Arranca el registro de alquileres turísticos que eliminará hasta 45.000 viviendas en la C. Valenciana

Primer paso para tratar de regular la oferta de pisos turísticos por parte del Gobierno, que pretende poner freno a la proliferación de un tipo de negocio que tiene un peso decisivo en la escasez de oferta de vivienda en tantas ciudades y en el encarecimiento de estas y de los alquileres. Hoy entra en vigor el registro único obligatorio, que afectará a este tipo de pisos y a los alquileres de temporada. Si los propietarios de estos establecimientos quieren anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking, tendrán que estar en dicho registro. Si incumplen la norma se exponen a multas de varios miles de euros.

La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) estima que el 70 % de estas viviendas saldrán del mercado con el mencionado registro. En el caso del conjunto de España, estamos hablado de unos 250.000 pisos. En el supuesto de la Comunitat Valenciana, las cifras son también muy elevadas. Las tres demarcaciones provinciales de la autonomía suman 64.475 de estas viviendas (7.273, Castelló; 16.293, Valencia; y 41.179, Alicante), que podrían reducirse en 45.328 si se cumplen los cálculos de la mencionada organización.

Por otro lado, el sindicato UGT-PV ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo por las "irregularidades" detectadas en las condiciones laborales de viviendas turísticas de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, ya que "muchas" de las personas trabajadoras están sujetas a convenios que no son el de hostelería y, en ocasiones, directamente dentro de la economía sumergida. La secretaria de Hostelería de UGT-PV, Carmen Reina, ha detallado este lunes que la aplicación de convenios como el de limpieza de edificios y mantenimiento o el SMI conlleva diferencias salariales de entre 1.500 a 3.500 euros respecto a las plantillas que sí están sujetas a los convenios provinciales de hostelería que les corresponden.

Asimismo, ha destacado que en su mayoría de trata de mujeres y "además migrantes" lo que provoca "mucha economía tipo B, que no haya cotizaciones a la Seguridad Social". "Hemos conocido casos de personas migrantes que no tienen papeles y que han aceptado 8 euros por hora", ha lamentado Reina.

UGT-PV ha reclamado la aplicación efectiva de los convenios colectivos de hostelería, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH), el cual incluye expresamente a las viviendas de uso turístico en su ámbito funcional. En su denuncia, ha pedido además "que sea retroactivo de un año para atrás, para que puedan acogerse esa reclamación y cobrar, por lo menos, lo que establece la ley un año para atrás", ha explicado Reina.

Seguimiento conjunto

La responsable sindical ha explicado que estas denuncias ante Inspección de Trabajo se han presentado en toda España y que se ha solicitado al Ministerio de Trabajo que se agrupen para que se lleve a cabo un seguimiento conjunto.

Empleados en el sector

Carmen Reina ha afirmado que hay 5.000 personas que trabajan en viviendas turísticas en la Comunitat Valenciana, de las que 2.000 están en B y 3.000 reguladas. También ha citado datos del INE para apuntar que hay cerca de 17.000 pisos turísticos en Valencia, 8.000 en Castellón y unas 45.000 viviendas registradas en Alicante. "Un porcentaje que es bastante importante" en relación a las viviendas habituales, ha agregado.

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