La Xunta de Galicia multará con 150.000 euros por insultar o agredir a los inspectores de alimentación

La Xunta  de Galicia ultima su ley de calidad alimentaria con la que, entre otros objetivos, se pretende fomentar y garantizar la producción de alimentos de calidad, actualizar el funcionamiento de los consejos reguladores de denominaciones de origen o con indicación geográfica protegida, reglamentar los deberes de los operadores y la actuación de la inspección para mejorar la eficacia del sistema de control oficial, perseguir las prácticas fraudulentas o regular el régimen de sanciones ante las ilegalidades que se cometan. La futura norma prevé una larga lista de infracciones y un duro sistema de multas que en los casos extremos pueden llegar a los tres millones de euros.

En este sentido, tal como está actualmente redactado el anteproyecto de ley, se considerarán una infracción “muy grave” incluso los “insultos, coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o cualquier otra forma de presión grave” al personal encargado de las inspecciones en materia alimentaria –que pueden ser empleados públicos de la Xunta o trabajadores de los consejos reguladores– o de instruir los expedientes, que será castigada con sanciones que arrancan en los 150.001 euros y pueden llegar a los 3 millones.

Fase consultiva

El documento ya ha sido presentado, entre otros órganos, al Consello Agrario de Galicia y al CES, para que emita su dictamen, algo que hizo el pasado mes y uno de los aspectos que cuestiona, precisamente, es la “desproporción” de esta multa por encuadrar en el mismo supuesto comportamientos bastante diferentes. “Todas esas conductas [en referencia a los insultos, amenazas y agresiones], que son graves dentro de la actuación inspectora, aparecen solo como infracción muy grave sin ningún tipo de graduación en su conducta, lo que implica un mínimo de 150.000 euros de sanción”, se dice en el informe del Consello Económico e Social.

“El CES considera adecuado contemplar algunas de estas conductas dentro de las infracciones graves y detallar mejor el tipo de conductas para castigar de forma adecuada y proporcionada este tipo de actuaciones, pues se iguala un insulto con una agresión física, lo que resulta también desproporcionada, aunque se trate de conductas igualmente reprochables”, se añade.

Texto en elaboración

Consultado al respecto la Consellería do Medio Rural, el departamento de José González tan solo indicó que se trata de un anteproyecto de ley que aún está en periodo de revisión. Antes de convertirse en norma legal, tiene que superar otros trámites consultivos, aprobarse en el Consello de la Xunta y salvar el debate parlamentario.

En su régimen de sanciones, las infracciones leves podrán llegar hasta los 4.000 euros de multa, mientas que en las graves oscilará entre los 4.001 y los 150.000 euros y en las muy graves, entre 150.001 euros y los 3 millones, indicando, en todos los casos, que la sanción que se imponga no puede ser nunca inferior a la cuantía del beneficio del ilícito obtenido con la comisión de las infracciones.

La revisión del catálogo de infracciones y del procedimiento sancionador se adecua además al cada vez mayor volumen de ventas que se realizan a través de páginas web y mediante el comercio electrónico.

Confusión de "marcas"

La futura ley también pretende eliminar las prácticas comerciales que intentan confundir al consumidor usando, en las etiquetas, términos que contengan nombres protegidos y reconocidos en el mercado, sin tener derecho a ello, para aumentar las ventas. Algo similar a las bolsas de pimientos “tipo Padrón” que se encuentran en los supermercados, esquivando así la denominación de origen protegida “Pementos de Herbón”.

“La utilización cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones, nombres comerciales, marcas, símbolos o emblemas que contengan los nombres protegidos por una denominación geográfica u otras figuras de protección de calidad diferenciada, aunque vayan acompañadas de los términos tipo, estilo, género, imitación, sucedáneo y otros similares”, se considerará una infracción muy grave.

También merecerán la misma categoría que las industrias suministren productos alimentarios o materias primas no permitidas para la elaboración de alimentos, así como comercializar con mercancías intervenidas, movilizar vehículos paralizados cautelarmente u, obviamente, impedir por cualquier medio la actuación de los inspectores, ya sea bloqueando el acceso a las instalaciones y medios de transporte o negándose a la toma de muestras.

Órganos de apoyo

Entre las novedades de la futura norma figuran la creación de dos nuevos órganos de consulta y participación del propio sector: el Consejo Alimentario de Galicia, un órgano colegiado de asesoramiento, apoyo y propuesta para los asuntos referidos a la ordenación, promoción, fomento y desarrollo de la calidad alimentaria, y la Mesa de la Calidad Alimentaria Diferenciada de Galicia, que servirá de asesoramiento e impulso del sector alimentario de la calidad más elevada.

También se regula de manera más extensa el sistema de autocontrol de las personas operadoras, las medidas de fomento de la calidad alimentaria y la promoción del cooperativismo en el sector alimentario; se reforma el funcionamiento de los consejos reguladores para potenciar su profesionalización; e incluye la definición de la calidad estándar y de la calidad diferenciada (en función de se las características cualitativas de un producto son consecuencia del cumplimiento de requisitos obligatorios o de normas de carácter voluntario).

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