El Gobierno cerca a las comunidades del PP para que se sumen a su ‘megaplán’ de vivienda: “Sería un error no firmar”

Semana decisiva en la redacción del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (o PEV por sus siglas), la medida estrella que decide cómo se repartirán 7.000 millones de euros en subvenciones y ayudas destinadas al sector residencial. El Ministerio de Vivienda se reunirá este jueves con las comunidades autónomas para presentarles el proyecto que verá la luz antes de final de año, con la incógnita de cuál será la posición de las regiones gobernadas por el Partido Popular, que han mostrado públicamente este lunes su rechazo y acusan a la ministra Isabel Rodríguez de "imponer sus recetas de fracaso", exigiendo la "desideologización del Plan".

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, actualmente en trámite de audiencia pública, movilizará 7.000 millones de euros, el 60% aportados por el Estado y el 40% por las comunidades, y verá la luz en diciembre únicamente con el 'ok' del Consejo de Ministros. El 40% de los fondos se destinarán a subvencionar la promoción de vivienda protegida —siempre y cuando conserve la protección de forma vitalicia—, el 30% será para rehabilitación y el 30% restante serán ayudas a la demanda, como al alquiler, el alquiler con opción o a la compra en zonas rurales. Todas las fuentes empresariales consultadas por 'activos', diario de economía de Prensa Ibérica, califican el texto de "bueno", tanto en el análisis de la situación como en las medidas propuestas. Incluso, las mismas apuntan que es uno de los planes menos intrusivos con las competencias autonómicas de vivienda y que menos exigencias pone a cambio de tanto dinero.

El punto más polémico del texto es la protección permanente de la vivienda protegida (vivienda de protección oficial o VPO) que se construya con cargo a fondos del Plan Estatal, algo que ya ocurre en Cataluña o País Vasco, pero no en otras regiones, precisamente en Madrid, donde se extiende entre 15 y 30 años, salvo las de promoción pública, que sí están blindadas a perpetuidad. En una nota distribuida a los medios, sin embargo, el PP no hace apenas referencias a las medidas concretas, sino que lanza una enmienda a la totalidad de las políticas de la socialista Isabel Rodríguez: "Las comunidades autónomas del PP muestran su rechazo al Plan Estatal de Vivienda, anunciado por la ministra Isabel Rodríguez, y critican que presente la iniciativa, decidida unilateralmente por el Gobierno, sin haber contado con ellas en su elaboración y diseño de programas".

Subvenciones de hasta 50.000 euros por vivienda

La realidad es que las empresas, mayoritariamente las promotoras, han recibido con agrado las subvenciones de hasta 51.000 euros que contempla el Plan Estatal a la promoción de vivienda protegida. El PEV movilizará ayudas a la promoción de VPO de 1.000 euros por metro cuadrado, cuantía que se puede ver incrementada hasta los 1.100 o 1.200 euros si se desarrollan con alguna técnica de construcción industrializada o si la obra se encuentra en una zona tensionada, respectivamente. "Son irrechazables estos fondos, además son sobre metro cuadrado útil, no construido", comenta un empresario del sector, mientras otro consultado afirma que no firmar y adherirse al plan "sería un error".

Sin embargo, esta no sería la primera vez que el sector se choca de bruces con los movimientos del PP. Ya ocurrió en mayo de 2023, cuando todas las empresas daban por seguro el voto favorable de la formación de Alberto Núñez Feijóo a la modificación de la ley del suelo, una norma eminentemente técnica —con un texto muy similar al propuesto durante la última legislatura de Rajoy—, que dejó caer en el Congreso para propiciar una derrota parlamentaria al Gobierno. A pesar de la negativa en la que se mantiene la formación conservadora, fuentes de Vivienda y Agenda Urbana reiteran que "su mano está tendida", "abiertos a sugerencias constructivas" e insisten que el PEV "ha recibido el aval de sindicatos, patronales, y promotores públicos y privados". "Confiamos en la responsabilidad de los consejeros para que todas las administraciones competentes alcancemos un acuerdo beneficioso para el conjunto de la ciudadanía", añaden.

Rechazar el dinero del Plan Estatal, por ejemplo, en clave madrileña, pondría en peligro alguna de las grandes líneas de actuación del Gobierno regional, como el Plan Vive, programa de colaboración público-privada que ha puesto en alquiler ya 5.000 viviendas y aspira a desarrollar otras miles en los próximos años, según fuentes empresariales consultadas, que alertan que las licitaciones tienen cada vez una rentabilidad más apretada y los fondos del PEV pueden servir para dar un retorno atractivo a los inversores, única motivación que tienen para acudir a estas licitaciones. Con el nuevo PEV, la Comunidad de Madrid pasaría de disponer de 298 millones de euros a más de 1.113, teniendo que comprometer únicamente 75,2 millones más que en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

En el caso, a priori remoto, de que las regiones gobernadas por el PP rechacen los fondos del 'megaplán', estos pasarían a manos del Ministerio de Vivienda, no se repartirían entre las comunidades que sí los utilicen, como paso con los fondos europeos. Esto dejaría en una clara desventaja a los ejecutivos autonómicos de cara a desplegar su política de vivienda frente a aquellos que sí los firmen y los utilicen. Adicionalmente, esta norma no requiere de aprobación en las Cortes, por lo que el coste político de asestar una nueva derrota parlamentaria tampoco está en juego.