Bernardo Bande: "Es una falacia que bajar impuestos reduzca la recaudación"

¿Qué es la Asociación Española de Asesores Fiscales y qué labor lleva a cabo?

La entidad es ya muy veterana. Se fundó en el año 1967 y es la mayor asociación del sector, dado que a día de hoy agrupa a más de 3.600 profesionales. Una característica es que todos somos titulados universitarios especializados en materia fiscal. Con relación a lo que hacemos, puedo decir que para nosotros la defensa de los contribuyentes es irrenunciable, y que a partir de ahí impugnamos aquellas cuestiones que atentan contra sus derechos. También es muy importante la capacidad de influencia ante los grupos parlamentarios. Cada vez que hay que hacer enmiendas o posicionarnos respecto a cualquier norma en materia fiscal en tramitación lo hacemos.

¿Y les hacen caso?

En ocasiones nos piden reuniones o aclaraciones sobre sus propuestas y en otras no, pero, en cualquier caso, lo que tenemos claro es que la asociación debe ser influyente y no quedarse encerrada en sí misma. Nosotros podemos aportar como sociedad civil y es lo que tratamos de hacer. Entre otras cosas, para fortalecer la imagen de los asesores fiscales.

¿No se sienten valorados?

Creemos que los asesores fiscales deberíamos de estar mucho más valorados, especialmente por la Administración Tributaria. La gestión de los tributos es inimaginable sin nuestra colaboración. 

¿El colectivo está puesto al día en materia de competencias digitales?

Esa es otra de nuestras funciones. Acompañamos a todos los asociados en la parte de la digitalización de los despachos por medio de la inteligencia artificial, y creo que otra cosa importante que tenemos en esta asociación es que trabajamos firmemente por el relevo generacional. Apostamos mucho por la gente joven.

Recientemente celebraron un congreso en Benidorm organizado por la demarcación de Alicante y Albacete. ¿Qué asuntos se trataron?

Lo que buscamos en este tipo de foros es crear espacios donde los distintos operadores jurídicos podamos debatir cuestiones que en cada momento sean de máximo interés en el en el ámbito tributario. Para nosotros, además, es muy importante el contacto con la Administración. En este sentido, tuvimos la suerte de contar con la presencia de la directora general de Tributos y Juego de la Generalitat, el presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional y el presidente de la Sala de Contencioso del TSJ de la Comunidad Valenciana. Como digo, para nosotros es fundamental que todos estos operadores vengan para que nos escuchen y también escucharles a ellos. En cuanto a los temas tratados, uno muy interesante fue el de cómo se pueden recuperar los impuestos que se han pagado y que son contrarios a la Constitución Española o al Derecho de la Unión Europea, puesto que sucede a veces que la burocracia y la norma fiscal es tan compleja que al final el contribuyente no puede acceder a esas devoluciones.

Ponga algún ejemplo...

Hay varias sentencias del Tribunal Constitucional y el Supremo relativas al impuesto de Plusvalía Municipal, que comúnmente se denomina impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Sin embargo, nos encontramos con que el contribuyente lo tiene muy complicado para recuperar el dinero. Lo mismo ha ocurrido con el impuesto de Hidrocarburos, que es contrario a lo que dicta la Unión Europea. Al final, lo que sucede es que resulta tan complicado conseguir la devolución, que se lo acaba quedando el Estado.

¿Que opinión le merece la guerra fiscal que parece haberse instalado entre las diferentes comunidades autónomas?

 Precisamente este tema lo abordamos también en el congreso, donde la directora general nos informó sobre las rebajas fiscales que el Gobierno autonómico ha aplicado en el impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como determinadas deducciones que se han implementado en el IRPF. Lo que puedo decir es que hace dos años elaboramos un estudio muy exhaustivo, por ejemplo sobre el impuesto sobre las Grandes Fortunas, y ya manifestamos que no se debería por parte del Estado procederse a la creación de este tipo de impuestos con el objetivo de neutralizar políticas fiscales de las comunidades autónomas, que son lícitas porque lo prevé la norma. Pensamos que es incompatible con la Constitución y con el Derecho de la Unión Europea. El Estado, si quiere armonizar, lo que debe hacer es acudir a la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y al resto de bloques normativos correspondientes, pero creemos que no hace mucho bien el acudir a modificaciones legislativas a medida que son sospechosas de perseguir el perjuicio o el beneficio de algunos territorios concretos en un momento determinado. Porque si no, ocurre lo que estamos hablando, que se alimenta la idea de que efectivamente existe una guerra fiscal entre las comunidades autónomas y entre estas y el Estado. Por otro lado, en la asociación también llevamos tiempo diciendo que urge afrontar un debate sobre la reforma de la financiación autonómica, pero se debe hacer con seriedad y con todos en la mesa, llegando a soluciones importantes.

¿La guerra tributaria puede acabar afectando a la recaudación?

Yo creo que es una falacia que bajar impuestos reduzca necesariamente la recaudación. Determinados impuestos autonómicos se han rebajado y, a fecha de hoy, la recaudación tributaria global es mayor que el año pasado. Es perfectamente posible una política de bajada de impuestos y que se aumente la recaudación. ¿Cómo? Pues atrayendo actividad. Si hay más dinero en el bolsillo de los contribuyentes y las empresas, ese dinero de destina al consumo y la inversión. Y todo ello generará IVA y empleo. Por poner un ejemplo, el impuesto de Sucesiones y Donaciones puede propiciar que nadie se decida a realizar una donación. Por contra, si se rebaja un porcentaje, se incrementan este tipo de operaciones y se generan más ingresos. 

La asociación que preside acaba de denunciar ante la UE un apartado de la Ley del impuesto sobre Sociedades. ¿Cuál es el motivo?

El apartado en cuestión hace referencia a la aplicación del régimen fiscal del régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un estado miembro a otros de la UE. El problema es que hay tal inseguridad jurídica que las empresas están paralizadas y no hacen nada en este tipo de operaciones, con lo que todo ello comporta.

¿Qué es lo que hace ese apartado que han denunciado?

Desvirtúa el propósito perseguido por una directiva comunitaria, al condicionar la aplicación del régimen o requisitos no previstos en la misma, postulando un concepto amplio de fraude o abuso contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. También impide conocer de antemano a las empresas si tienen derecho a aplicar el régimen fiscal común, por la falta de unas normas procesales claras, precisas y previsibles. También impide conocer el régimen fiscal que tendrá la aplicación de la cláusula. En definitiva, se trata de una normativa española que está contraviniendo el Derecho europeo, y con esta denuncia lo que pretendemos desde la Asociación Española de Asesores Fiscales es poner de manifiesto nuestro compromiso con la construcción de un sistema tributario más justo.  

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