Bruselas admite tras dos años y medio su hachazo al futuro de la flota gallega

El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES en sus siglas en inglés) fue el organismo que, a petición de la Comisión Europea, estableció las áreas en las que se sabe que existen "o es posible que existan" ecosistemas marinos vulnerables a más de 400 metros de profundidad. Con su informe, Bruselas promulgó, en septiembre de 2022, el Reglamento de Ejecución 2022/1614, vetando la pesca de fondo en más de 16.500 kilómetros cuadrados de aguas comunitarias. Lo hizo sin información científica suficiente —aún a día de hoy admite desconocer cuál es la huella que deja el palangre—, con errores de batimetría en los mapas —había polígonos que no llegaban en ningún caso a los 400 metros de profundidad, como probó FARO—, sin haber estimado el impacto socioeconómico y sin desplegar medidas paliativas. Asumiendo, por contra, que el esfuerzo pesquero se iba a trasladar a otras áreas, con el consiguiente riesgo de exceso de presión sobre los hábitats marinos. Hoy, dos años y medio después, un informe específico elaborado por el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (Stecf, por sus siglas en inglés) determina que buena parte de la flota gallega ha visto reducidas sus posibilidades de trabajo "afectando a su viabilidad económica".

Informe demoledor

"Dada la relevancia de la flota gallega —expone literalmente el documento, de 134 páginas—, la región es altamente susceptible de este tipo de medidas de conservación". Y prosigue: "El sector pesquero gallego está profundamente vinculado con la economía regional, por lo que las nuevas restricciones a la pesca de fondo tienen unos efectos socioeconómicos de gran alcance". En particular, este análisis apunta a un segmento de flota como el más perjudicado, con diferencia sobre los demás: el palangre de los buques con base en Celeiro y Burela. Si bien el 82% de la flota española palangrera de fondo ha sufrido pérdidas como consecuencia de este veto, en el segmento específico de los barcos de entre 24 y 40 metros de eslora —que son los que se concentran principalmente en la costa lucense— este porcentaje escala por encima del 93%. Es decir, la práctica totalidad del palangre de fondo ha padecido el hachazo de este recorte a la actividad, aprobado a su vez en septiembre de 2022 sin conocer los efectos de este tipo de aparejos sobre los ecosistemas marinos vulnerables (VME o vulnerable marine ecosystems). A ciegas. Bruselas se comprometió a adaptar las áreas vetadas cada año; no lo ha hecho nunca.

Incluso pese al hecho de que sus propios expertos aportan una conclusión demoledora: "El caso gallego ilustra que un equilibrio entre las medidas de conservación y la estabilidad socioeconómica es crucial". Porque "las restricciones amenazan no solo la rentabilidad de las flotas, sino también de la economía" vinculada al sector del mar, desde las comercializadoras de pescado a empresas de transporte o astilleros.

Más coste

Además de la pérdida en capturas y días de pesca —del 20% y el 16%, respectivamente—, este informe del Stecf llama la atención sobre otro aspecto: el del incremento de los costes y, sin mencionarlo directamente, del consumo de combustibles fósiles. "Algunos barcos gallegos tienen que navegar ahora más lejos para faenar en zonas permitidas. Los palangreros que antes operaban cerca [de sus puertos] ahora han tenido que reubicarse en aguas más distantes", expone el documento, realizado con la participación de un grupo de expertos y el propio sector. ¿Consecuencia? «Más consumo de gasoil» frente a una Bruselas que promueve, en todas las industrias, una transición verde para rebajar el uso de derivados del petróleo. De igual modo, las empresas —la mayor parte, familiares— han visto incrementados sus costes, tanto por aprovisionamientos como por la necesidad de "transportar las capturas a las lonjas gallegas".

Este "descenso en los márgenes" sería mínimamente asumible si el pescado que se subasta incrementase su precio, pero no es así. Porque lo que ha aumentado "son las capturas de especies menos cotizadas". En concreto, "el porcentaje de merluza en el total de las capturas de los palangreros españoles se ha reducido en 2022 y 2023 al mínimo valor histórico del 77% del total". Como ya detalló este periódico, la mayoría de los buques de toda la UE afectados por este veto (221) son españoles, frente a los 73 de Irlanda y los 60 de Francia.

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