Gobierno y ERC pactan que las posibles ayudas directas por los aranceles obliguen a mantener el empleo en las empresas

El Ministerio de Economía y el grupo parlamentario de ERC han anunciado este jueves un acuerdo para garantizar que "las posibles futuras ayudas públicas directas" que puedan recibir las empresas afectadas por la subida de aranceles de EEUU estén condicionadas al mantenimiento del empleo.

Así lo han anunciado ambas partes al mismo tiempo que la diputada de ERC, Inés Granollers, explicaba el contenido del acuerdo desde la tribuna del Congreso de los Diputados, donde este jueves se somete a debate y votación el primer real decreto ley del Gobierno de medidas financieras (avales y préstamos). "Las ayudas públicas directas que en el futuro se destinen a mitigar el impacto de los aranceles estarán condicionadas de manera que se asegure el mantenimiento del empleo", reza el acuerdo alcanzado entre ambas partes.

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Durante su intervención ante el pleno del Congreso, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que el real decreto ley sometido a debate y votación -que prevé movilizar más de 14.200 millones, sobre todo, en créditos, avales y seguros para las empresas- es solo "una primera capa" dentro de "un plan abierto y en construcción", "que se irá complementando" para adaptarse al entorno cambiante de los nuevos aranceles.

Este primer real decreto ley incluye medidas de carácter financiero: una línea de avales públicos de 5.000 millones, una mayor dotación de 200 millones destinada al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), la movilización de 2.000 millones de coberturas de los seguros a la exportación que presta la compañía pública CESCE y una mayor y un refuerzo del mecanismo del Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI), entre otras medidas.

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Futuras "capas" del plan de ayudas

Pensando que en esas futuras "capas" el Gobierno pueda acabar adoptando subvenciones a fondo perdido para las empresas, el acuerdo de Economía con ERC establece que "todas las ayudas directas que perciban los empleadores, así como las suspensiones o reducciones de empleo en el marco de un posible Mecanismo RED activado como consecuencia de los aranceles, estarán condicionadas". Según ha defendido la diputada Granollers, esto garantizará que los fondos públicos no se utilicen para deslocalizar centros de trabajo ni para reducir el nivel de empleo en los sectores más afectados.

De cara al diseño de esas posibles futuras "capas" del plan de medidas para compensar los efectos de los aranceles, lo acordado entre con ERC establece que "en materia de apoyo a los trabajadores y empresas que puedan verse afectadas por la amenaza arancelaria, se ha acordado que el Gobierno evaluará periódicamente la evolución del empleo, las exportaciones y la producción de los sectores más afectados por las exportaciones a EEUU o por formar parte de cadenas de valor vinculadas a este estado". Se explica que "el objetivo es implementar, en caso de ser necesario, las medidas adecuadas para sostener el empleo y la actividad en los sectores afectados, incluyendo, si es preciso, la activación de un posible mecanismo RED", de regulaciones temporales de empleo.

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De momento, el 'real decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial' ha concitado en el Congreso de los Diputados los apoyos parlamentarios necesarios para salir adelante, tras haber atado los votos de Junts, de ERC y del resto de socios parlamentarios, que se han impuesto al 'no' de PP y Vox.

Durante la negociación del decreto, Economía asumió las exigencias de Junts para reflejar en el texto que "el Gobierno garantizará que la puesta a disposición a las empresas de los instrumentos financieros regulados en el presente real decreto-ley se efectúe, con respeto al equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024 con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición". Este acuerdo fue presentado por Junts como una garantía de que las empresas catalanas podrán disponer del 25% de la línea de 5.000 millones de euros en avales por los aranceles de Trump.

La portavoz del PNV, Idoia Sagastizábal, ha saludado la incorporación en el decreto de una disposición negociada con su grupo parlamentario para que las empresas que lo precisen puedan disponer de un plazo adicional para absorber aquellas pérdidas que trajo el Covid-19, prolongando el tiempo en que las mismas no sean tenidas en cuenta a efectos de la causa de disolución.

No ha logrado el ministro Cuerpo un acuerdo con el grupo Popular que hubiera podido impedir el voto de la formación de Alberto Núñez Feijóo contrario al real decreto del Gobierno.