El Ejecutivo declara el taxi como servicio de interés público y habilita a las comunidades autónomas para limitar las VTC

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán limitar las autorizaciones de licencias VTC con arreglo a motivos medioambientales y gestión del tráfico en las ciudades. Así se recoge en el real decreto recién aprobado en el Consejo de Ministros anunciado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su posterior intervención en la rueda de prensa. El texto también incluye la prórroga de todos los descuentos en el transporte público hasta final de año y medidas de protección al taxi, como apostar por su declaración como servicio de interés público, aunque con requisitos de calidad más exigentes. "Ha de garantizar un servicio de calidad para todos los usuarios, no discriminatorio y con una cobertura de prestación suficiente en todo el territorio", se explica en el comunicado enviado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Calviño ha explicado que la intención del Ejecutivo es adaptar el régimen jurídico del servicio de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor, conocidos como VTC, a la jurisprudencia europea de este mismo año. El texto aprobado este martes incluye cuatro puntos principales, entre los que destaca esta dotación de herramientas a los entes autonómicos y locales, que tienen las competencias de taxis y VTC, para limitar nuevas autorizaciones de estas últimas, tal y como demandaba el sector del taxi.

El futuro del mercado de las VTC, en manos del próximo Gobierno

La última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, si bien declaraba ilegal la aplicación de la ratio impuesta en Barcelona de 1 VTC por cada 30 taxis, abría la puerta a limitar las VTC si se argumentan motivos medioambientales o de congestión del tráfico.

En cualquier caso, el taxi puede encontrar dificultades para que se apliquen estas excepciones, puesto que la sentencia también matiza que las VTC favorecen la reducción del uso del coche privado y la movilidad "gracias a su oferta digitalizada y flexible", por lo que no solo no chocarían contra la protección del medio ambiente, sino que, a juicio europeo, lo salvaguarda.

Asimismo, incluye una exigencia para que el titular de una autorización VTC disponga del vehículo en propiedad o en arrendamiento por un periodo superior a tres meses, así como aumentar las exigencias con respecto a la reducción de las emisiones de CO2 en esas autorizaciones.