España se queda sola en la demanda ante Bruselas por los vetos a la pesca de fondo

El pasado 9 de octubre, la Comisión Europea puso en vigor el reglamento que establecía 87 vedas en el Atlántico para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés). Ocupaban cantiles desde el Golfo de Cádiz hasta Gran Sol, caladeros de vital importancia para los buques que realizan pesca de fondo de especies tan importantes como merluza, rape o gallo. La polémica medida establecía que en esas amplias zonas la flota arrastrera y los palangreros de fondo no podrían trabajar, obligando a una dispersión de la actividad, al atasco en otras zonas de pesca y, finalmente, a una reducción manifiesta de capturas. Aunque una aclaración posterior (por un error de batimetría) liberó 41 zonas que no llegaban a los 400 metros de profundidad fijados, el impacto seguía siendo considerable para el palangre gallego, que en el primer mes de vigencia perdió un 50% de las capturas y un 20% de la facturación. Ante esto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación decidió presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE, un paso al que esperaban que se sumasen los otros países afectados. Sin embargo, Irlanda, Francia y Portugal no se unirán a España, que se queda sola en la batalla legal.

Aunque durante aquellas frenéticas semanas de verano y otoño los otros tres países se pusieron del lado español, respaldando su argumentación, ninguno de ellos ha dado el paso para oponerse a la Comisión Europea. El propio ministro de Pesca español, Luis Planas, comentó a principios del pasado diciembre durante su visita a Vigo para presentar la Mesa de la Ciencia Pesquera que esperaba que Irlanda, Francia y Portugal se sumasen a la demanda en cuestión de semanas.

Tal y como informó el ministro entonces, su Departamento trasladó el posicionamiento jurídico español a los responsables pesqueros de estos países. En la demanda, interpuesta el pasado 14 de noviembre, el Gobierno entiende que hay “deficiencias de fondo y de forma” en el reglamento de ejecución y alega que la medida es desproporcionada, que no ha considerado los posibles impactos socioeconómicos sobre la flota pesquera y que, sobre todo, vulnera los principios de la Política Pesquera Común (PPC) de “buscar un equilibrio entre la protección de la biodiversidad marina y el mantenimiento de la pesca sostenible”.

Si bien ninguno está tan afectado como España, por número de barcos, los tres países sufren los cierres en sus aguas, un precedente iniciado por la Comisión Europea que se podría extender en el futuro, tanto en la superficie afectada como en las profundidades vedadas. Y aunque la propia secretaria de Estado das Pescas lusa, Teresa Coelho, trasladó en prensa su apoyo a España en el recurso, ni Portugal, ni Francia ni Irlanda han dado el paso.

Aprovechando la presentación de las tres nuevas patrulleras de la Agencia Europea para el Control de la Pesca (EFCA) esta semana en Vigo, la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, confirmó a Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica, que el país estará solo en la demanda. Aunque reconoce que todavía queda tiempo para que den el paso, da por hecho que no se producirá ante la ausencia de respuesta por parte de sus homólogos. “No creemos que se vayan a sumar, aunque es cierto que todavía habría tiempo”, se limitó a explicar.

De hecho, la prensa de estos países apenas recogió en sus páginas la implicación de este reglamento, al contrario que en España. No en vano, además del propio Gobierno parte de la flota también ha presentado un recurso. En concreto lo hizo la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7) al verse seriamente impactada. Reclama la anulación de la normativa y contará con la Xunta de Galicia como parte coadyuvante.

Visión comunitaria

En el mismo acto al que acudió Villauriz también lo hizo la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la UE, Charlina Vitcheva. Además de confirmar que la pesca de fondo se verá impactada también por la ampliación del 10% al 30% de las áreas marinas protegidas (MPA, en inglés), la búlgara se pronunció por primera vez sobre el recurso. “Es un derecho del Estado miembro”, comentó, “no quiero comentar las razones”.

Si bien no quiso profundizar, Vitcheva defendió el trabajo de la Comisión. “Creo que nosotros, como Comisión, hemos implementado nuestra obligación legal. No teníamos más justificaciones para retrasar el proceso”, señala sobre la aplicación de las 87 vedas, que como viene diciendo desde el inicio de la polémica se trata de una decisión de los legisladores de 2016 y que ellos tuvieron que “implementar”. “Tendremos que esperar al resultado proceso. Es tiempo de que se pronuncien los jueces”, añadió.

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