El Gobierno prepara pagos millonarios a eléctricas y gran industria para evitar apagones

El Gobierno prepara la puesta en marcha de un mecanismo para garantizar la total seguridad del suministro eléctrico en todo momento y evitar apagones en el futuro, mediante el pago de retribuciones millonarias a las compañías energéticas que puedan garantizar inyecciones de electricidad extra cuando sea necesaria y a la gran industria u otros grandes consumidores dispuestos a reducir su consumo de luz para evitar desajustes. Unos pagos millonarios cuya cuantía se determinará por un sistema de subastas y que se cargará a todos los consumidores a través del recibo de luz.

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El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado ahora por la vicepresidenta Sara Aagesen, lleva años defendiendo la creación de un mercado de capacidad nacional con el que pagar a las instalaciones que den seguridad y firmeza al sistema eléctrico, ya sea por ser capaces de producir electricidad casi a voluntad frente a la intermitencia de las energías renovables (como las centrales de gas o las hidroeléctricas de bombeo, o determinadas planas de renovables), por poder inyectar a la red electricidad almacenada (como las plantas de baterías) o por reducir la demanda eléctrica lo suficiente. 

El plan pasa por lanzar subastas para determinar cuánto pagar (el mínimo posible) a estas instalaciones que dan estabilidad al sistema eléctrico y que pueden estar siempre disponibles para cubrir las espaldas cuando toda la producción sea insuficiente para cubrir todo el consumo requerido en momento de estrés máximo del sistema eléctrico. Desde el Gobierno se evita facilitar una estimación del coste que tendrá el nuevo mecanismo, pero desde el sector eléctrico se lleva años reclamando ayudas de entre 400 y 500 millones de euros al año para asegurar la viabilidad de las centrales de gas y no cerrarlas, o también incentivos millonarios para impulsar el desarrollo de grandes plantas de baterías.

El objetivo es contar con una suerte de ‘seguro’ que evite apagones y hacerlo con un mecanismo que sea más barato para los consumidores que otras opciones. Un sistema que, a la espera de la autorización de la Comisión Europea y de toda la tramitación legal, estará activo de manera transitoria a partir de 2026 y se desplegará de manera íntegra a partir de 2030. 

El proceso en marcha

Transición Ecológica ha lanzado una audiencia pública una propuesta de orden ministerial que contemplará la creación de un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español (las islas de Baleares y Canarias quedan fuera del mecanismo). El mecanismo propuesto apuesta por crear un un mercado en el que participen las instlaciones de producción de electricidad, de almacenamiento y también de gran demanda de energía (grandes consumidores y agregadores de energía). 

Todos ellos percibirán una retribución a través del recibo de luz por aportar seguridad al sistema eléctrico, tanto por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por recucir el consumo cuando se lo exija Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistmea eléctrico. La prestación del servicio y la cuantía de los pagos se establecerá mediante un sistema de subastas de potencia firme (medida en megavatios, MW, que se consideren necesarios) y por precio (medido en euros por cada MW y por año).

La participación en la subasta tiene condiciones. Sólo podrán participar instalaciones existentes generadoras de electricidad cuyas emisiones de CO2 estén por debajo de los 550 gramos por kilovatio hora producido (lo que permite que entren las centrales de gas, las grandes candidatas para recibir pagos y poder así mantener su actividad), las plantas de producción aún no activas sólo podrán ser de energías renovables o sistemas de almacenamiento, y quedarán fuera las plantas que ya reciban otros tipos de retribución regulada (sean las primas a renovables del Recore, los antiguos pagos de capacidad que mantienen algunas centrales de gas o hidroeléctricas de bombeo, o los pagos para la gran industria que participa del actual sistema de respuesta activa de la demanda). 

Tres tipos de subastas

La propuesta del Gobierno contempla la celebración de tres tipos diferentes de subasta (principales, transitorias y de ajuste), en las que el comprador de la potencia firme será Red Eléctrica en función de su estimación de necesidades del sistema, y que empezarán a ejecutarse una vez que la Comisión Europea autorice el mecanismo al no considerarlo ayudas de Estado y que se tramite en España. El objetivo es que las primeras subastas se celebren en el primer semestre de 2025.

Las subastas principales tendrán un periodo de carencia para ejecutarse de cinco años (esto es, si se convocan el próximo año el servicio de capacidad estaría plenamente vigente en 2030). A este tipo de subastas pueden acudir centrales eléctricas ya operativas, proyectos futuros de nuevas renovables y de almacenamiento, y también grandes consumidores dispuestos a reducir su consumo. Cada uno con condiciones diferentes.

Las centrales eléctricas existentes podrán ofrecer el servicio sólo durante un año, pero las renovables y plantas de baterías en proyecto podrán optar a periodos máximos de quince años (así el Gobierno pretende impulsar inversiones verdes y de almacenamiento dando visibilidad a los promotores con ingresos asegurados a medio plazo), y los clientes dipuestos a bajar y parar su consumo pueden optar por periodos de entre 1 y 10 años.

Las subastas transitorias sólo se convocarán año a año durante los próximos cinco años, hasta que esté plenamente activo el servicio ofrecido por los ganadores de la subasta principal. Y las subastas de ajuste pretenden dar solución a riesgos de apagones muy a corto plazo, para necesidades de urgencia ya detectadas, y a ellas sólo podrán acudir instalaciones y plantas ya en funcionamiento y la prestación del servicio durará un año.