Seguridad Social

Informe de la Airef: "La reforma de las pensiones empeora su sostenibilidad"

La Autoridad Fiscal calcula que la reforma de Escrivá eleva en un punto de PIB el déficit del sistema de la Seguridad Social a medio plazo

La AIReF pone en entredicho la reforma de las pensiones de Escrivá

Rosa María Sánchez

El conjunto de la reforma de las pensiones emprendida por el Gobierno en 2021 y que ha culminado este mes de marzo "empeora la sostenibilidad del sistema" ya que las nuevas medidas adoptadas para aumentar los ingresos (cotizaciones y recargo de solidaridad) no compensan el mayor gasto que se deriva de otras de ellas (como la revalorización de las pensiones con el IPC) y elevarán el déficit público en aproximadamente un punto de PIB en el horizonte de 2050 (unos 13.300 millones de hoy, por año).

Así lo ha explicado este viernes la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, durante presentación de su informe 'Opinión sobre la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo', el primero que analiza la incidencia de la demografía en las finanzas públicas y que ya incorpora cálculos sobre el impacto de la reforma del sistema público de pensiones que ha culminado el Gobierno en marzo.

Según los cálculos elaborados por la Airef, las medidas de mayor gasto introducidas por la reforma -entre las que se incluye la revalorización de las pensiones con el IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad que había adoptado el Gobierno del PP de Mariano Rajoy- contribuirán a elevar su peso en el PIB en 2,4 puntos en el horizonte de 2050, hasta situarlo en el 16,2% en 2050 (el 14,8% si no se tienen en cuenta las pensiones de las clases pasivas ni las prestaciones no contributivas).

Por otra parte, la Autoridad Fiscal estima que el impacto recaudatorio en 2050 del Mecanismo de Equidad Integeneracional (0,4 puntos de PIB), la reforma de las cotizaciones de los trabajadores autónomos (0,5% del PIB), la evolución de las bases máximas de cotización (0,4 puntos) y la tasa de solidaridad (0,1 puntos) sumarán 1,3 puntos de PIB a los ingresos.

La diferencia entre el impacto de las medidas de gasto (2,4 puntos) y el de las de ingresos (1,3 puntos) arroja un desfase de 1,1 puntos que se traduciría en un mayor déficit del sistema de pensiones a medio plazo. "No sé si esto empeora la sostenibilidad, lo que está claro es que no la mejora", dijo Cristina Herrero, matizando sus impresión inicial.

Como colofón de su informe, la Airef realiza una serie de propuestas que incluyen, por ejemplo, que el Gobierno publique sus metodologías para la determinación de los niveles de gasto e impacto de las medidas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, consideró que las propuestas de la Airef son "absolutamente razonables y sensatas". Respecto a las cuentas del sistema, el ministro opinó que el déficit proyectado por la Airef parte de un escenario "inercial, claramente ya superado" y añadió que, en todo caso, desviaciones "en horizontes tan largos" son "manejables". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también terció en la polémica para defender la "solidez y robustez" de los números tratados con las instituciones comunitarias para acordar la reforma de las pensiones en España.

Los primeros ajustes podrían llegar en 2025

La opinión de la Airef sobre la sostenibilidad de la reforma de las pensiones no es baladí. El propio real decreto ley aprobado por el Gobierno y que se someterá a convalidación en el Congreso de los Diputados la semana próxima concede a la Airef un papel fundamental como juez de la sostenibilidad del sistema de pensiones: en 2025, y a partir de ahí, cada tres años, deberá dictaminar si la evolución de los ingresos y de los gastos se ajusta a los parámetros que fija el decreto. Si no es así, se activará de forma automática la necesidad de ajustes adicionales.

De acuerdo con los cálculos preliminares de la Airef, la necesidad de un primer ajuste en las cuentas del sistema podría llegar ya en 2025. Según el escenario base que maneja la Autoridad Fiscal, este ajuste necesario podría situarse en el entorno del 0,8% del PIB (equivalente a unos 10.600 millones de hoy) y, de acuerdo a lo previsto en el real decreto ley de reforma de las pensiones, podría arbitrarse en forma de algún recorte en la cuantía de las pensiones o de nuevas formas de ingresos.

En todo caso, esta evaluación deberá realizarse sobre la base del próximo informe 'Aging Report' que la Comisión Europea debe publicar en 2024 (el anterior data de 2021), con proyecciones sobre el efecto del envejecimiento de la población en el gasto público de cada uno de los Estados miembros a largo plazo.

Las reglas fiscales impondrán un ajuste anual de entre 4.400 y 5.700 millones

De momento, lo que sí ha hecho la Airef es publicar este viernes su ambicioso informe 'Opinión sobre la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo' en el que formula estimaciones sobre el efecto que la demografía tendrá sobre la deuda pública española hasta 2070, tomando en cuenta factores como el envejecimiento, la tasa de natalidad o la inmigración. Además, la proyección de la Airef se realiza sobre el supuesto de un crecimiento del PIB en torno al 1,3% en promedio de 2020 a 2070.

Así, en su escenario base, la Autoridad Fiscal concluye que, en ausencia de medidas, el nivel de deuda pasaría desde el 118% del PIB marcado en 2021 al 147% del PIB en 2050, hasta llegar al 186% del PIB de 2070.

A partir de esta proyección inicial, y tomando en cuenta los criterios de las nuevas reglas fiscales que la Comisión Europea ya ha publicado para su implantación a partir de 2025, la Airef concluye que España debería acometer ajustes anuales entre 0,43% y el 0,33% del PIB cada año para consolidar una senda de reducción de la deuda pública a medio plazo compatible con un objetivo de déficit que no supere el 3% del PIB. Dependiendo si los planes de ajuste se formulan a cuatro o a siete años -con efectos prolongados a lo largo de una década posterior- los ajustes anuales derivados de las nuevas reglas fiscales para España, serían de equivalentes a 0,43 ó a 0,33 puntos de PIB, cada año.Traducido a euros de 2023, esta conclusión apuntaría a la necesidad de ajustes anuales en las cuentas públicas de entre 5.700 y 4.400 millones cada año (ya sea por el lado de los ingresos o de los gastos).