Buenas noticias para los funcionarios: La fórmula para blindar el sueldo de 3,5 millones de trabajadores

El Ministerio de Función Pública ha puesto en marcha la maquinaria para negociar un nuevo acuerdo salarial que beneficiará a aproximadamente 3,5 millones de empleados públicos. Tras meses de presión, el Gobierno prepara un plan plurianual que abarcará el periodo 2026-2028. La gran novedad es la estructura propuesta: un incremento que combinará un componente fijo y otro variable. Aunque todavía no se han cerrado las cifras concretas, en caso de que se concrete el acuerdo supondría la mejor de las noticias para los funcionarios.

El objetivo de esta nueva estructura salarial es claro: evitar que la escalada de precios que azota la economía de los españoles erosione la capacidad de compra de los empleados públicos y garantizar que sus sueldos crezcan en línea con el coste de la vida. La parte variable del incremento estaría ligada a la evolución de los precios (IPC) o del Producto Interior Bruto (PIB). Este esquema es similar al último acuerdo (2022-2024), el cual permitió elevar los sueldos en torno a un 10% durante ese periodo. De hecho, en el último pacto, mientras la inflación se situaba en el 10% en 2022, el aumento fijo fue del 2% más un 1,5% variable.

A pesar del avance en la negociación futura, el punto más candente y urgente es el año en curso: 2025. Los sueldos de los 3,5 millones de empleados públicos siguen congelados desde el 1 de enero de este año. Las organizaciones sindicales —CSIF, UGT y CCOO— coinciden en que 2025 no puede ser un año de "congelación o subida cero". UGT, por ejemplo, insiste en que la subida prevista debe tener efectos retroactivos desde enero de 2025.

Después de las movilizaciones de los funcionarios en toda España la semana pasada, y ante la amenaza explícita de una huelga general en diciembre, el Gobierno cedió a la exigencia de negociar la subida salarial. CSIF, sindicato mayoritario, exige que el incremento para 2025 corrija al menos el IPC y que se destinen fondos adicionales para corregir la desigualdad retributiva entre administraciones y recuperar poder adquisitivo.

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La fecha marcada en rojo por millones de trabajadores es el 19 de noviembre. En esa reunión, se espera que el Ministerio de Función Pública concrete las cifras y el alcance final del acuerdo plurianual 2026-2028. La Secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, que asumió el cargo recientemente, es la encargada de hilar este nuevo acuerdo. Si las negociaciones prosperan, el nuevo marco salarial blindará las retribuciones del personal público frente a la inflación.

No obstante, el acuerdo que busca el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública va más allá del dinero. La intención es que el pacto plurianual incorpore también medidas organizativas. Se buscan mejoras que "repercutan de manera positiva en los trabajadores y en los servicios que prestan a la ciudadanía". Esto incluye, según fuentes del Ministerio, caminar hacia una Administración que ofrezca servicios de atención personalizados y que esté mejor preparada para afrontar la doble transición digital y verde.