La Caixa y Criteria avanzan con su regreso a Cataluña en la reordenación que iniciaron hace un año

El recién anunciado regreso de la sede social de la Fundación La Caixa y su sociedad de participaciones Criteria a Cataluña -de relevantes implicaciones simbólicas más que reales, porque el centro de mando no abandonó Barcelona en 2017 por el 'procés'- no supone ni mucho menos un movimiento aislado. Muy por el contrario, forma parte de una serie de pasos con que el grupo presidido y liderado por Isidre Fainé viene reordenándose de forma profunda y acelerada desde principios del año pasado. El objetivo no se esconde, lo viene resumiendo y repitiendo desde hace meses Àngel Simón, consejero delegado del 'holding': "Queremos ser el primer grupo inversor con influencia real en el tejido empresarial e industrial en España".

Este concepto, el de influencia, es clave: es uno de los más reiterados por el ejecutivo para explicar la nueva estrategia del grupo. Lo cierto, en cualquier caso, es que La Caixa lleva décadas siendo muy influyente en España gracias a la capacidad que para ello le otorgaba ser en su día la mayor caja de ahorros del país e invertir para ser un accionista relevante en algunas de las principales empresas españolas, como Telefónica, Repsol o Gas Natural (hoy Naturgy). Su apuesta contrastaba con la estrategia de otras grandes entidades financieras, que deshacían sus carteras industriales por el elevado consumo de capital que les suponían y para destinar recursos a otros fines, como la expansión internacional.

La Caixa, asimismo, logró resistir la gran crisis financiera y económica del periodo 2008-2014 sin deshacer su cartera, al contrario que otras entidades de ahorro, y aprovechó las obligadas y sucesivas reformas de la ley de cajas demandadas por la Unión Europea -y negociadas por Fainé con Gobiernos del PSOE y el PP, otra prueba de influencia- para reorganizarse en lo que es hoy día. Es decir, una fundación ("la primera de España, la segunda de Europa y la séptima del mundo por activos", como suele recordar su presidente), de la que pende un 'holding' con la mayor cartera de participaciones industriales del país (Criteria), que a su vez es el principal accionista del banco que heredó su antiguo negocio principal (CaixaBank).

Obra social y más allá

Dicho de otra forma, La Caixa ha pasado en apenas tres lustros -un parpadeo para una entidad con 120 años de historia- de ser una caja con inversiones en empresas a una fundación con participaciones industriales múltiples, entre ellas el mayor banco del mercado español. De su origen mantiene su principal objetivo fundacional, dotar de recursos a su obra social, que el año pasado tuvo 235.000 beneficiarios en España y Portugal y que para este ejercicio ha presentado un presupuesto récord de 655 millones de euros, un 9% más que en 2004. Sus movimientos del último año, en cualquier caso, buscan colocarle en una posición reforzada para tener un impacto en la sociedad y la economía española que vaya aún más allá.

El nuevo escenario político y económico lo ha hecho posible. Por un lado, el estrangulamiento de las cadenas de suministro mundiales por la pandemia, la crisis energética provocada por Rusia al invadir Ucrania y más recientemente la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca han hecho evidente la necesidad de reforzar la autonomía estratégica y reindustrializar los países europeos. En ese contexto, alianzas público-privadas más o menos explícitas para defender empresas estratégicas para los países, que hasta hace unos años hubieran sido vistas como una muestra inaceptable de intervencionismo, son ahora percibidas como mucho más asumibles. 

Paralelamente, los acuerdos de investidura del PSOE con Junts y ERC de finales de 2023 y el hecho de que estos dos partidos sean imprescindibles para la gobernabilidad del país han dibujado un nuevo escenario político en Cataluña y España, reforzado tras la llegada de Salvador Illa a la Generalitat. Este último es el factor clave para explicar el regreso de las sedes sociales a Barcelona. En este sentido, La Caixa siempre ha sabido influir en el poder político sin caer bajo su control, al contrario que decenas de cajas hoy desaparecidas. De hecho, en 2013 logró el protectorado de las fundaciones bancarias recayese de forma generalizada en el Ministerio de Economía y no en las comunidades autónomas, lo que le brindó un elemento de estabilidad durante el 'procés' que hoy pervive. Un ejemplo: el Banco de España propuso al Gobierno la anterior legislatura reformar la ley para que fundaciones como La Caixa redujeran su peso en el capital de sus bancos del 30% al 20%, pero la entonces ministra, Nadia Calviño, lo desestimó.

Independencia e influencia

Los movimientos de La Caixa del último año pueden interpretarse como una estrategia para blindar su independencia y aumentar su influencia. Todo empezó en enero de 2024: Fainé (Manresa, 1942) renovó por cuatro años como presidente de Criteria, como en febrero de 2022 había hecho como presidente de la fundación, con lo que dejó claro su intención de seguir al frente del grupo. Adicionalmente, sustituyó a Marcelino Armenter por Àngel Simón (Manresa, 1957) como consejero delegado del 'holding', que en ese momento veía como algunas de sus principales participadas se exponían a grandes cambios, en particular Telefónica con la entrada de los saudíes de STC y la incorporación del Estado con el 10% del accionariado.

Que no se trataba de un mero cambio de personas comenzó a percibirse rápidamente. En los meses siguientes, Criteria elevó su peso en la operadora de telecomunicaciones para compensar el que redujo CaixaBank; compró un 3% de Puig coincidiendo con su salida a bolsa; se convirtió en el primer accionista de Colonial; salió de Cellnex; y adquirió una participación relevante en ACS. En junio, todo ello cristalizó en un nuevo plan estratégico 2025-2030 para elevar de 27.000 a 40.000 millones de euros el valor de sus activos y que incluye participar más activamente en la gestión de sus participadas. Todo ello con el objetivo de seguir siendo un "elemento estabilizador de la economía a través de la protección de sectores estratégicos y el fomento de la industria". 

Después llegaron otros movimientos, como la sustitución de José Ignacio Goirigolzarri por Tomás Muniesa como presidente de CaixaBank; la alianza con el Gobierno y el BBVA para cesar a José María Álvarez-Pallete como presidente de Telefónica y sustituirlo por Marc Murtra (ejecutivo cercano a los socialistas catalanes y patrono de la Fundación La Caixa, como también lo es su antecesor en la operadora); o la reciente entrada en el accionariado de la francesa Veolia. Paralelamente, Josep Maria Coronas (Tarragona, 1959) fue aupado al cargo de director general de la fundación en sustitución de Antoni Vila e inmediatamente se produjo la dimisión del vicepresidente, Juan José López Burniol, que fue sustituido por Javier Godó (Barcelona, 1941). La Caixa, además, prepara un nuevo plan estratégico para el periodo 2025-2030, alineado con el de Criteria. Independencia, influencia y obra social siguen siendo el objetivo.

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