Los científicos aprietan al Gobierno para rebajar más el coste de cotizar por antiguas prácticas

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha sacado este viernes a audiencia pública el mecanismo, reformulado, para que investigadores, científicos y, en general, antiguos becarios abonen un dinero para cotizar por prácticas pasadas y así mejorar sus futuras pensiones. Una fórmula que requiere de un pago monetario -de entre 40 y 288 euros por mes de prácticas- y que pretende cubrir potenciales lagunas de cotización que dificulten o empeoren el acceso a una futura pensión.

El texto recoge los cambios consensuados con los sindicatos en la reunión mantenida entre el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, y los agentes sociales el pasado 27 de mayo. Cambios "insuficientes" a ojos de parte de la comunidad científica, que presiona al Gobierno y mandará enmiendas para rebajar más el coste que podrán asumir los investigadores para 'comprar' años cotizados.

"El proyecto de orden ha recogido lo que habían ofrecido desde el Ministerio aunque aún siguen quedando bastantes cosas que no han incorporado como la extensión a más de 5 años o la excepción del pago de la cuota de empresa. Es importante solicitar que haya más dialogo con quien representa a los científicos", afirma la presidenta de la Confederación de sociedades científicas de España (COSCE), Perla Wahnón.

Entre la primera orden ministerial firmada por la ministra Elma Saiz y el texto que ha entrado a audiencia pública hay cambios sustanciales. Las nuevas condiciones permiten a los investigadores cotizar por hasta siete años (dos más que la primera versión) por un precio que puede llegar a ser la mitad, según cálculos compartidos entre el Ministerio y los sindicatos.

Una mejora que los sindicatos dan por satisfactoria -ya la asumen como un preacuerdo- y que desde la COSCE todavía quieren cambiar más. La ministra Saiz deberá escoger ahora qué equilibrios acaba haciendo entre las dos partes.

Flexibilizar más las condiciones para recuperar cotizaciones podría contentar a parte de la comunidad científica, pero a costa de enojar a las centrales, que ya plantearon esas mismas reivindicaciones en los primeros compases de las negociaciones y se les dijo que 'no' desde el Ejecutivo, según comentan fuentes sindicales consultadas. En este sentido, Las negociaciones sobre esta cuestión arrancaron ya viciadas, ya que la Seguridad Social publicó la primera orden sin consultar ni prácticamente avisar a los sindicatos.

Pero no atender a todas las demandas de la COSCE generaría malestar entre parte de la comunidad científica -dicen agrupar a unos 40.000 miembros-, a la que la ministra le dio carta de interlocución tras reunirse con ellos a mediados de mayo. Distintas fuentes consultadas asumen que no habrá cambios en el texto sacado a audiencia pública, pese a las alegaciones que lleguen, pero coinciden también en no cerrar la puerta a que ello pueda suceder.

Destope de años

Desde la COSCE reclaman dos cuestiones. Por un lado, no pagar la "cuota de la empresa", algo que técnicamente no tiene sentido, ya que el mecanismo de regularización se articula a través de un convenio especial, que es un acuerdo individual en el que no se discrimina entre la cuota empresarial y la del trabajador. En este sentido, la reivindicación nace porque desde el colectivo ven como un agravio que ahora aquellos centros o empresas que acojan a estudiantes en prácticas -que cotizan todos obligatoriamente desde este año- tengan una bonificación del 95% en cuotas a la Seguridad Social. Algo que aprobó el Gobierno para minimizar el rechazo de las universidades a la medida.

Y la segunda demanda es ampliar, más allá del actual tope de siete años, el periodo de antiguas prácticas que un antiguo alumno puede regularizar. Investigadores consultados explican que hasta hace una década era habitual acumular muchos años de prácticas, hasta el punto de que había becarios que podían llegar a los 15 años así. Unas lagunas que en esos extremos pueden traducirse en un problema cuando estas personas encaren la recta final de su carrera profesional y no tengan los años suficientes cotizados para jubilarse. De las dos medidas, el destope de años es la que menor coste para el erario público puede suponer.