Fabricantes y supermercados prevén un gasto extra de 600 millones por el sistema que les obligará a almacenar los envases usados

Algunas cadenas de supermercados ya han empezado a buscar espacios en sus tiendas para colocar las futuras máquinas de depósito o para habilitar zonas de almacenamiento. Y los fabricantes de refrescos, que van a ser los primeros afectados por la nueva normativa, trabajan en nuevas etiquetas, en el desarrollo de materiales más sostenibles "y en campañas informativas para la ciudadanía, porque van a ser ellos, los consumidores, quienes deberán aprender que determinados envases van a poder retornarse al supermercado, como alternativa al contenedor amarillo", explica Beatriz Blasco, directora general de la Asociación de Fabricantes de Bebidas Refrescantes (Anfabra). La implantación en noviembre de 2026 del nuevo sistema de devolución, depósito y retorno de envases, el bautizado con las siglas SDDR, lleva de bólido al sector de la alimentación, que estima que, solo de entrada, le va a suponer una inversión de entre 400 y 600 millones de euros.

La medida, que en su primera fase afectará a los consumidores que compren bebidas en latas, bricks y botellas de plástico de un solo uso, se irá ampliando posteriormente a otras áreas, también a la hostelería. "Estamos trabajando conjuntamente con las empresas y organizaciones afectadas para tratar de diseñar un sistema común para todos, pero eso no significa que cada compañía, a nivel particular, no haya empezado ya a calcular cómo va a afrontar este cambio importante en cada establecimiento", explica Amaya Prat, responsable de Sostenibilidad en el grupo Ametller Origen, que cuenta con una red de más de 140 puntos de venta en Catalunya. "En nuestro caso, estamos analizando cada situación, cada excepcionalidad: los metros cuadrados de las tiendas o si se trata de un núcleo aislado... Hay que estudiarlo todo de manera individualizada", subraya Prat.

El grupo de trabajo que menciona la directiva de Ametller y que prepara el despliegue del SDDR lo forman "cerca de 400 personas, que representan en estos momentos a más del 90% del sector y que ya están valorando cómo actuar ámbito por ámbito, desde el logístico al legal, pasando por otros como el de la comunicación", indica su presidente, Josep Maria Bonmatí, que es también director general de la patronal del gran consumo Aecoc. Y es que, recuerda Bonmatí, un despliegue de las dimensiones que va a tener este nuevo sistema "requiere de un desarrollo muy importante antes de tomar decisiones de inversión". "Estamos todavía en una fase muy inicial, pendientes de que el Gobierno nos conceda la autorización para reconocernos como operadores y hasta que eso ocurra no vamos a poder facilitar una cifra exacta del impacto económico de la medida", apunta.

El diseño de un modelo complejo

El modelo español de SDDR va a ser uno de los más complejos que existan en Europa, explican fuentes del sector de la distribución a este diario. Cada año se utilizan en España alrededor de 18.000 millones de envases. "Pero hay que tener también que aquí vienen anualmente más de 90 millones de turistas, que consumen bebidas y cuyos envases muchas veces quedan sin ser reciclados", señalan las mismas fuentes. A ello hay que sumar el importante peso que tiene el sector de la restauración y la hostelería, con unos 264.000 establecimientos, donde predominan los bares y las cafeterías (62%), seguidas por restaurantes (31%) y servicios de cátering (7%), y, por último, la dispersión territorial, con más de 8.100 municipios, de los que un 61,5% cuentan con menos de 1.000 habitantes.

La implantación de este modelo, que funciona desde hace años en otros países europeos como Alemania, ya estaba prevista de hecho en la ley de envases comerciales e industriales de 2022, pero el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido acelerar su despliegue, tras ser advertida por Bruselas del escaso éxito del sistema de recogida actual, el de los contenedores a los que los ciudadanos llevan de manera voluntaria sus residuos. En 2023, España solo logró recoger de forma separada el 41,3% de las botellas plásticas de bebidas, un porcentaje que está aún muy lejos del objetivo del 70% fijado para ese mismo año en la ley española de residuos.

¿Cómo va a funcionar?

El sistema de retorno, tal y como se aplica en otros países, consiste en cobrar un depósito adicional cuando se compra una bebida. El importe está aún por decidir pero diversas fuentes apuntan a que podría de los siete céntimos de euro a los 40 céntimos. Esta cantidad se devuelve cuando el cliente retorna el envase vacío a un punto de recolección habilitado, que no siempre coincide con el establecimiento en que lo ha comprado.

"Nosotros nos estamos basando en lo que dice la ley de 2022, pero el Gobierno trabaja mientras tanto en un reglamento que concretará los aspectos del sistema", cuenta Bonmatí, que teme que "que cuando salga este nuevo documento, el sector se encuentre con que solo dispone de unos meses para adaptarlo todo a la entrada en vigor del sistema, que está previsto para dentro de un año". Por ahora, "lo que está haciendo cada empresa es decidir, por ejemplo, qué tipo de máquinas instala, si son automáticas o si son separacionales".

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