El Estado se ve obligado a encajar un gasto medio de 1.000 millones cada año por sentencias contrarias

Las resoluciones judiciales desfavorables para el Estado suponen un coste medio de unos 1.000 millones de euros cada año y supera ligeramente los 10.000 millones en el periodo entre 2014 y 2023, según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Además, de cara a futuros ejercicios, la Cuenta General del Estado recoge riesgos que, de forma orientativa, se sitúan por encima de los 12.000 millones de euros.

En su 'Opinión sobre riesgos fiscales' publicada este jueves, el organismo que preside Cristina Herrero advierte sobre "la importancia cuantitativa de estos litigios" en las cuentas públicas y, entre sus recomendaciones, se propone que el Estado mejore su técnica legislativa (por ejemplo, evitando el abuso del decreto ley), minimizar su impacto (mediante la anticipación de sentencias firmes) y mejorar la transparencia.

Los riesgos ambientales imprevistos entre 2005 y 2023 han sumado algo más de 47.000 millones

Entre las sentencias que el Estado ha tenido que encajar en los últimos años se cuenta la relativa al céntimo sanitario (1.671 millones), al efecto retroactivo del canon hidráulico (1.737 millones), a la clausura del almacén de gas Castor (1.454 millones), al IRPF de prestaciones por maternidad y paternidad (1.371 millones) o a la compensación de bases imponibles negativas en el impuesto de sociedades (1.317 millones).

Además, la Intervención General del Estado (IGAE) reconoce riesgos latentes como los que afectan al tipo autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos (que podría suponer un impacto máximo de hasta 6.500 millones, aunque la Airef anticipa que podrá acabar siendo menor), el IRPF de pensionistas de mutualidades laborales (1.700 millones. Aquí la Airef anticipa que la cantidad final podrá ser mayor), la reforma del impuesto de sociedades de 2016 (la IGAE lo cifra en 1.200 millones), o el IAE de los operadores de telefonía móvil (1.479 millones). La litigiosidad que afecta al bono social eléctrico (aún quedan pendiente de ejecución de sentencia unos 276 millones) o al complemento de pensión de jubilación para padres (994 millones) completan las sentencias pendientes de implementación sobre las que advierte la IGAE. El montante provisional (12.150 millones) podrá ser inferior o superior, según la implementación final que resulte.

Riesgos macroeconómicos y ambientales

El informe 'Opinión sobre riesgos fiscales' publicado este jueves busca llamar la atención sobre el impacto en las cuentas públicas que acaban teniendo diferentes riesgos como los de tipo macroeconómico (por ejemplo, una subida de tipos de interés inesperada o un 'shock' arancelario), ambientales (covid, dana, inundaciones, terremotos o volcanes) o de acciones legales contra el Estado (sentencias en contra).

Según los cálculos de la Airef, la materialización de los riesgos medioambientales entre 2005 y 2023, incluyendo la pandemia a precios del año 2023, habría sido aproximadamente de 47.157 millones de euros. El cálculo no incorpora aún eventos más recientes, como el de la dana de Valencia, desde octubre de 2024. En general, el organismo plantea "mejorar la cuantificación de estos riesgos, la explicitación de sus costes fiscales y el diseño de medidas de mitigación".

El Fondo de Contingencia y el gasto en defensa

Para mitigar los riesgos fiscales a los que se debe hacer frente, el Estado dispone de mecanismos como el Fondo de Compensación de Seguros (para el caso de eventos ambientales, como inundaciones, sobre todo) y el Fondo de Contingencia, una partida presupuestaria (equivalente al 2% del gasto financiero total de cada Presupuesto), que sirve de cajón de sastre para atender imprevistos.

La Airef denuncia, sin embargo, que, en promedio anual, el 43% de las cantidades del Fondo de Contingencia se acaban destinando, no a imprevistos, sino a gasto recurrente. Este porcentaje llegó al 73% en 2018 y superó el 50% en otros ocho años (2013-2019 y 2023). "Esta práctica puede poner en peligro la eficacia del fondo como herramienta de gestión de riegos fiscales, limitantdo su impacto en la mitigación del déficit público", subraya la Airef.

En particular, la partida de de forma recurrente se hace descansar en mayor medida sobre el Fondo de Contingencia es la que tiene que ver con las misiones militares de paz en el extranjero, del Ministerio de Defensa. Año tras año, esta partida absorbe en promedio casi el 35% del Fondo de Contingencia. También descansa sobre este fondo el gasto militar extra derivado de la guerra en Ucrania.

Otra partida que, de forma recurrente, se hace descansar sobre el Fondo de Contingencia, a pesar de su previsibilidad, es la que tiene que ver con la asignación del 0,7% del IRPF y del impuesto de sociedades.