La UE certifica que no es obligatorio imponer una tasa municipal por la basura

La Comisión Europea no obliga a que los ayuntamientos deban repercutir a los vecinos, en forma de tasa, la subida de la basura a la que obliga la ley estatal de residuos, según ha asegurado la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, señala en una respuesta escrita a europarlamentarios del PP que, si bien la directiva europea se basa en el principio de que "quien contamina paga" y que si bien se enuncian varias fórmulas para hacerlo "los estados miembros, y en particular, sus autoridades locales pueden también adoptar otras medidas". También señala que la directiva marco "establece la posibilidad" de que sea el productor del producto del que procedan los residuos quien cubra estos costes.

Precisamente esa supuesta obligatoriedad de que los ayuntamientos suban las tarifas de la basura ha sido esgrimido por el Gobierno a la hora de aplicar la ley estatal que transpone la norma europea.

A la luz de esta respuesta, García-Pelayo denuncia que el gobierno de Pedro Sánchez invade la autonomía municipal al tratar de imponer un tributo. Y recalca que existe una resolución unánime de todos los grupos políticos que forman parte de la junta de gobierno de la FEMP contraria a la creación de la tasa municipal. "Eso también lo firmó el PSOE", insiste María José García-Pelayo en declaraciones a La Nueva España.

La presidenta de la FEMP prevé un aluvión de reclamaciones de ciudadanos una vez que se aplique la tasa, "que los ayuntamientos tenemos que establecer porque está obligado por ley".

"Sabotaje" de Sánchez

La asturiana Susana Solís, eurodiputada del PP, considera que la afirmación del vicepresidente de la Comisión Europea demuestra que "Teresa Ribera miente", porque "ninguna directiva europea obligará a imponer una nueva tasa de basuras a partir de 2025". "La izquierda española tendrá que explicarnos qué pretende hacer con los 3.800 millones de euros que va a recaudar con este impuesto", indicó a Solís, quien afirma que se podía haber abonado el coste de gestión de la basura con "autonomía financiera o remanente de tesorería", como reclama el PP.

Para Solís, se trata de "un sabotaje del Gobierno central hacia los miles de ayuntamientos gobernados por el PP".

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