Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: "El recorte a la portuguesa es el más conocido"

España encara un dilema histórico: ¿habrá pensiones dignas dentro de 20 años cuando se jubilen todos los baby boomers? El economista Manuel Álvarez advierte que, sin reformas profundas, la promesa de una jubilación segura podría quebrarse bajo el peso del envejecimiento y el déficit público.

La sostenibilidad del sistema de pensiones en España se ha convertido en uno de los mayores debates económicos y sociales. Con más de 10,3 millones de prestaciones activas y un gasto mensual que ya roza los 13.620 millones de euros, la presión sobre la Seguridad Social es cada vez mayor. El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que en 2050 el 30% de la población española tendrá más de 65 años. Una tendencia que pone en duda si, dentro de unas décadas, el sistema seguirá siendo capaz de garantizar pensiones similares a las actuales.

En su libro Pensiones: La promesa rota, el economista Manuel Álvarez, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, plantea tres posibles fórmulas de ajuste. Cada una de ellas ha sido aplicada en diferentes países y ninguna está exenta de costes sociales o políticos.

Tres caminos, tres costes

El economista analiza tres vías —portuguesa, española y japonesa— para garantizar las pensiones en un país con hucha agotada y más jubilados.

El primero, que denomina "recorte a la portuguesa", consiste en reducir directamente el importe de las pensiones o suprimir pagas extra. Es un mecanismo rápido que impacta tanto en jubilados actuales como futuros, pero su coste social y político es altísimo. Portugal lo aplicó tras la intervención de Bruselas, con gran contestación ciudadana.

La segunda vía, el "recorte a la española", ya forma parte del panorama nacional. Supone retrasar la edad de jubilación y endurecer los requisitos de acceso. La reforma de 2011 y los cambios de 2023 han elevado progresivamente la edad legal hasta los 67 años en 2027, al tiempo que se amplía el periodo de cómputo de la pensión. El objetivo es claro: aumentar los años de cotización y reducir el tiempo de percepción. Sin embargo, genera desigualdad entre generaciones y penaliza a quienes tienen una esperanza de vida más baja, habitualmente vinculada a rentas más modestas.

Por último, el "recorte a la japonesa" apuesta por no revalorizar automáticamente las pensiones según el IPC. En economías deflacionarias como la japonesa, tiene lógica: si los precios bajan, las pensiones se revalorizan de facto. Pero en un país como España, donde la inflación erosiona con fuerza el poder adquisitivo, este modelo supondría un castigo especial para los pensionistas con rentas más bajas.

Una hucha agotada y más desigualdades

Más allá de estas tres vías, la realidad española muestra grietas profundas. La conocida "hucha de las pensiones", que en su día acumuló más de 60.000 millones de euros, apenas cubre hoy una mensualidad de gasto, según advierten técnicos de la Seguridad Social. Y mientras la pensión media de jubilación se sitúa en 1.507 euros al mes, las diferencias son abismales: los asalariados alcanzan de media 1.666 euros, frente a los apenas 1.010 euros de los autónomos. A ello se suma la brecha de género, que pese a mejorar en los últimos años, todavía deja a las mujeres 522 euros por debajo de los hombres.

En paralelo, colectivos como ASJUBI40, que reclama justicia para quienes llevan más de cuatro décadas cotizadas, o la Plataforma de Mayores y Pensionistas, denuncian que las reformas recientes no garantizan un sistema justo. Los sindicatos también alertan de que los ajustes suelen recaer sobre los más vulnerables.

¿Habrá pensiones dentro de 20 o 30 años?

La pregunta resuena en encuestas, tertulias y cafés de barrio: ¿tendrán pensión los jóvenes actuales cuando se jubilen? Los expertos señalan que la clave está en combinar medidas. Manuel Álvarez insiste en que no existe una receta mágica: ni los recortes directos, ni los retrasos en la jubilación, ni la ausencia de revalorización resuelven por sí solos el problema. La solución pasa por diversificar, impulsar los planes de empleo colectivos —que ya suman casi tres millones de partícipes— y diseñar un sistema multipilar que complemente la pensión pública.

En definitiva, la encrucijada es clara: sostenibilidad financiera frente a justicia social. El futuro de las pensiones en España dependerá de si se toman decisiones valientes ahora, antes de que el peso del envejecimiento convierta la promesa de una jubilación digna en una quimera.