permitir el arrastre”, concluyó.

La existencia del Plan de Acción, cuya publicación estaba prevista inicialmente para la primavera del pasado año, fue avanzada por Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica, en exclusiva en mayo de 2021 con la publicación del contenido de la 'Estrategia de Biodiversidad'. Y hasta esta semana, nadie sabía nada acerca de su posible contenido, más allá de que apuntaba a limitar el arrastre al ser considerada como el arte más dañina.

Vitcheva señaló que los retrasos se debieron a que “no es fácil tener sostenibilidad en todos los aspectos” y que había una seria de “conflictos” a la hora de su redactado. Ahora, lo defiende como “objetivo” y, según comentó, “enumerará una serie de acciones” a llevar a cabo para que, “a largo plazo”, se produzca “un aumento de las oportunidades para la actividad económica y más trabajos”.

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¿Y qué supondrá esto para la pesca? Pese a que mencionó en un principio que prefería no comentar mucho sobre ello al estar todavía en fase de “discusión interna”, sí incidió en que el arrastre “todavía es una de las [artes] más dañinas”, por lo que el Plan de Acción tiene como meta “limitar su impacto en el los hábitats sensibles y en los recursos marinos”. “Tenemos que ser francos; inevitablemente tenemos que lidiar con el arrastre de fondo”, recalcó la responsable de la DG Mare, que avanzó que habrá medidas para estas AMP que “serán de prohibición”, mientras que “otras serán de alivio de su impacto”. En cualquier caso, limitando la actividad de esta flota.

Efectos

La otra gran duda está en cómo se conjugarán estas áreas marinas protegidas con las 87 zonas ya vedadas desde el pasado 9 de octubre para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés). “Son complementarias”, aseguró Vitcheva, “habrá, de hecho, un plan sólido y robusto, conjunto”.

Sobre esto último, Vitcheva también aclaró el calendario previsto para los informes que posibilitarán la revisión de las 87 zonas. En un principio, el nuevo informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) se iba a publicar el 26 de enero, pero finalmente se retrasa al mes de abril para “proporcionar unos datos más sólidos”. Y no será hasta su publicación cuando el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (Stecf, en inglés) pueda realizar el análisis de impacto socioeconómico que no fue realizado antes de la implementación de la medida, lo que había provocado el enfado de la industria y una tensa primera visita a Vigo por parte de la propia Vitcheva. “Una vez esta recomendación esté disponible, el Stecf tendrá que proporcionar su opinión, identificar todos los impactos analíticos, y luego implementaremos la revisión”, zanjó.

Por este motivo, y aunque Bruselas hará “todo lo posible por contraer los plazos”, Vitcheva abrió la puerta a un “probable” retraso en la evaluación del veto a la pesca de fondo, que podría no producirse hasta 2024. “Esperamos el informe del ICES en abril, y tendremos que ver si somos capaces de hacer una propuesta de revisión en este año”, zanjó Vitcheva.

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